La Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha desestimado la pretensión de la Junta de Castilla y León de no aplicar en esta Comunidad Autónoma el copago de los medicamentos que se dispensan en las farmacias de los hospitales a los pacientes crónicos ambulatorios, tal y como ordenó que se hiciera el Ministerio de Sanidad a finales del año 2013, según se recoge en un comunicado del Poder Judicial.
Los magistrados estiman que el Gobierno de la Comunidad Autónoma está legitimado para interponer el recurso contra la modificación llevada a cabo por el ministerio que, aseguran, sólo contempla la aportación que deben realizar los pacientes que no están ingresados en hospitales respecto de los medicamentos que les han sido prescritos en los mismos y se dispensan en sus servicios de farmacia para tratamientos prolongados o crónicos.
En este sentido, los jueces ratifican la decisión del Ministerio de Sanidad y aclaran que la resolución recurrida no es una norma que deba estar incorporada a una ley, sino que es un acto administrativo que concreta que la modalidad de pago por parte del paciente, al adquirir los determinados medicamentos a que se refiere, se enmarca en una de las dos previstas en la Ley del Medicamento, la reducida, que es la más favorable al usuario.
Un importe máximo de 4,20 euros
Por último, la sentencia recuerda que ya se asignó una aportación por el paciente a partir del 1 de diciembre de 2012, respecto de este tipo de medicamentos, que en la resolución se cuantifica en un 10 por 100 del precio de venta al público, con un importe máximo de 4,20 euros, y que afecta a 157 medicamentos.
Por el momento, y hasta saber cuál es la reacción de la Junta de Castilla y León a esta decisión judicial -esta tarde el consejero de Sanidad comparecerá en rueda de prensa-, lo cierto es que la implantación del copago en la dispensación hospitalaria de fármacos está en una especie de limbo. Y es que, aunque el Ministerio de Sanidad estableció el pasado 1 de enero como fecha límite para que las comunidades autónomas iniciaran su desarrollo en sus respectivos hospitales, lo cierto es que ninguna ha puesto en marcha la controvertida medida, que sólo se aplica en Ceuta y en Melilla.
A esta situación se refería el máximo responsable sanitario de Castilla y León, Antonio María Sáez Aguado, durante una entrevista concedida el pasado febrero a Salud a Diario, en la que apuntaba la posibilidad de que el copago hospitalario acabara “decayendo por falta de aplicación en las comunidades”.
“Me consta que algunas comunidades están preparadas y podrían aplicarlo ya, pero estamos en un escenario extraño, en el que ninguna quiere dar el primer paso, y eso tal vez nos ayude a que, al final, termine no aplicándose”, comentaba en ese momento el consejero, quien, sin embargo, reconocía que la medida está recogida “en una norma que está en vigor” y, por lo tanto, la Junta no puede decir “que la incumplimos deliberadamente”. Por ello, el Gobierno autonómico baraja la posibilidad de compensar a los ciudadanos afectados en el caso de que finalmente tenga que implantarse esta fórmula.
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