Tras los dos días de prórroga acordados por las centrales sindicales CSIF, CCOO y UGT y la Junta de Castilla y León para revisar la propuesta de los sindicatos sobre la aplicación de la jornada laboral de 35 horas para los empleados públicos de la Comunidad, la reunión mantenida este jueves ha finalizado sin que ambas partes hayan modificado sustancialmente sus posiciones.
Desde el Gobierno autonómico se insiste en que existe “una firme voluntad de aplicar la medida” y en que seguirá trabajando “para garantizar que se haga asegurando la correcta prestación de los servicios públicos a todos los castellanos y leoneses”.
Para los sindicatos, esta falta de concreción no resulta satisfactoria, y denuncian que el Ejecutivo “incumple lo pactado”, por lo que todo indica que continuarán adelante con el calendario de movilizaciones que habían previsto si la Junta no aceptaba su propuesta: volver a la jornada ordinaria de 35 horas a partir del 1 de enero y, mientras tanto, mantener vigente el actual horario estival de 35 horas.
El rechazo de este planteamiento por parte de la Junta supondrá que este calendario de verano no se prorrogará, por lo que los empleados públicos de Castilla y León, incluidos los de Sacyl, volverán a trabajar 37,5 horas semanales a partir del 1 de octubre. En cuanto al regreso a la jornada ordinaria de 35 horas, desde el Gobierno regional se considera que el acuerdo firmado el pasado mes de mayo no implicaba una aplicación inmediata, por lo que recalca que la medida se desarrollará “a través de una modificación normativa en plena concordancia con la legalidad vigente” y “teniendo en cuenta su estabilidad a futuro, siempre bajo la premisa de la equidad”.
En este escenario, el Ejecutivo autonómico señala que, “respetando las movilizaciones previstas” por los sindicatos, “la solución a esta cuestión solo pasará por el diálogo entre las partes”.
Por último, las Consejerías correspondientes trasladarán el estado de la cuestión a las diferentes mesas de diálogo sectorial implicadas en la aplicación de la jornada ordinaria de las 35 horas para los empleados públicos.
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