El Juzgado Contencioso-Administrativo Nº 2 de Valladolid ha ordenado a la Gerencia Regional de Salud ejecutar la sentencia firme que la obliga a reanudar la evaluación de los profesionales de Sacyl para aplicar la carrera profesional correspondiente al año 2010 en un plazo “improrrogable” de diez días. Si no lo hace, deberá pagar “multas coercitivas” de 600 euros cada 20 días.
Así lo ha denunciado hoy la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO, que en febrero de 2013 ganó una sentencia cuya ejecución han reclamado los tribunales en otras dos ocasiones, concretamente en octubre de 2014 y en febrero de 2015.
Como se expone en la resolución, el gerente regional de Salud dispone de diez días para “remitir informe o certificación de las actuaciones practicadas para dar cumplimiento a la sentencia firme”. De lo contrario, “se impondrán multas coercitivas de 600 euros cada 20 días que, de ser impagadas, se ejecutarán sobre su patrimonio personal”.
Según informa el sindicato en una nota de prensa, esta nueva diligencia responde a la demanda presentada por su Servicio Jurídico para la ejecución de un fallo “que la Consejería de Sanidad lleva sin aplicar desde 2013”. En la resolución, el Juzgado concede al gerente regional de Salud cinco días para interponer un recurso de reposición, al tiempo que le apercibe de que “serán promovidas responsabilidades penales contra él por desobediencia”.
Mientras tanto, sostiene CCOO, la Consejería de Sanidad “ha desmantelado todos los órganos de evaluación que tenía para realizar el reconocimiento de la carrera profesional, que determina cuestiones como complementos económicos, promoción profesional, etc.”. Para la organización sindical, el objetivo de la Administración sanitaria es “imponer las Unidades de Gestión Clínica entre los profesionales, y por ese motivo ha torpedeado el sistema más justo de reconocimiento profesional, al que ahora le obliga el Juzgado”.
Por ello, reitera su exigencia de que, “en el menor plazo posible, se habiliten los órganos de evaluación y se reanude la carrera profesional, no ya porque lo demande la plantilla y lo exija este sindicato, sino porque un juzgado les obliga a hacerlo sin más dilación”.
Según advierte Comisiones Obreras, “la consecuencia práctica de este comportamiento será que la Administración tendrá que pagar una multa que puede alcanzar casi 11.000 euros al año, una cantidad que hay que sumar a los gastos realizados en el procedimiento jurídico que nos ha llevado hasta este momento con recursos imposibles de ganar por parte de la Consejería, pero también pagados con el dinero de todos los castellanos y leoneses, a menos que el importe se le vaya a imputar al patrimonio personal del gerente regional de Salud”.
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