(Actualización) – La Junta de Castilla y León podrá obligar a los profesionales de los centros sanitarios de la Comunidad a realizar “servicios extraordinarios” que resulten “imprescindibles” para responder a las necesidades que plantea la actual crisis sanitaria. Esto implicará, entre otras medidas, la posiblidad de modificar sus permisos y vacaciones y la organización de su jornada de trabajo, turnos y descansos. Además, se podrá determinar la movilidad del personal a cualquier centro o institución sanitaria de la región, “incluso a áreas de salud distintas a su puesto de trabajo”.
Así lo establece un decreto publicado hoy en el Bocyl en el que, en base al marco legal vigente y a las competencias que otorga el segundo estado de alarma al presidente del Gobierno autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, se establecen diversas medidas refuerzo de personal “con el objetivo último de proteger la salud de los ciudadanos, contener la progresión de la enfermedad y evitar el colapso del sistema de salud de Castilla y León”.
En el texto, la Administración autonómica recuerda que el polémico Real Decreto-Ley 29/2020 de medidas urgentes sobre recursos humanos SNS ya posibilita la modificación del destino del personal “de forma excepcional y transitoria por cada comunidad autónoma, en virtud de las titulaciones poseídas, así como en función de las especialidades y categorías entre la actividad hospitalaria y la atención primaria”.
Ahora, con su disposición, Castilla y León quiere dar “un paso más” y regular la posibilidad de modificar, “por el tiempo indispensable”, permisos, vacaciones y licencias, jornadas de trabajo, régimen de turnos y descansos y guardias médicas. Además, la norma permite a la Consejería de Sanidad actuar en el ámbito de los profesionales sanitarios en formación e imponer la reincorporación “del personal con dispensa por la realización de funciones sindicales“. El decreto también recoge medidas relacionadas con la flexibilización de la jornada y trabajo no presencial, la prestación a tiempo parcial del personal y jubilación y las bolsas de empleo de personal estatutario temporal”.
Además, se contempla la “contratación excepcional de personal facultativo y no facultativo”, y la posibilidad de determinar la movilidad del personal a cualquier centro o institución sanitaria del territorio de la Comunidad, incluso a otras áreas de salud distintas a su puesto de trabajo”.
Según indica la propia norma, que entrará en vigor este domingo, estas medidas –aplicables a todo el personal estatutario, funcionario y laboral que preste servicios en los centros de Sacyl– hacen posible “imponer servicios extraordinarios por su duración o naturaleza que resulten imprescindibles” para lograr “una mejor distribución de todos los medios técnicos y personales” disponibles, “de acuerdo con las necesidades que surjan durante la crisis sanitaria”.
“Una vulneración de los derechos de los trabajadores”
Los sindicatos han reaccionado con estupor y gran indignación a publicación del decreto, y así lo han reflejado en un comunicado conjunto que han lanzado esta tarde las organizaciones representadas en la Mesa Sectorial de Sanidad de Castilla y León (SATSE, CSIF, CESM, UGT, CCOO y SAE).
Antes, Alberto Molina, delegado sindical y de Prevención del Sector de Sanidad de CSIF en Salamanca había denunciado que las actuaciones decretadas por el Gobierno regional suponen que, en la práctica, la Administración sanitaria “puede hacer lo que quiera” con sus profesionales, asegurando que la norma supone “una vulneración de los derechos de los trabajadores” y echar por tierra “todos los acuerdos de la mesa sectorial”.
Desde la Coordinadora de Trabajadores de la Sanidad de Salamanca (CTS), se critica que, “en sábado y con nocturnidad”, el presidente de la Junta publique un decreto “que suprime de facto los derechos del personal sanitario y se ríe en la cara de los sindicatos de la Mesa Sectorial, dando más muestras de que ésta no sirve de nada”.
Según la entidad, después de la primera ola de la pandemia, “y sin los deberes hechos por la Junta de Castilla y León, donde no fueron capaces de reforzar la Atención Primaria ni contratar a suficientes rastreadores, ahora quieren que los trabajadores de la Sanidad paguen el pato de su incompetencia”. Para la CTS, en la Comunidad no se encuentran profesionales sanitarios “porque se les maltrata y, lógicamente, se marchan, y los que se van quedando cada día están más hartos”.
Informe sobre la necesidad de recursos humanos
Mientras, el Ejecutivo autonómico defiende la necesidad de adoptar estas medidas extraordinarias a la vista de un informe emitido el jueves por la consejera de Sanidad, Verónica Casado, sobre las necesidades actuales de recursos humanos sanitarios, “y teniendo en cuenta la situación epidemiológica, la capacidad asistencial y la capacidad de salud pública” existentes en estos momentos como consecuencia de la pandemia.
Según el texto de la norma, las prestaciones personales obligatorias contenidas en el decreto deberán adoptarse respetando los principios de temporalidad (como máximo, hasta que finalice el actual estado de alarma vigente), proporcionalidad (su aplicación estará limitada a que Castilla y León permanezca en los niveles 3 y 4 de alerta) y garantía de derechos, asegurándose “el derecho al efectivo descanso del personal” y procurando respetar, “en la medida de lo posible, la conciliación con la vida personal y familiar de los profesionales”.
El decreto “tendrá vigencia durante el periodo en el que esté declarado el estado de alarma”, aunque podrá adaptarse, modificarse o derogarse antes, “en función de la situación epidemiológica y sanitaria de cada momento”.
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