Poco, tarde y mal. El inaceptable desamparo de los mayores en las residencias durante la COVID-19 en España es el título del completo y demoledor informe que ha publicado hoy Medicos Sin Fonteras para denunciar que “la situación vivida en estos centros durante la epidemia en España nunca debería volver a ocurrir”, porque se han detectado situaciones de desamparo, desatención y falta de personal traducidas en la alta mortaidad y en dramáticas situaciones personales.
Pero, además, la organización advierte que deben aprenderse las lecciones aprendidas durante estos duros meses porque “el riesgo de que las personas mayores que viven en residencias vuelvan a resultar afectadas no ha remitido; hay que estar preparados, para reducir el sufrimiento y limitar al máximo la mortalidad”.
Según se constata en las conclusiones del amplio informe, “la mortalidad excesiva durante esta crisis señala problemas estructurales y sistémicos en relación al modelo español de residencias y destaca en particular la necesidad de mejorar la atención médica que debe brindarse a quienes viven en estos centros, sean públicos, privados o concertados”.
Además, se señala que el modelo de residencias actual responde más a las condiciones del proveedor de servicios que a las
necesidades sociales y sanitarias de las personas mayores, lo que ha tenido un grave impacto directo en su salud y mortalidad: se estima que las personas mayores fallecidas en residencias (27.359 entre el 6 de abril y el 20 de junio, según el Ministerio de Sanidad) representan el 69% de las personas fallecidas por COVID-19 en toda España.
La respuesta a la COVID-19 puso de manifiesto también la falta de capacidad y asistencia a este colectivo tanto en los servicios de atención primaria como en el sistema hospitalario. Durante el pico de la epidemia, este modelo no dejaba opciones viables ni adaptadas a muchas residencias; en sus propias palabras, “fueron abandonadas sin posibilidad de derivación hospitalaria y sin asistencia adecuada de la atención primaria”. En el primer momento de la crisis, el foco de la respuesta se centró en el colapso del sistema sanitario, en los servicios de urgencias y las ucis de los hospitales, llegándose al punto de obstaculizar las derivaciones de pacientes desde las residencias. Estas últimas tuvieron que asumir de facto una responsabilidad para la que no estaban preparadas, ni dotadas, ni protegidas, con unas consecuencias desastrosas para residentes, personal y equipos de gestión, y un impacto directo en la alta mortalidad.
Una realidad antes la que MSF pide “desarrollar planes de contingencia ante posibles nuevos brotes de COVID-19 o de epidemias similares, para asegurar una alerta temprana y una respuesta inmediata en las residencias”. El plan, añade la organización, se ha de acompañar de medidas orientadas hacia el bienestar y la calidad de vida de los mayores. Especial atención merecen la prevención y control de infecciones (PCI) y los diferentes elementos del cuidado digno, como son las despedidas, los cuidados profesionales de confort y las visitas o contactos con familiares.
Apoyo a 500 residencias
El 19 de marzo, Médicos Sin Fronteras (MSF) inició el trabajo de apoyo a residencias con equipos presenciales formados por personal sanitario y logístico y acabó dando apoyo al personal de casi 500 residencias, en los ámbitos de separación de pacientes por cohortes; diseño de materiales, circuitos y protocolos para la sectorización adaptados a la situación; sensibilización y capacitación sobre protección y control de infecciones; uso de equipos de protección individual (EPI) adaptados a las necesidades; formación, planes de contingencia y evaluación.
Durante su intervención en varias comunidades autónomas, MSF encontró los siguientes problemas:
1. Falta de anticipación y de planes de contingencia, agravada por la descoordinación y multiplicidad de interlocutores, entre ellos Consejerías de Servicios Sociales y de Sanidad, Diputaciones, Ayuntamientos, servicios de atención primaria, servicios de salud pública, patronatos de las fundaciones y gerencias de centros privados y de centros religiosos.
2. Reducido margen de maniobra para implementar las medidas de aislamiento, cuarentena y distancia, debido especialmente a la inadecuación de infraestructuras y espacios para conseguir un aislamiento efectivo, y a la alta ocupación.
3. Falta de formación en la utilización de los EPI de un personal nada habituado al uso de estos elementos. Los EPI, que llegaron tarde, además de ser insuficientes, no siempre estaban adaptados a las necesidades de las residencias.
4. Falta de organización, dirección y recursos humanos en las medidas de control del contagio. Con un número creciente de bajas y sin una estrategia alternativa de contratación, el personal restante tuvo que asumir otras tareas casi médicas (sin instrucciones ni conocimientos precisos), que no eran propias de sus funciones sociales.
5. Limitaciones de los test diagnósticos y falta de capacidad para actuar según los resultados y dar respuesta una vez identificados los casos positivos.
6. Denegación de derivaciones a los servicios hospitalarios para cientos de personas mayores, lo que obligó a las residencias a mantener alojados a pacientes positivos con pronóstico muy grave, facilitando así que el virus se propagara con rapidez, afectando a otros residentes y al personal. Esto impactó directamente en la calidad y cuidados a los residentes y, en muchos casos, probablemente contribuyó o fue causa de fallecimiento.
MSF considera que se debieron proponer alternativas con los medios y recursos disponibles, procediendo a derivaciones a
centros sociosanitarios, extensiones hospitalarias, hoteles “confort” o medicalizados u hospitales privados, ya que, en todos estos lugares, hubo plazas libres incluso durante el pico epidemiológico. La realidad que observaron los equipos de MSF es que se dejó la asistencia sanitaria en manos del personal de las residencias, que no están equipadas para ello. La población más vulnerable quedó en manos de las buenas intenciones de las personas que los cuidaban, solas frente al enorme desafío, en ocasiones, de salvarles la vida o acompañarlos en la muerte.
7. Aislamiento en detrimento de la salud y de los cuidados dignos, con medidas férreas, debido a la incertidumbre generada por los casos asintomáticos y a la escasez y poca credibilidad de las pruebas diagnósticas, que en muchos casos fueron indiscriminadas y desproporcionadas y tuvieron un grave impacto en la salud de los residentes.
8. Falta de protocolo para cuidados paliativos, final de la vida, despedidas y visitas, en parte debido a la falta de personal experimentado o en número suficiente en las residencias para dar estos cuidados, y en parte a las dificultades de la atención primaria en el momento más agudo de la crisis.
9. Carencia de atención psicosocial a residentes, personal y familiares.
Estas experiencias vividas van acompañada en el informe de declaraciones en primera persona que demuestran que la realidad es, incluso, mucho más dura que un documento, al que, sin embargo, las administraciones deberían prestarle atención.
Andrés, jefe de Bomberos en Cataluña, dirigió labores de desinfección y apoyo a la zonificación en colaboración con MSF, en algunas residencias que estaban casi al 100% de ocupación y donde resultaba inviable hacer un aislamiento adeacuado de los afectados:
“Respiraban un poco cuando les decías que la desinfección profunda de paredes, de suelos, de armarios, de camas, la íbamos a hacer nosotros, porque no veían cómo podían dedicarse a esto con tanto personal de baja y tantas cosas por hacer en momentos tan críticos. Esta barrera mental disminuía cuando sentían que no iban a estar solos en esa tarea, pero persistía el miedo a mover a las personas, con todas sus pertenencias, de un lugar a otro, para crear zonas limpias y sucias. Preferían muchas veces que los mayores, mientras no hubiese resultados fiables de las pruebas, quedasen encerrados en sus habitaciones, en lugar de reagruparlos en zonas, por miedo a perder el control y que todo el edificio se viese así contaminado. El resultado era espantoso: una sucesión de puertas cerradas, en ocasiones con llave, y personas golpeando y suplicando por salir. Un horror”.
La respuesta de Alba, directora de una residencia en Castilla y León, resume la justificación de la mayor parte de responsables de residencias respecto arla falta de protocolos durante las primeras semanas de crisis:
“Sinceramente, yo no tengo tiempo de ver todo el bombardeo de correos que llega al ordenador. Tengo a mucho personal de baja, los familiares llaman constantemente y tengo que elaborar dos o tres informes cada día con la misma información para diferentes Administraciones. Además, cuando he tenido oportunidad de ver lo que llega, me encuentro con recomendaciones y protocolos que se contradicen. Es una confusión total y mientras tanto los residentes van cayendo enfermos y alguien tiene que atenderlos. Nos estamos ocupando de atenciones médicas que no hemos hecho antes y aquí no viene nadie a ayudar. Hacemos los que podemos, pero aquí tiene que venir alguien que sepa de qué va todo esto”.
Luis, médico de primaria en un centro de salud que dio apoyo en una de las residencias visitadas por MSF, se lamentaba por la falta de reflexión y formación ante un virus que era nuevo para todo el mundo:
“Nos hemos dejado llevar por el coraje y por las ganas de ayudar sin estar preparados. Había que ir porque la situación era catastrófica y los médicos de las residencias o de los centros de salud que les correspondían estaban de baja. Y se iba; con toda la buena voluntad, metiéndole muchas horas y siempre con miedo, pero se iba. En algunos sitios los médicos no han querido ir a las residencias, pero en otros muchos sí, porque había que estar. Ahora bien, no me cabe duda de que hemos jugado un papel activo en la transmisión del virus”.
Magdalena, responsable de una pequeña residencia rural, además de enfermera, explicó lo siguiente al equipo de MSF, al límite de sus fuerzas, cuando acudieron a colaborar con la sectorización del centro:
“Llevo dos días empalmando turno, porque no hay nadie más que pueda atender a los residentes que no me dejan enviar al hospital, y ya no puedo más. Ayer se murió uno y esta noche se morirá otro si no me quedo, pero tengo que descansar para poder seguir gestionando todo esto: la mitad de la plantilla está de baja, los familiares llaman sin descanso y hay un montón de protocolos por implementar. Aquí es muy difícil contratar personal sanitario, nadie quiere venir a trabajar a un sitio tan apartado. Conseguí que me echara una mano otra amiga enfermera, pero el hospital ha reclamado a todos los que estaban en las bolsas de trabajo y me he vuelto a quedar sola. El alcalde está buscando, pero ya te digo que solo encontrará gente y voluntarios para temas de limpieza, nada para los cuidados sanitarios. Yo he llamado a toda la provincia. En el hospital han montado un ‘equipo COVID’ para las residencias, pero son tres personas y por aquí no han pasado. Tampoco creo que vayan a hacer gran cosa; imagino que, como en esta residencia, se van a encontrar muchos casos y no van a prescribir derivaciones, pero al menos me podrían guiar con los tratamientos y procedimientos. Me quedaré esta noche, cómo no, y las que hagan falta. Al fin y al cabo, soy enfermera, esto es vocacional, y más aún cuando trabajas con gente mayor. Pero aquí sola no puedo hacer mucho. Aunque me quede, se seguirán muriendo”.
Luisa, trabajadora social de una residencia que los equipos de MSF visitaron hasta cuatro veces debido a la alta mortalidad entre sus residentes, respondía a la pregunta de derivaciones hospitalarias de esta manera:
“Llamabas al hospital de referencia y te decían: ‘Lo siento, hoy solo podemos admitir a una persona de residencias, elijan ustedes’. Aun así, la ambulancia no venía a recogerla y fallecían en las pocas horas o días”.
Y así, numerosos testimonios que requieren, como asegura MSF en sus conclusiones, “situar a las personas mayores en el centro de toda decisión y política pública que se desarrolle como respuesta a esta situación, para asegurar que no se repita lo sucedido, dignificar el trato y cuidados que recibe este colectivo y reforzar su autonomía como pacientes o grupo de gran vulnerabilidad.
Estas son las principales recomendaciones de la organización:
1. Elaborar planes de contingencia que puedan adaptarse fácilmente a cada residencia.
2. Establecer políticas y mecanismos para la detección, vigilancia y control efectivo en entornos como las residencias. Garantizar el acceso a EPI y a formaciones sobre su uso para personal y residentes.
3. Asegurar capacidad de sectorización en las residencias, respetando la dignidad y cuidados de las personas mayores y protegiendo al personal.
4. Establecer mecanismos para cuidar la salud mental y emocional de residentes, personal y familiares.
5. Acompañar todo ello de recopilación, sistematización, publicación y análisis de datos, para mejorar la toma de decisiones
Recordamos que SALUD A DIARIO es un medio de comunicación que difunde información de carácter general relacionada con distintos ámbitos sociosanitarios, por lo que NO RESPONDEMOS a consultas concretas sobre casos médicos o asistenciales particulares. Las noticias que publicamos no sustituyen a la información, el diagnóstico y/o tratamiento o a las recomendaciones QUE DEBE FACILITAR UN PROFESIONAL SANITARIO ante una situación asistencial determinada.
SALUD A DIARIO se reserva el derecho de no publicar o de suprimir todos aquellos comentarios contrarios a las leyes españolas o que resulten injuriantes, así como los que vulneren el respeto a la dignidad de la persona o sean discriminatorios. No se publicarán datos de contacto privados ni serán aprobados comentarios que contengan 'spam', mensajes publicitarios o enlaces incluidos por el autor con intención comercial.
En cualquier caso, SALUD A DIARIO no se hace responsable de las opiniones vertidas por los usuarios a través de los canales de participación establecidos, y se reserva el derecho de eliminar sin previo aviso cualquier contenido generado en los espacios de participación que considere fuera de tema o inapropiados para su publicación.
* Campos obligatorios