El Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo (CNPT) y la Organización Médica Colegial (OMC) han enviado al Senado una declaración sobre la propuesta de regulación de los cigarrillos electrónicos en la que defienden que su regulación se equipare a la de los cigarrillos convencionales en los espacios de utilización, en la promoción y publicidad y en la fiscalidad. A esta declaración se han adherido 37 sociedades científicas y asociaciones ciudadanas y de consumidores.
La declaración ha sido enviada a todos los miembros de la Comisión de Sanidad del Senado, cámara donde se debatirá la norma por la que se modifica el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, que regulará, entre otros puntos, el uso y publicidad de los cigarrillos electrónicos que contienen nicotina y otros productos similares.
El Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo (CNPT) y la Organización Médica Colegial (OMC) han realizado está declaración tras la jornada que realizaron el pasado 5 de marzo, en la que expresaron su preocupación por el retroceso en salud que supone la reciente modificación aprobada en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales del Congreso de los Diputados.
Declaración sobre la propuesta de regulación de los cigarrillos electrónicos
Esta Comisión aprobó una regulación sobre los cigarrillos electrónicos que ahora se encuentra en trámite en el Senado y que es necesaria, “dado el incremento de la comercialización y uso de estos dispositivos”.
Sin embargo, a pesar de tener aspectos positivos, como la prohibición de venta a menores, para los firmantes la propuesta “es muy deficiente desde el actual conocimiento científico sobre los efectos en la salud de las personas que los utilizan o que están expuestas a sus emisiones y sobre las estrategias de salud pública de control del tabaco”, por lo que consideran que la normativa que precisa el cigarrillo electrónico “debe ser igual que la exigible al tabaco, ya que la nicotina administrada por vía inhalada es una sustancia altamente adictiva y potencialmente tóxica”.
Por todo ello, los firmantes -consejos generales de las profesiones sanitarias, sociedades científicas y asociaciones ciudadanas y de consumidores- aseguran estar “profundamente decepcionados”, y destacan tres aspectos fundamentales “que deberían modificarse en el debate en el Senado sobre la regulación de los cigarrillos electrónicos:
- La regulación de los espacios de utilización.
- La regulación de la promoción y la publicidad.
- La fiscalidad
Regulación de los espacios de utilización
La propuesta legislativa sólo prohíbe la utilización de cigarrillos electrónicos en centros docentes y sanitarios, edificios de la Administración, transporte público y parques infantiles. “Se ha propuesto una regulación similar a la que recogía la antigua ley del tabaco del 2005, que tuvo que ser modificada en el 2010 tras comprobar las lagunas que tenía y las discriminaciones a las que daba origen, ya que dejaba desprotegidas a todas las personas que trabajan en el sector del ocio y la restauración”, expresan las organizaciones, que consideran que la regulación de cigarrillos electrónicos que propone el Congreso vuelve a discriminar a este sector.
La legislación sobre tabaco de 2010, “que ha sido muy bien aceptada por la población, según todas las encuestas, contribuyó junto con otras medidas sanitarias a la desnormalización del consumo de tabaco en España”. Es decir, continúan, “lo normal ya no era fumar en los espacios públicos cerrados, allí donde se comparte el aire que respiramos”, algo que está teniendo “un efecto importante en nuestros jóvenes, que perciben más adecuadamente la peligrosidad del consumo y está contribuyendo a que muchos de ellos, no empiecen a fumar”.
En este sentido, explican, “los profesionales sanitarios y economistas de la salud consideramos que permitir el uso de cigarrillos electrónicos en la hostelería puede suponer un riesgo para los trabajadores y un retroceso de los avances en salud pública de la última década por su similitud con la imagen de fumar, con un efecto negativo de renormalizar dicha conducta, con especiales efectos negativos sobre los adolescentes y jóvenes”. Por si fuera poco, insisten, “permitir esa diferencia en lugares públicos quita toda la fuerza moral sobre la prohibición de fumar en los mismos y su control adquirida por la Ley vigente”, por loque solicitan que la regulación de espacios para el uso de cigarrillos electrónicos “sea idéntica a la aplicada al tabaco, sin excepciones en el sector del ocio y la hostelería”.
Regulación de la promoción y la publicidad
“Consideramos insuficiente que la publicidad en medios audiovisuales se prohíba solamente en el llamado horario infantil (de 16 a 20 horas), en lugares frecuentados principalmente por menores de 18 años y en los cines cuando se proyecten películas destinadas primordialmente a menores de 18 años”, comentan los firmantes, que creen que la publicidad de estos dispositivos “que contienen nicotina para su inhalación debería restringirse al máximo”.
Regulación de la fiscalidad
Por último, proponen “igualar la fiscalidad de los cigarrillos electrónicos a la de los convencionales, dado que se trata de un nuevo producto igual de adictivo”. En este sentido, sostienen que se ha comprobado “que los impuestos y los precios altos tienen un efecto de limitación del consumo, especialmente en la población juvenil”, y advierten de que ya se han publicado estudios “que alertan de que el cigarrillo electrónico es la nueva puerta de entrada de los adolescentes y jóvenes al consumo de tabaco convencional”.
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