La Junta de Castilla y León ha publicado este martes en Gobierno Abierto el decreto que regulará la detección de situaciones de desprotección o maltrato de menores, con el que pretende garantizar su atención inmediata mediante la activación de los dispositivos adecuados.
El texto incide en la detección precoz de situaciones de riesgo o desamparo de los niños y adolescentes, la coordinación de los profesionales y la concienciación social, e incluye como principales puntos:
– La garantía del anonimato para los particulares que denuncien posibles situaciones de riesgo o desamparo, algo a lo que están obligados por ley (deben hacerlo en los Centros de Acción Social o a través de los teléfonos 012 / 112).
– Se pone a disposición de los propios menores medios específicos para denunciar, como el Teléfono 116 111, que es gratuito y confidencial, y desde el que se presta ayuda a niños y adolescentes.
– Se regula la forma en que los profesionales, tanto de servicios públicos y privados o autoridades, pueden comunicar una posible situación de riesgo o desamparo.
– Se establece la obligatoriedad de elaborar protocolos de actuación en los ámbitos educativo, sanitario y de los servicios sociales en el marco de este decreto, a fin de que los profesionales cuenten con la formación adecuada para detectar con eficacia situaciones de esta naturaleza y puedan llevar a cabo las actuaciones de manera coordinada.
– Se contempla expresamente un marco de actuación en el ámbito de los Servicios Sociales y en el sanitario, garantizándose que ningún menor vulnerable será dado de alta en un hospital hasta que se reciba la resolución de la autoridad judicial correspondiente, del Ministerio Fiscal o de los Servicios Sociales competentes que hayan valorado el caso.
– Se pone a disposición de los menores todos los medios e instrumentos posibles, como una red de centros de acogida operativa las 24 horas del día en cada provincia, para prestar la atención inmediata o de urgencia.
– Se refuerza la implicación de los colegios profesionales en la sensibilización, información y formación de sus colegiados.
Para la redacción del decreto se han revisado “diversos protocolos del ámbito sanitario, intrafamiliar y educativo que, a partir de ahora, serán de obligado cumplimiento y contarán con unos elementos de garantía básicos y comunes de aplicación”.
Según se explica desde la Consejería de Familia de Castilla y León, la Comunidad cuenta con una amplia red de recursos para garantizar la atención de los menores, entre los que se incluyen 65 centros residencales de acogida (nueve propios y 56 concertados), con un total de 730 plazas. A 31 de diciembre de 2019, en Castilla y León había 587 menores en acogimiento residencial.
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