
De todos es sabido que Castilla y León es una de las regiones más extensas, envejecidas y despobladas de Europa, y cuenta con 2.248 municipios, de los que el 70% tiene menos de 500 habitantes.
Es evidente que hay modificaciones en la población. La evolución y cambios que se producen en el ámbito territorial hacen necesario acometer reformas, pero éstas se deben hacer con sentido común y rigor, algo poco frecuente en nuestros responsables políticos.
La Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León ha anunciado una reforma que prevé la eliminación de más de 200 plazas de médicos de Familia y 80 de enfermeras en el ámbito rural de Castilla y León. Esta decisión la justifica “porque los pueblos cada vez tienen menos gente y, por lo tanto, necesitan menos profesionales”, argumento frívolo y poco técnico que ignora la situación y realidad de los pueblos.
Antes de cualquier reestructuración lo primero que debe hacer la Consejería es una reestructuración del mapa sanitario (hace mucho tiempo que no se modifica), instrumento esencial para organizar, y proceder a una verdadera reordenación que permita dar unos servicios sanitarios ajustados a las realidades y necesidades actuales, además de contar con los profesionales y agentes sociales.
Los puestos de trabajo en los centros de salud rurales no se pueden medir sólo con parámetros de población atendida, es necesario tener en cuenta criterios demográficos, de dispersión y envejecimiento, entre otros.
Esta decisión tan chapucera obedece más a criterios económicos y de ajuste de plantilla que a una verdadera ordenación de la Atención Primaria. Seguir recortando servicios sanitarios en los pueblos va a suponer un duro golpe contra la población rural. Ya lo intentaron cuando cerraron las Urgencias nocturnas en los Puntos de Atención Continua, que luego tuvieron que retirar por la presión de las movilizaciones de los ciudadanos de los pueblos.
Es una evidencia la desigualdad entre la población urbana y rural en temas de salud, y con estas medidas se va a agrandar, afectando a la calidad de la asistencia sanitaria a la que todos los ciudadanos tienen derecho. Los pueblos seguirán estando cada vez más aislados y perdiendo población.
Sigan haciendo documentos y panfletos propagandísticos, como la Agenda para la Población 2010-2020, y discursos y frases elocuentes sobre un impulso a la fijación de la población en el medio rural.
Realizar traslados de zonas rurales para reforzar los centros de salud urbanos sobrecargados no resuelve el problema. A los centros de salud rurales se les debe dotar de infraestructura y personal suficiente que garantice la atención a sus ciudadanos; son parte del sistema, a pesar de su complejidad.
Se ha aumentado la jornada laboral, amortizado plazas de personal sanitario rural jubilado, suprimido sustituciones, todo ello, asumido por los propios equipos. ¿Hasta dónde quieren llegar? ¿A quién quieren engañar?
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