La Sociedad Española de Patología Dual (SEPD), junto a asociaciones de pacientes y familaires, ha denunciado el “bloqueo” de la Estrategia Nacional de Salud Mental por parte de algunas comunidades autónomas (CCAA) en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS).
Según explica la organización en una nota de prensa, esta circunstancia se conoció el pasado viernes, durante las XVIII Jornadas Nacionales de Patología Dual, organizadas por la SEPD y la Fundación Patología Dual, con la colaboración del NIDA de los EEUU, a las que acudieron más de 1.000 profesionales sanitarios.
Ante estos hechos, la sociedad científica ha hecho público un comunicado en el que manifiesta que el bloqueo de la actualización de la Estrategia en Salud Mental del Sistema Nacional de Salud por estas CCAA “supone una negativa a propuestas que han sido producto de dos años de trabajo desinteresado de aproximadamente 150 personas, entre psiquiatras, psicólogos, representantes de asociaciones de familias, enfermeras, trabajadores sociales y representantes de sociedades científicas”.
Además, cree “intolerable que se antepongan los intereses políticos a los intentos de mejora de la salud mental de los ciudadanos en todo el territorio nacional”.
Por ello, anuncia que, junto asociaciones de familias, profesionales y otras sociedades científicas se exigirán explicaciones “sobre esta negativa a asumir las propuestas referidas”, al tiempo que se reclamará que el CISNS “se reúna de forma extraordinaria y, por una vez, anteponga a las personas que padecen enfermedades mentales y apruebe la estrategia nacional”.
Como recuerda la SEPD, algunas de las propuestas que incluye esta estrategia son:
• La integración y/o coordinación de la intervención y del tratamiento integral de las personas con patología dual.
• Realizar y evaluar un plan de intervenciones en la lucha contra el estigma y la discriminación social, dirigido tanto a población general, como a pacientes y familiares, medios de comunicación y sistema educativo.
• Aumentar el número de personas con trastornos mentales que reciben el servicio de empleo con apoyo o empleo protegido.
• Que las CCAA dispongan de un Plan de Promoción de Salud Mental y Prevención de los Trastornos Mentales.
• Mejorar el manejo y la detección del riesgo suicida en Atención Primaria.
• Implantar el Código de Riesgo de Suicidio.
• Atender a las personas cuidadoras, familiares y allegados de personas que han fallecido por un suicidio consumado.
• Que las CCAA potencien el desarrollo de grupos de autoayuda, escuelas de salud y todo tipo de iniciativas comunitarias para la prevención de la soledad y las situaciones vitales estresantes, y el fomento de la resiliencia y la salud mental positiva.
• Implantar en las revisiones del niño sano instrumentos para la detección precoz de, al menos, trastornos del espectro autista en los tres primeros años de vida, trastornos de la conducta alimentaria, trastorno de déficit de atención e hiperactividad y para dificultades en el aprendizaje como la dislexia.
• Fomentar la detección precoz de las adicciones a videojuegos, redes sociales y al móvil.
• Potenciar la implantación y el desarrollo de buenas prácticas de Enfermería de Salud Mental en todo el territorio nacional.
• Desarrollar guías y documentos donde se explicite el modelo de atención temprana a las psicosis.
• Adecuar los servicios con programas específicos para patología dual y, en su defecto, generarlos.
• En relación al autismo, establecer un diagnóstico multidisciplinar de los niños de riesgo que incluya un tratamiento centrado en la persona y un plan de apoyo individualizado; e impulsar protocolos para que las personas con TEA reciban una atención óptima a su salud física.
• En relación a los trastornos de la conducta alimentaria, crear programas específicos de integración y rehabilitación para TCA de larga evolución; estudiar en cada comunidad autónoma la eficiencia en cada entorno particular de la puesta en marcha de pisos terapéuticos; facilitar la iniciativa de la implantación de hospitales de día y comedores terapéuticos en todas las CCAA.
• Evaluar la viabilidad de los pisos terapéuticos supervisados, pero no tutelados, como recurso específico de rehabilitación de los trastornos límite de la personalidad.
• Promover la salud mental de los menores insertos en procesos judiciales e incluir a las familias de los menores infractores en todos los procesos de tratamiento en Salud Mental, así como fomentar la investigación en bienestar y salud mental del adolescente con conductas delictivas.
• Facilitar el pleno acceso de la población inmigrante y refugiados a los servicios de Salud Mental, de manera compatible con las características lingüísticas y culturales de cada sujeto.
• Realizar, desde el inicio, una valoración integral de la familia de la persona con enfermedad mental, con especial énfasis en la valoración de la sobrecarga y la calidad de vida de la persona cuidadora, e impulsar la colaboración de otros familiares y agentes sociales en el cuidado.
• Implantar un Plan de Intervención de Salud Mental en Catástrofes que se integre dentro del Plan de Intervención Psicosocial de Protección Civil de cada comunidad.
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