La Organización Médica Colegial (OMC) trasladará a la Fiscalía General del Estado (FGE) su “profundo malestar” por una circular en la que que se equipara la responsabilidad penal de los colegios profesionales a la de partidos políticos, sindicatos y cámaras de comercio, al considerarlos “entes de naturaleza privada”.
Así lo ha decidido la Asamblea General de la corporación médica en su reunión de este fin de semana, en la que se ha expuesto la situación creada a raíz de la circular emitida en enero por la Fiscalía General del Estado sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas conforme a la reforma del Código Penal efectuada por Ley Orgánica 1/2015.
En ella, la FGE trata de adoptar criterios uniformes para todos los fiscales en la aplicación de la responsabilidad de las personas jurídicas para combatir la delincuencia económica en el ámbito empresarial, incluyendo a los colegios profesionales y los Consejos Generales, “lo que no tiene relación con la naturaleza de los mismos como corporaciones de derecho público ni con sus fines, entre los que están la protección de los derechos de los usuarios, en el caso de los colegios médicos, como garantes de los derechos de los ciudadanos a la asistencia sanitaria”.
Según explica la OMC en una nota de prensa, esta circular interpreta de forma diferente otra enviada por la FGE en 2011 “en la que se excluía de responsabilidad penal a los colegios profesionales, aunque no con carácter general, al considerar que constituyen cuerpos intermedios y que, a pesar de que tienen en sus fines la defensa de intereses privados, participan, en mayor o menor medida, en tareas de naturaleza pública”.
La Organización Médica Colegial considera “de gran trascendencia” esta nueva circular, y cree que “desvirtúa” la propia naturaleza de las insituciones colegiales con carácter general y, específicamente, la de los colegios de médicos. Por ello, la entidad, junto con Unión Profesional, “a las que pertenecen 31 Consejos Generales y colegios profesionales de ámbito estatal que aglutinan a cerca de 1,5 millones de profesionales, elevará a la Fiscalía General del Estado la petición de que reconsidere el criterio aplicado en esta circular y se aplique el establecido en 2011, que entendió que la responsabilidad penal de los colegios no podía considerarse excluida con carácter general porque participan en tareas de naturaleza pública”.
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