El Ministerio de Sanidad ha presentado los resultados del módulo de conducta sexual adolescente del Estudio HBSC-2022 en España (Health Behaviour in School-aged Children), que analiza los comportamientos sexuales de jóvenes escolarizados/as de entre 15 y 18 años. Este análisis, enmarcado en el proyecto internacional promovido por la Organización Mundial de la Salud (OMS), permite conocer la evolución de indicadores clave desde 2002.
El informe revela que en 2022 el 34,8% de los y las adolescentes entre 15 y 18 años ha mantenido relaciones sexuales coitales, con escasas diferencias entre chicos (34,3%) y chicas (35,2%). Sin embargo, la edad influye de forma clara: el 20,7% de los jóvenes de 15-16 años ha tenido relaciones sexuales, frente al 48,5% en el grupo de 17-18 años.
Disminución del uso de métodos seguros
El preservativo es el método anticonceptivo más frecuente: el 65,5% de los y las adolescentes de entre 15 y 18 años encuestados refirió haberlo usado en su última relación sexual coital. Sin embargo, esta cifra ha disminuido de forma sostenida desde 2002, situándose en 2022 en el 65,5%, con una reducción de 18 puntos porcentuales en dos décadas.
Esta tendencia ha venido acompañada de un ensanchamiento de la brecha de género. Mientras que en 2002 el uso era prácticamente paritario (82,5% en chicas y 83,3% en chicos), en 2022 la diferencia se ha acentuado: solo el 60,8% de las chicas lo utilizó, frente al 70,6% de los chicos. La bajada es especialmente preocupante entre las jóvenes de 15 a 16 años, donde el uso cayó del 78,5% en 2018 al 62,9% en 2022.
Por otro lado, el uso de la píldora anticonceptiva (sola o en combinación con otro método) se sitúa en el 15,9%, una cifra que se mantiene estable desde 2014.
Este escenario implica que uno/a de cada cuatro adolescentes recurre a métodos inseguros para prevenir embarazos y uno/a de cada tres para prevenir infecciones de transmisión sexual. Aunque las chicas presentan una mayor utilización de la píldora anticonceptiva (19,6%) y de anticoncepción de emergencia (32,3% entre las sexualmente activas, su nivel de protección frente a infecciones es menor y su exposición a embarazos no planificados, mayor.
El menor uso del preservativo de las chicas, sumado a la frecuencia elevada de prácticas poco eficaces como la “marcha atrás” (16,9%) pone de manifiesto una mayor situación de vulnerabilidad en la salud sexual de las adolescentes.
Embarazos y uso de anticoncepción de emergencia
Una de cada tres chicas (32,3%) ha recurrido alguna vez a la píldora del día después, un 7,2% en dos ocasiones y un 3,0% en tres o más, lo que refuerza la necesidad de mejorar la educación y el acceso a métodos anticonceptivos regulares. Este uso es más frecuente entre adolescentes de mayor capacidad adquisitiva (35,3%) que entre las de nivel bajo (30,8%), lo que apunta a diferencias socioeconómicas en el acceso y el conocimiento.
Además, el 2,9% de las chicas de 15 a 18 años sexualmente activas ha estado embarazada alguna vez, lo que representa el 1% del total de adolescentes de ese tramo de edad.
Impacto de las desigualdades socioeconómicas
Los resultados del estudio ponen de manifiesto cómo las condiciones económicas influyen directamente en la salud sexual. En las familias con menor capacidad adquisitiva se registran tasas más altas de inicio precoz, menor uso del preservativo y una mayor frecuencia de métodos inseguros -como la “marcha atrás”- y de embarazos.
En contraste, los y las adolescentes de familias con alta capacidad adquisitiva presentan mejores indicadores de prevención, incluyendo un uso más frecuente de anticonceptivos seguros y de emergencia.
Implicaciones y recomendaciones
Los datos evidencian la necesidad de fortalecer las políticas de educación sexual integral desde un enfoque preventivo y comunitario, así como de atender a los determinantes sociales de la salud que condicionan la conducta sexual de los y las adolescentes.
La promoción del uso consistente de métodos seguros, la reducción de las desigualdades sociales en salud sexual y la prevención de las infecciones de transmisión sexual y de embarazos no deseados requieren una respuesta multisectorial, en la que se impliquen centros educativos, servicios sanitarios y familias.
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