El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha remitido a los partidos políticos las propuestas que plantea el sector social para que la discapacidad esté “en posiciones relevantes en la agenda política territorial”. Con este objetivo, la entidad ha elaborado sendos documentos en el que se agrupan y sistematizan las grandes demandas del colectivo, organizadas en la esfera autonómica y local, a fin de que las formaciones que concurran a los próximos comicios las asuman como compromiso electoral.
Entre las reivindicaciones del CERMI, que serán concretadas por cada organización autonómica en su territorio respectivo, destaca la de “restablecer los apoyos a las personas con discapacidad y sus familias a los niveles previos a la crisis económica y a las políticas de recortes llevadas a cabo por todas las Administraciones en los últimos años”. Además, las demandas del sector giran en torno a otros tres ejes: la ampliación y extensión de derechos, en clave de inclusión social y vida autónoma e independiente; la activación y la participación sociales a través de la corresponsabilización, y el diálogo civil.
En este sentido, el Comité recuerda que “todas las legislaciones, políticas y estrategias públicas que surjan tras las elecciones de mayo han de acompasarse a los principios, valores y mandatos de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es el referente natural de cualquier acción pública en la materia”.
Por otro lado, y respecto a la inclusión, el Observatorio Estatal de la Discapacidad (OED) ha elaborado un documento que contiene un conjunto de orientaciones y parámetros para construir un espacio sociosanitario inclusivo con las personas con discapacidad, informe que puede descargarse aquí y que ha sido editado en forma de libro por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), entidad gestora del OED.
Participación social
Como explica el Observatorio, con este documento se busca “incidir en el debate político que mantienen la Administración General del Estado y las comunidades autónomas para la creación de un espacio sociosanitario, cuya definición no puede quedar únicamente en manos de los gestores públicos, sino que ha de abrirse a la participación activa de toda la sociedad”.
Según destaca el OED, las personas con discapacidad los mayores constituyen dos de los sectores sociales más directamente afectados por la construcción de este ámbito sociosanitario, “ya que acumulan necesidades intensas de atención y apoyos sociales y sanitarios, que han de ser prestados de un modo coherente y armónico”.
Por ello, subraya, el espacio sociosanitario “no puede ser una mera superposición de respuestas sanitarias y sociales separadas”, y debe incorporar “como factor clave el carácter inclusivo de la discapacidad, de modo que se dirija a promover la autonomía personal y la vida independiente y asegure la libertad de decisión y de configuración de los apoyos”.
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