La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Alicia García, ha visitado en Ávila la vivienda supervisada La Rueca, puesta en marcha por FAEMA y que forma parte de la red de atención a las personas con discapacidad por enfermedad mental, una red de atención que incluye diversos recursos y dispositivos que constituyen el modelo integrado de atención sociosanitaria de Castilla y León.
Alicia García se ha referido al compromiso del Gobierno autonómico por dar un paso más en la calidad de la atención a la enfermedad mental con la aprobación, en 2016, de las directrices de funcionamiento del modelo integrado de coordinación sociosanitaria de la Junta de Castilla y León, “reconocido tanto fuera como dentro de la Comunidad, pionero en España y cuya regulación normativa supondrá garantizar la estabilidad del propio sistema”. El modelo parte “de una amplia red de recursos para la atención integral y pretende lograr la plena normalización e integración de las personas con discapacidad por enfermedad mental”.
Según explica la Administración autonómica en una nota de prensa, desde la Junta “se han dado pasos que han permitido disponer de una red de dispositivos formada por equipos mixtos compuestos por profesionales, tanto del sistema de servicios sociales como del sanitario, que valoran y asignan recursos, elaboran programas individualizados de atención y hacen un seguimiento de esa atención”. Junto a ellos, existen equipos de promoción de la autonomía personal “orientados a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad o con dependencia con carencias en la atención de sus necesidades o en su integración social”.
La consejera ha señalado que esta red está formada también por residencias que proporcionan servicios de alojamiento, manutención, cuidado, apoyo personal y social, así como apoyo a la integración en la sociedad a través de un proyecto de vida. En este sentido, ha indicado que este año se han puesto en marcha cuatro nuevas centros que, “sumados al de Toro y otro que se va a abrir en León, hacen un total de seis residencias y un total de 237 plazas”.
Completan la red los 22 centros de día ocupacionales “que facilitan la reincorporación de estas personas a la vida social y laboral y las viviendas alternativas que dan respuesta de alojamiento a las personas con discapacidad por enfermedad mental que, por dificultades sociales, no pueden permanecer en su entorno familiar”. En conjunto, Castilla y León, sostiene la Junta, cuenta con más de 2.000 plazas.
Apuesta por el empleo para alcanzar la autonomía
Alicia García ha insistido en la importancia que la Junta otorga al empleo de las personas con discapacidad dentro de este modelo integrado de atención. En este sentido, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades destinó 3,3 millones de euros en 2014 en su apuesta por los itinerarios personalizados de apoyo al empleo, en los que participaron más de 2.600 personas, de las que 916 se insertaron en el mercado laboral.
En 2016 “se reforzará la apuesta por estos itinerarios, aumentando el presupuesto hasta los 4,3 millones de euros, y se seguirá contando con las cláusulas sociales y la reserva de contratos que, desde su puesta en marcha en 2012, ha permitido reservas de contratos en los centros especiales de empleo por un valor de 18,3 millones de euros y la adjudicación de contratos con cláusulas sociales por más de 531 millones de euros”. A raíz de estos resultados, “se extenderán estas medidas al resto de administraciones, promoviendo un Banco de Buenas Prácticas que sirva para asesorar a las entidades públicas que lo quieran implantar”.
Junta se tradujo en 2014 en una financiación de más de 486.000 euros, un 43 % superior al año anterior.
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