Primero fue su promesa y posterior incumplimiento de las 35 horas, parte de su programa electoral. Y ahora ataca a los trabajadores de la Sanidad lanzando un decreto que recorta todos los derechos laborales de estos trabajadores, al mismo tiempo que en la Mesa Sectorial de Sanidad se está desarrollando un simulacro de negociación sobre una modificación mínima y temporal de estas condiciones.
Y lo hace con un boletín oficial en sábado, de manera traicionera, demostrando una vez más cuál es su forma de actuar. La preceptiva negociación con las organizaciones sindicales ha quedado totalmente rota de manera inesperada, tras la publicación, con nocturnidad y alevosía, de un acuerdo que nunca se llegó a negociar.
Con la publicación hoy de este decreto, la Junta de Castilla y León se dispone a cometer el mayor abuso jamás realizado sobre las condiciones de trabajo de cualquier tipo de empleado público, y lo hace, además, sobre el colectivo que está soportando el envite de una pandemia mal gestionada, el de los sanitarios.
Han despreciado e ignorado la postura negociadora y las propuestas que durante los últimos 10 días les han presentado las organizaciones sindicales con la intención de garantizar la prestación de la asistencia sanitaria y la calidad asistencial, además de preservar los derechos de los trabajadores.
Todo sucede como resultado del incumplimiento del plan de respuesta contra la pandemia: no se ha reforzado la Atención Primaria, no se ha reforzado la Atención Hospitalaria, no se han contratado rastreadores. No se sabe dónde ha ido a parar el dinero destinado para este fin, pero, desde luego, no a la Sanidad.
La Sanidad vuelve a ser el escenario de la batalla, cada vez menos soterrada, entre los socios de gobierno de la Comunidad de Castilla y León. Y las consecuencias de esta pelea las pagan los sanitarios y la población. Una Sanidad agotada y agobiada por la situación, y que, al mismo tiempo, sufre el acoso despiadado del propio presidente de su comunidad autónoma nunca podrá dar la respuesta adecuada a una población también cansada de un tipo de atención que deja de lado cualquier patología diferente de la derivada de la COVID-19.
Fernández Mañueco no merece seguir siendo el presidente de Castilla y León ni un minuto más. No puede seguir denigrando de esta manera a un Gobierno ni a una comunidad autónoma. Castilla y León no merece tener un presidente que no cumple sus promesas, que miente y que se ríe y conspira contra sus empleados públicos y contra la población.
Es obligatorio exigir su dimisión, tanto del presidente de la Junta de Castilla y León como de la consejera de Sanidad y de su equipo.
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