La Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria (SESP) y el Sindicato Profesional de Sanidad Penitenciaria (SPSP) han criticado hoy las limitaciones que existen en el acceso a los fármacos para los los enfermos que se encuentran actualmente en los centros penitenciarios españoles.
Como denuncian estas organizaciones, el pasado 2 de junio la Subdirección General de Sanidad Penitenciaria “remitió a los centros penitenciarios una carta con la intención de limitar el acceso a Trevicta, un nuevo medicamento de administración trimestral para pacientes presos que padecen esquizofrenia”.
De forma “reiterada”, continúan, esta Subdirección “intenta limitar el acceso de las personas privadas de libertad a los medicamentos en igualdad de condiciones que los enfermos de la población general”. De hecho, recuerdan, “fue necesaria una sentencia de abril de 2016 del Tribunal Supremo para anular una instrucción, y después la suspensión cautelar de una nueva instrucción a finales de 2016, para que nuevamente las personas recluidas puedan recibir los tratamiento prescritos al común de las personas enfermas no encarceladas”.
En una nota de prensa, la Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria y el Sindicato Profesional de Sanidad Penitenciaria señala que el subdirector general de Coordinación de Sanidad Penitenciaria “se permite remitir una recomendación general con una argumentación falseada y alejada de la realidad, sin tener en cuenta en ningún momento la idiosincrasia del medio penitenciario, así como la necesaria individualización del tratamiento, llegando en su atrevimiento a extender está recomendación a los especialistas en Psiquiatría que atienden a la población reclusa, e incluso a recomendar el uso de Trevicta cuando el interno sea puesto en libertad para asegurar la adherencia al tratamiento”.
En la carta remitida por la Administración, añaden, “se recuerda la existencia de un acuerdo marco para la compra de Xeplion y Risperdal Consta (de administración mensual)”, por lo que consideran que “claramente estamos ante un criterio únicamente economicista que pretende evitar que los pacientes afectados de esquizofrenia tengan acceso a Trevicta”, lo que supone “un nuevo ataque a la libertad de prescripción médica y una vulneración del principio de equidad en la prestación farmacológica de las personas privadas de libertad”.
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