Expertos de la Universidad de Salamanca (USAL9 participan en el proyecto europeo ‘Speak Out for Support’ (SOS-VICS), entre cuyas conclusiones destaca que debería garantizarse por ley que las víctimas de violencia de género extranjeras cuenten con intérpretes en todas las fases del proceso asistencial, y no sólo en los ámbitos judicial y policial.
El trabajo, en el que han participado más de 600 profesionales procedentes del ámbito de la Judicatura, la Policía, la abogacía, el Trabajo Social, la Medicina, la Psicología y la Traducción e Interpretación, ha sido cofinanciado por el programa Justicia Penal de la UE, y contó con la participación de nueve universidades españolas que, a raíz de los resultados obtenidos, reclaman la profesionalización y especialización de los intérpretes para subsanar las actuales carencias del sistema, relacionadas principalmente con la provisión de los servicios de interpretación a través de contratas y con las necesidades formativas de los intérpretes.
Por ello, el proyecto SOS-VICS ha creado una serie de recursos para tratar de contribuir a mejorar la situación. Entre ellos, figuran el manual Interpretación en contextos de violencia de género y una web de formación con contenidos ampliados y ejercicios prácticos. En el manual se describen las diferentes fases y escenarios de atención a víctimas, se identifican las posibles dificultades de comunicación y se valoran las técnicas de interpretación más recomendables para cada situación comunicativa. Además, se ofrecen herramientas para la formación en género y violencia de género y se proponen estrategias de autocuidado para los intérpretes que trabajan en situaciones con una gran carga emocional.
Mientras, en la plataforma digital, complementaria al manual, pueden localizarse recursos especializados de formación para intérpretes de diversa índole, que abarcan desde glosarios hasta roleplays, pasando por muestras de documentos reales, itinerarios prototípicos o bibliografía recomendada.
Proyecto piloto
SOS-VICS es un proyecto piloto centrado en la creación de recursos de formación de intérpretes con especialización en el trabajo con víctimas extranjeras de violencia de género. A través de él, los expertos demandan la aplicación en España de la Directiva Europea 2012/29/UE, que establece normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos, y de la Directiva Europea 2010/64/UE, relativa al derecho a traducción e interpretación en los procesos penales.
Para su desarrollo se ha llevado a cabo un extenso y exhaustivo trabajo de campo entre los años 2012 y 2014 que incluye un cuestionario sobre las necesidades de comunicación en la atención a las víctimas. El cuestionario fue realizado a 586 agentes de los diferentes ámbitos de atención a víctimas de violencia de género y gracias a él se han identificado numerosos problemas derivados de la falta de interpretación de calidad.
Baterías de entrevistas personales a víctimas de violencia de género, además de las realizadas a profesionales con experiencia en la atención a víctimas extranjeras, son otras de las acciones desempeñadas para la puesta en marcha del estudio, en el que se concluye que para trabajar en violencia de género es necesario que los intérpretes reciban formación especializada, al igual que lo hacen las personas que trabajan en la Policía, en la Judicatura o en el Derecho.
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