La Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha admitido a trámite el recurso presentado por el Consejo General de Enfermería (CGE) contra el apartado 2 del artículo 3 del real decreto de prescripción enfermera, aprobado por el Gobierno del PP “traicionando a la profesión que se veía regulada por él”.
Según explica el CGE en una nota de prensa, la admisión a trámite del recurso ha sido notificada a las partes a través de una diligencia de ordenación emitida por el Supremo, en la que también requiere al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad para que, “en el plazo improrrogable de 20 días, remita el expediente administrativo correspondiente a la resolución impugnada, debiendo igualmente practicar los emplazamientos establecidos en la legislación vigente”.
En esta misma diligencia, el Tribunal comunica también la admisión a trámite de la petición de suspensión cautelar solicitada por el Consejo General contra el artículo 3.2 del Real Decreto 954/2015, de 23 de octubre, por el que se regula la Indicación, Uso y Autorización de Dispensación de Medicamentos y Productos Sanitarios de Uso hHumano por parte de los Enfermeros, y ordena la formación de “pieza separada de medidas cautelares”, concediendo audiencia por plazo de cinco días al abogado del Estado que actuará en representación del Gobierno.
Irregularidades administrativas e incompatibilidad asistencial
Para la profesión, todas estas actuaciones del Tribunal Supremo dan respuesta al recurso contencioso-administrativo presentado por el Consejo General de Enfermería el pasado 13 de enero, “fruto de más de dos meses de intenso trabajo de un grupo de prestigiosos juristas expertos en Derecho Administrativo y Derecho Sanitario”.
En las 25 páginas que componen el escrito, se ponen de manifiesto “las numerosas irregularidades administrativas que rodearon su aprobación y posterior publicación de la norma en el Boletín Oficial del Estado”. También se realiza un análisis exhaustivo “de las importantísimas y nefastas consecuencias que está suponiendo la entrada en vigor del real decreto en diversos ámbitos: el deterioro y detrimento en la calidad en la atención a los pacientes; los inevitables conflictos entre profesionales; y la grave merma y menoscabo y restricción de los derechos y las competencias que los enfermeros ostentan por atribución legal del Artículo 79.1 de la Ley del Medicamento”.
Esta impugnación se enmarca en el acuerdo alcanzado en el seno de la Mesa de la Profesión Enfermera de que las dos organizaciones que lo integran, SATSE y el CGE, lo presentarían de manera diferenciada, y es el segundo que se registra ante el Tribunal Supremo. Las comunidades autónomas de Cantabria, Baleares y Extremadura “ya han anunciado su intención de recurrir el decreto de forma inminente ante el Tribunal Supremo”, comunidades a las que se sumarán “en las próximas semanas nuevos gobiernos autonómicos”.
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