Acalerte pide que las personas con COVID-19 que viven en residencias sean trasladadas a los hospitales

Según explica la entidad en una nota de prensa, el 87,58% de las personas que viven en residencias y centros de personas con discapacidad no tienen COVID-19, “según datos oficiales de las administraciones regionales y del Gobierno central”, recogidos “en el mapa informe realizado por el Círculo Empresarial de Atención a las Personas (CEAPS), entidad a la que pertenece Acalerte”, aunque se trata de cifras “que hay que poner en cuarentena, porque podrían no reflejar la realidad exacta”.

Según explica Diego Juez, presidente de la asociación, estos números reflejan que el 12,42% de las personas usuarias de estos centros, tanto públicos como privados, “tienen esta patología”, por lo que requieren atención específica. “Las residencias no cuentan con los recursos, y sí los hospitales, y entendemos que allí es donde deben recibir los cuidados necesarios, no solo para que ellas cuenten con la mejor atención, sino también para que quienes conviven con ellas en los centros no sean contagiados”, subraya.

En una situación de crisis como la actual, desde Acalerte se considera que los usuarios de estos servicios “no pueden quedar al margen del sistema sanitario”, sino que deben contar “con los recursos necesarios, cuando los requieran, en los centros de salud u hospitales”. No hay que olvidar, añade el presidente de la entidad, “que el sector de los Servicios Sociales es, en concepto y esencia, asistencial, en el que los profesionales de Enfermería son una parte fundamental de un equipo multidisciplinar en el que también son indispensables y parte básica las gerocultoras, que llevan el peso del cuidado diario”.

En cualquier caso, continúa, “la profesionalidad de los gestores, trabajadores y directores de infraestructuras públicas y privadas está siendo el principal dique de contención” de la crisis sanitaria. “Con medios y recursos muy escasos, se está aislando al virus, un esfuerzo muy importante que precisa de reconocimiento, y también de un discurso sereno. Por ello, no se debe alarmar a las familias de los usuarios de los centros, sino ofrecerles transparencia, recursos y respuesta sanitaria para que comprendan la realidad que se está viviendo”, explica Juez, quien pone en valor “el esfuerzo, la empatía y la labor ejemplar” de los profesionales de este sector “en unas circunstancias excepcionales”.

Recursos “intermedios” para garantizar “el mismo tratamiento que en un hospital”

Precisamente sobre la situación de las residencias de Castilla y León han hablado este sábado la consejera de Sanidad, Verónica Casado, y la titular de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco. Casado ha recordado que inicialmente son los equipos de Atención Primaria los que se ocupan de las necesidades asistenciales que plantean los pacientes que residen en residencias. “No es algo nuevo. De hecho, los tres médicos de Familia fallecidos en esta Comunidad atendían a pacientes en residencias. Desde el 20 de marzo hemos fortalecido equipos en todas las áreas de salud”, ha afirmado. 

Respecto a los test rápidos para el diagnóstico del nuevo coronavirus, ha explicado que se realizan primero en residencias que registran casos de COVID-19 y en trabajadores o usuarios con síntomas. “Tenemos recursos intermedios para trasladar a esos espacios el mismo tratamiento que recibirían los afectados en el hospital, con medicamentos y oxígeno. Queremos esos recursos intermedios para ofrecerles la misma respuesta”, ha señalado la responsable sanitaria.

Por su parte, Blanco ha señalado que se han producido fallecimientos relacionados con la epidemia de SARS-CoV-2 en 217 de los 1.214 centros que funcionan en la Comunidad. “Es muy difícil llegar aquí para decir el número de personas que han fallecido, porque detrás de los números hay familias. Desde la Junta hacemos un gran esfuerzo por garantizar la transparencia y ofrecer los máximos datos de personas fallecidas, con síntomas y positivos. Es justo mostrar la realidad. En los últimos días hemos incorporado información sobre la mortalidad, y puede haber un desfase, porque hay datos diferentes tomados en momentos diferentes; los que aporta la Consejería de Familia son los que facilitan los 1.214 centros, mientras que los de Sanidad corresponden a tarjetas sanitarias que se dan de baja. Pero debe quedar claro que hacemos el máximo ejercicio de transparencia por las personas y por las familias que están detrás de estos datos”, ha explicado.

“En ningún momento ha habido dejación de funciones”

La responsable de los Servicios Sociales en Castilla y León ha indicado que se sigue distribuyendo material en los centros residenciales “y les ayudamos en la contratación de personal cuando hay más casos positivos por los test que se hacen”. A este respecto, ha aclarado que las actuaciones que se desarrollan en cada residencia dependen de las necesidades que presentan, por lo que “no se puede generalizar ni adoptar la misma medida”. A preguntas de los periodistas, ha recalcado: “En ningún momento ha habido dejación de funciones con las residencias. Hemos dado los datos con absoluta transparencia siempre”.

Sobre la posibilidad de medicalizar las residencias de ancianos cuando acabe la crisis, Isabel Blanco ha manifestado: “Habrá que estudiar el modelo y cómo se ha comportado, ver qué ha funcionado y qué no. Esperaremos a que la pandemia pase para ver dónde estamos, pero las residencias tienen un carácter social; no son hospitales ni centros de salud”.