La Administración presume orgullosa de las encuestas de satisfacción del usuario de la Sanidad pública, satisfacción lograda, en muchas ocasiones, aprovechándose de la motivación de los profesionales sanitarios, a quienes se nos exige mucho más de lo establecido en nuestros contratos. ¿Cómo es esto posible? Por un sencillo motivo: no podemos abandonar a los pacientes, a pesar de las contrariedades.
El sanitario suele trabajar más de lo exigido, no desconecta cuando acaba su jornada, estudia o completa su trabajo en su domicilio en horas que otros trabajadores dedican al ocio o a la familia y con frecuencia vive la profesión durante turnos que superan las 24 horas.
Así la Administración se permite mantener un 50% del personal contratado de forma eventual, por periodos inferiores a 6 meses hasta en el 59% de los casos o con múltiples contratos en un solo año para el mismo profesional, llegando incluso a dar alta y baja laboral en un solo día, como si de Telepizza se tratara.
Este contexto se agrava en el caso de becarios de investigación o masters de formación, becarios licenciados y normalmente ya especialistas que lo que en realidad realizan es puro trabajo asistencial, encadenados a una situación de inseguridad laboral y de la necesidad de portarse bien con sus superiores para que algún día, con suerte, puedan ser recompensados con un puesto de trabajo.
Esta situación conlleva graves consecuencias, no solo para el profesional sanitario, sino también para la sociedad: la inseguridad laboral comporta imposibilidad de un proyecto de vida, dificultad para tener hijos o conciliación familiar, incapacidad para conseguir avales o hipotecas para comprar un coche o una vivienda…
Mientras tanto, las clínicas y sociedades privadas se aprovechan de estas pésimas condiciones laborales de los profesionales jóvenes y les explotan con contratos draconianos, además de captar sustanciosos beneficios de los impuestos de todos los ciudadanos al derivar y concertar, a veces masivamente, pacientes y servicios a dichas entidades.
Llega una nueva campaña electoral, y con ella se reactivarán las OPEs (ofertas públicas de empleo), que por ley tendrían que ser anuales. Estas ofertas llegarán, como siempre, con retraso y con un número de vacantes inferior a las necesidades reales. Su utilidad en la práctica real consiste en consolidar algunas plazas que ya están ocupadas de antemano, sin cubrir todas las vacantes o jubilaciones pendientes ni crear verdaderos nuevos puestos que puedan aliviar las presiones asistenciales de sus compañeros o puedan disminuir volumen de listas de espera.
A todo esto se añade el incumplimiento habitual, por parte de las gerencias, de la regulación estipulada para librar las guardias o el abuso de los profesionales con horarios extraordinarios voluntarios abusivos.
Desde hace siete años la población a atender en España ha aumentado significativamente (por el envejecimiento de la población, entre otros motivos), mientras que la oferta de empleo es actualmente un 10% menor que entonces y manteniéndose la misma tasa de eventualidad.
No espero que estas elecciones vayan a arreglar nada. Después de ellas todo seguirá igual. Seguirán aumentando las listas de espera y la carga asistencial, se mantendrán los recortes y las horas extraordinarias no remuneradas y, para colmo, con la llegada del verano, nos veremos obligados a cerrar unidades por déficit de profesionales o solucionaremos las consultas con doble citación de pacientes a la misma hora, lo que que ya es el colmo.
Nos acostumbramos a la injusticia y a sus consecuencias y lo compensamos con dedicación y vocación. Y lo peor de todo: ellos lo saben y se aprovechan de ello.
Una solución a los nuevos gobernantes: aproxímense a la media europea y aumenten un punto el % del PIB dedicado a la Sanidad pública. Con eso basta.
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