Pacientes con covid persistente piden amparo al ministro Escrivá contra la decisión del INSS de obligar a trabajar a los afectados

Colectivos de Madrid, Aragón, Castilla y León, País Vasco, Islas Canarias y Murcian se han unido para denunciar ante el Ministerio de la Seguridad Social la situación de desamparo en la que se encuentran estos pacientes a la hora de pasar los tribunales del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). Han podido comprobado serias inequidades en la atención a los afectados de covid-19 persistente a la hora de valorar prórrogas de 180 días o de dictaminar altas.

Desde estos colectivos de Long COVID ACTS, se han enviado cartas al Ministerio de la Seguridad Social en las que se denuncian estas prácticas injustas y discriminatorias que no hacen más que agravar la situación en la que se encuentran unas 500.000 personas afectadas de covid persistente.

Asimismo, solicitan una unificación de criterios administrativos de manera urgente para evitar estas inequidades en la resolución de las bajas laborales y reclaman que las inspecciones se cumplan en todos los casos de manera presencial. Reivindican, además, bajas ajustadas a la enfermedad, bajo un código específico de covid ersistente, y no a uno de sus múltiples síntomas, ya que se trata de una patología multisistémica y así ha de tratarse por parte de la Sanidad Pública y las autoridades sanitarias competentes.

Prórrogas para recuperarse

“Demandamos prórrogas que nos permitan recuperarnos mientras avanza la investigación en el estudio de tratamientos eficaces, así como, en los casos que lo permitan, incorporaciones paulatinas a nuestros puestos de trabajo, ya que la covid persistente no permite retomar la vida social, familiar y laboral de forma total”, añaden en su comunicado.

Recuerdan que cualquier sobreesfuerzo mental o físico supone un empeoramiento drástico de los síntomas que provoca recaídas e impide realizar las actividades de la vida diaria. Abogan, por lo tanto, por la reducción y flexibilización del horario de los afectados de covid persistente en el caso de las altas, así como por el teletrabajo en los oficios que lo permitan -de índole más administrativa- y la adaptación del puesto de trabajo para las actividades más físicas.

Entienden que el abordaje de esta nueva enfermedad tiene que darse de manera integral ya que, de un problema sanitario, se ha convertido también en un problema social y laboral que las autoridades responsables deben abordar y resolver sin demora, porque nuestros derechos nos amparan.

“La Constitución española de 1978 determina la Salud como uno de los derechos fundamentales, aplicado después para elaborar la posterior Ley General de la Sanidad. Todo ser humano tiene derecho a ser asistido por los servicios de Salud para su curación y rehabilitación. Derecho que se está negando actualmente a la mayoría de las y los afectados de covid-19 persistente, devolviéndolos a sus puestos de trabajo enfermos y sin apoyo de ningún tipo”, aseguran.

Según la guía clínica elaborada por la Sociedad Española de Médicos Generales y de familia (SEMG) junto con los colectivos de afectados de Long COVID ACTS y 48 sociedades científicas, la covid-19 persistente puede definirse como “un complejo sintomático multiorgánico que afecta a aquellos pacientes que han padecido la COVID-19 (con diagnóstico confirmado o sin él) y que permanecen con sintomatología tras la considerada fase aguda de la enfermedad, más allá de las primeras 4 – 12 semanas, persistiendo en el tiempo, una vez se hayan descartado secuelas u otras posibles patologías causantes”.

Síntomas persistentes

Los síntomas persistentes que padecen entre un 10% y un 20% de los contagiados por covid-19 no guardan relación con la gravedad de la enfermedad en su fase aguda, pudiendo darse incluso en casos previamente asintomáticos, y tienen importantes consecuencias a nivel personal, familiar y profesional debido a la intensidad de su sintomatología, que en un porcentaje importante de los casos puede llegar a ser incapacitante. Se han recogido hasta 200 síntomas en diversas encuestas realizadas entre afectados, tanto a nivel nacional como internacional y, a fecha de hoy, no existe tratamiento para esta nueva enfermedad, aunque al no tratarse de secuelas, podría ser reversible a juicio de muchos expertos.

El Ministerio de Sanidad del Gobierno de España, por otra parte, reconoció por primera vez la covid-19 persistente o Long COVID en su documento Información científica- técnica. Enfermedad por coronavirus COVID-19 del 15 de enero de 2021, señalando las posibles causas de esta persistencia de los síntomas, documento que actualizó el pasado día 28 de mayo de 2021 ampliando la definición anterior. 

Las autoridades competentes están por lo tanto trabajando en la elaboración de directrices claras para atender a estos pacientes y homogeneizar su atención por los profesionales de la Salud, aunque no todas las Instituciones del Estado están teniendo en cuenta este reconocimiento de la enfermedad a la hora de valorar situaciones de bajas laborales y, sobre todo, de prórrogas tras llegar al año de incapacidad temporal ante los tribunales del INSS.

En muchos de los colectivos Long COVID ACTS se están produciendo verdaderas situaciones de inequidad con los pacientes de la primera ola de la pandemia -la mayoría de ellos sanitarios o personal esencial- que han llegado al año de su incapacidad laboral temporal.

Se trata, sobre todo, de pacientes que no tuvieron acceso a una prueba diagnóstica positiva en su día debido a la escasez mundial que existía en este momento. Se están dando altas sin consultar los informes elaborados por los médicos de Atención Primaria que han atendido a los pacientes a lo largo de los últimos 15 meses y conocen toda su sintomatología a la perfección, ni los de especialistas que les han ido valorando, o, incluso, sin ni siquiera pasar de manera presencial por los tribunales del INSS. Altas automáticas sin ver a los pacientes, y -en algunos casos- sin avisarles, por lo que sus empresas respectivas les llaman la atención por no haberse reincorporado a sus puestos de trabajo en la fecha determinada por el INSS.