El Consejo General de Enfermería (CGE) ha solicitado al Gobierno y al Ministerio de Sanidad que aprueben “de forma urgente” normas “para la regulación del precio de los test de antígenos vendidos en farmacias o realizados en establecimientos sanitarios” ante la “brutal especulación” que se está produciendo tras la aprobación de la venta sin receta de estas pruebas, “con fluctuación de precios, en ocasiones desorbitados, así como actuaciones de reventa a precios abusivos en locales de ocio nocturno”.
Según explican los representantes de la organización colegial enfermera, la venta de estos kits en las oficinas de farmacia se ha aprobado, “supuestamente, para descongestionar el sistema sanitario”, lo que “no debería afectar a la accesibilidad de todos los ciudadanos a dichos test de antígenos, con independencia de su capacidad económica”, por lo que reclaman que, al igual que hizo con las mascarillas, se establezca “un precio máximo” o que incluso “se faciliten de manera gratuita a la población en aquellos casos que sea preciso”.
Por otro lado, el CGE recuerda que la normativa que ha entrado en vigor “se limita a aprobar la venta de dichos productos para que los cuidadanos se hagan las pruebas en sus casas” y aclara que, de hecho, “la recomendación es que no sea la persona sospechosa de estar infectada” quien se desplace a comprarla. Así, agregan los enfermeros, “en ningún momento la nueva norma regula ni permite ni ampara la realización de estos test por parte de los farmacéuticos en sus establecimientos privados, ni tampoco el acceso de estos profesionales a la historia clínica del paciente para comunicar resultado alguno”.
La organización responde de este modo a la intención de comunidades como Galicia y Murcia de permitir que los farmacéuticos realicen estas pruebas “en sus establecimientos comerciales, recojan datos del paciente y acrediten los resultados a la sanidad pública”.
En este punto, los representantes del colectivo enfermero señalan que las farmacias “son comercios con un flujo importante de clientes que acuden a comprar todo tipo de productos” y que la principal vía de contagio del coronavirus SARS-CoV-2 es “a través de los aerosoles, pequeñas gotas de saliva que los infectados expulsan por la boca o la nariz y quedan flotando horas en el ambiente”.
Por ello, defienden que la realización de test de antígenos “a personas sospechosas de estar infectadas requiere una serie de circuitos y medidas de seguridad para garantizar la seguridad y la salud del resto de los clientes”, medidas “que no cumplen todas las farmacias”, lo que supone “poner en peligro la salud y la seguridad” de personas vulnerables, “habituales clientes” de estas oficinas, como “ancianos, pacientes crónicos o inmunodeprimidos o familias con niños”.
Del mismo modo, recuerdan que “los únicos profesionales sanitarios con autorización legal para recoger información y datos clínicos y acceder a la historia clínica de los pacientes en la sanidad pública son los médicos y los enfermeros y, por tanto, habilitar a los farmacéuticos para dicho acceso sería ilegal, un riesgo claro para la seguridad jurídica de los datos de los pacientes y una privatización de un servicio público innecesaria”.
No obstante, desde el Consejo General de Enfermería se muestra su “total respeto a la importante labor que realizan los farmacéuticos en todo lo relativo a la información sobre el medicamento y a la concienciación del paciente para que sea este quien comunique a su centro de salud un posible positivo, una vez realizado el test en su casa”.
Riesgos, inseguridad e incertidumbre
El CGE no es la única entidad que estos días expresa sus dudas sobre la posibilidad de adquirir estas pruebas de detección del SARS-CoV-2 en las farmacias. Este mismo viernes, desde el Sindicato de Enfermería (SATSE) se afirma que la realización de los test de autodiagnóstico de la covid-19 en los domicilios “genera tantos riesgos, inseguridades e incertidumbres que hacen que no sea una medida útil, positiva ni eficaz para el ciudadano ni tampoco para el sistema sanitario”.
En este sentido, la organización sindical recuerda que estos kits son “un complemento a otros métodos diagnósticos y no son tenidos en cuenta para concluir si una persona está contagiada”, de modo que los resultados positivos de estas pruebas “se consideran únicamente casos sospechosos que deben confirmarse en un centro sanitario mediante una prueba diagnóstica de infección activa (PDIA)”.
De igual manera, la mismas autoridades reiteran que el rendimiento de la prueba depende del tipo de muestra y de la correcta ejecución del procedimiento, por lo que la recogida de la muestra “por parte de una persona no cualificada y sin experiencia puede arrojar resultados inexactos que lleven a confundir la interpretación de los mismos, pudiendo provocar falsos positivos y falsos negativos”.
También se indica desde las administraciones públicas que un resultado negativo mediante estos test “no excluye la posibilidad de infección y que, aunque sea negativo, si se tienen síntomas resulta necesario contactar con los servicios sanitarios”. Asimismo, el hecho de creer haber dado un resultado negativo no debe ser utilizado para acortar o finalizar el periodo de aislamiento o de cuarentena establecido previamente, y tampoco se reconoce para certificar la recuperación de la enfermedad ni para acreditar la ausencia de infección activa en el certificado Covid digital.
Por todo ello, los reprsentantes de SATSE se preguntan “qué utilidad tiene que un ciudadano se gaste entre 8 y 10 euros por cada test en las oficinas de farmacia si va a tener que ir a un centro sanitario si cree que el resultado es positivo y tampoco va a estar seguro de que no esté contagiado si cree que ha dado negativo”.
“No parece lógico ni coherente que las propias administraciones públicas pongan tantos peros a este tipo de test de autodiagnóstico de la covid-19 y, al mismo tiempo, posibiliten su comercialización en las oficinas privadas de farmacia, dejando al libre albedrío de cada ciudadano su utilización e interpretación”, se afirma desde el sindicato, que considera que estas pruebas diagnósticas “deben ser realizadas por parte de los profesionales sanitarios cualificados y competentes, como es el caso de las enfermeras y enfermeros, en los centros y con los recursos que forman parte de los dispositivos de salud pública existentes en cada comunidad autónoma”.
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