Un grupo de expertos del Observatorio de la Prescripcón de la Organización Médica Colegial (OMC) ha elaborado un informe sobre el sector farmacéutico, que considera “clave en la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud (SNS”) y sobre a implantación de las medidas necesarias para salvaguardarlo. El documento definitivo, que fue aprobado el 4 de octubre por la Asamblea General de la corporación, se ha remitido a la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
Según informó ayer la OMC en nota de prensa, el trabajo incluye datos económicos pormenorizados de la situación actual de la economía española, del sector sanitario en general y del farmacéutico en particular, y se inicia poniendo sobre la mesa la realidad económica y sanitaria actual, “con una creciente reducción del gasto sanitario público”, que asciende al 6,74% del PIB en 2009, al 5,9% en 2014 y con una previsión para 2017 del 5,3%. Además, recuerda las medidas de ajuste llevadas a cabo en el sector sanitario público, “que han supuesto un importe acumulado cercano a los 5.500 millones de euros durante el periodo 2010-2013 y una pérdida de 47.200 empleos en los últimos tres años”.
Ante esta situación, el informe señala la necesidad “de un compromiso político y social para unificar, de forma responsable, una agenda reformista que aborde los problemas de sostenibilidad financiera y social del SNS y que va desde la gobernanza institucional de los servicios sanitarios, al rediseño del modelo asistencial y a la responsabilidad de los profesionales en la gestión de los recursos”.
Sobre el sector farmacéutico, el informe empieza analizando este mercado, “uno de los más dinámicos de la economía mundial”, impulsado por el cambio tecnológico y el gran atractivo que genera la inversión a largo plazo y que actualmente representa un volumen de negocio superior a los 3,5 billones de dólares.
El análisis recoge que en 2012 el número de empresas pertenecientes al sector farmacéutico en España era de 374, de las cuales el 82% se consideran pequeñas o mediana empresas -existen en torno a 21.500 oficinas de farmacia-; su producción y valor añadido bruto es equivalente a 14.070 millones de euros y su volumen de empleo directo es superior a las 700.000 personas, aunque desde el comienzo de la crisis, en 2008, y hasta 2012, se redujo en cerca de 3.700 puestos.
En este contexto, continúa la OMC, la reducción significativa del gasto farmacéutico ambulatorio de los tres últimos años como consecuencia de las medidas del Real Decreto 16/2012, que en 2012 fue de 1.365 millones de euros respecto de 2011, es valorada “muy positivamente por la Administración sanitaria”, que atribuye esta situación “a las políticas de uso racional de medicamentos, al efecto del sistema de precios de referencia y al incremento del uso de los medicamentos genéricos, así como a otras acciones reformistas aplicadas sobre la oferta”.
Pero para la corporación médica “la realidad es que se desconoce cuánto se debe asignar de este gasto al paciente, que ha visto en estos años aumentado el copago, y cuanto al resto de las medidas introducidas y otras adicionales tomadas en 2012, como la revisión de precios, el fomento de genéricos y la actualización de precios menores de las agrupaciones homogéneas de medicamentos”.
La factura farmacéutica hospitalaria
El este sentido, el informe pone el dedo en la llaga sobre “la opacidad y la falta de datos oficiales del gasto farmacéutico hospitalario, ya que, a pesar de la obligación legal de remitir mensualmente el número de envases consumidos en los centros hospitalarios del SNS, no existen datos oficiales del gasto agrupado a nivel nacional ni de su evolución, lo que impide la perspectiva de comparación entre comunidades y con el total nacional”.
No obstante, el documento de la Organización Médica Colegial ofrece datos estimativos en base a informaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y de la Federación Europea de Industrias y Asociaciones Farmacéuticas (EFPIA), según los cuales el gasto farmacéutico en recetas ascendió en 2012 a 10.225 millones de euros; el gasto farmacéutico hospitalario fue de 5.700 millones y el total de la factura farmacéutica sobre el porcentaje de PIB fue del 1,5%, representando el 25,5% sobre el total del presupuesto del SNS.
En este contexto, el estudio recoge que, “para garantizar la sostenibilidad a medio plazo de una prestación farmacéutica accesible, de calidad, utilizada de modo racional, terapéutica y económicamente eficiente, se exige una actuación integrada en el ámbito regulador, asistencial y de gestión que atienda a la viabilidad de las pretensiones legítimas de la industria farmacéutica, a la inexcusable alineación de los incentivos de los profesionales y que sea capaz de responder a las preferencias responsables de los usuarios, orientándose, en conjunto, a maximizar el incremento social de la salud”.
Para ello, considera que se requieren “importantes modificaciones en los distintos aspectos de las políticas de establecimiento de precios, financiación (compras), gestión de la prescripción y distribución, así como un perfeccionamiento de los instrumentos establecidos para influir sobre la demanda de los pacientes a través de copagos socialmente equitativos”.
El análisis también aborda el papel de debe asumir el profesional de oficina de farmacia, recordando que entre sus funciones están “la gestión en la dispensación del medicamento, la responsabilidad sobre la información de productos farmacéuticos no sujetos a prescripción y la participación en programas de salud pública y farmacovigilancia”. Además, precisa que el seguimiento terapéutico, encuadrado en la atención farmacéutica, “no debe interferir en la pauta terapéutica elaborada por el médico para evitar la confusión en el paciente”, y hace referencia explícita “a la competencia de los profesionales como prescriptores de los medicamentos, realizada con libertad y responsabilidad para administrar adecuadamente los recursos que garanticen la sostenibilidad del SNS”.
De igual forma, la OMC aboga “por un control evaluativo, por parte de la autoridad reguladora, de las nuevas alternativas terapéuticas, teniendo en cuenta la eficacia y eficiencia, para conocer la utilización de medicamentos una vez que se hayan introducido en el sistema y analizar en qué condiciones realmente se están utilizando, así como valorar sus beneficios y riesgos clínicos y eficiencia en condiciones de práctica habitual”.
Tras señalar que no hay justificación “para que nuestro gasto público total en farmacia siga siendo superior a la media de la Eurozona”, el documento advierte de la necesidad de llevar a cabo “reformas estructurales en este sector para frenar la tendencia el crecimiento incontrolado del gasto farmacéutico, que ha conllevado necesariamente en las últimas décadas a un ajuste a la baja de las restantes partidas del presupuesto sanitario, especialmente el de recursos humanos”.
Un copago “basado en la renta y el estado de salud”
Finalmente, el documento hace una serie de recomendaciones y propuestas centradas en la evaluación económica y social de la prestación farmacéutica; en reformas estructurales en las actividades esenciales de la cadena de valor farmacéutica y en los roles agenciales en el sector del medicamento, así como en la necesidad de lograr la eficiencia en materia de politica farmacéutica.
En este último punto, entre las sugerencias que plantea el informe destacan las de “ajustar el copago a la renta y al estado de salud, y no a la condición de activo o pensionista, estableciendo un límite de aportación máxima anual por persona en medicamentos para una mayor protección económica a los más débiles; regular la prescripción de todos los medicamentos sujetos a la misma por toma/día y por tiempo de tratamiento; buscar nuevos modelos de financiación total o parcial, teniendo en cuenta pautas como el riesgo compartido; la revisión de los precios de referencia; extender al conjunto del SNS los procesos de licitación en concurrencia competitiva en precios para la adquisición de todos los medicamentos o productos farmacéuticos y presentar al Consejo Interterritorial informes anuales de transparencia por los laboratorios farmacéuticos fabricantes de medicamentos sanitarios financiados por el SNS”.
Recordamos que SALUD A DIARIO es un medio de comunicación que difunde información de carácter general relacionada con distintos ámbitos sociosanitarios, por lo que NO RESPONDEMOS a consultas concretas sobre casos médicos o asistenciales particulares. Las noticias que publicamos no sustituyen a la información, el diagnóstico y/o tratamiento o a las recomendaciones QUE DEBE FACILITAR UN PROFESIONAL SANITARIO ante una situación asistencial determinada.
SALUD A DIARIO se reserva el derecho de no publicar o de suprimir todos aquellos comentarios contrarios a las leyes españolas o que resulten injuriantes, así como los que vulneren el respeto a la dignidad de la persona o sean discriminatorios. No se publicarán datos de contacto privados ni serán aprobados comentarios que contengan 'spam', mensajes publicitarios o enlaces incluidos por el autor con intención comercial.
En cualquier caso, SALUD A DIARIO no se hace responsable de las opiniones vertidas por los usuarios a través de los canales de participación establecidos, y se reserva el derecho de eliminar sin previo aviso cualquier contenido generado en los espacios de participación que considere fuera de tema o inapropiados para su publicación.
* Campos obligatorios