Servicios sociales

Con el objetivo de seguir generando evidencia científica en torno a la la obesidad infantil, la Gasol Foundation -fundación de los hermanos Pau y Marc Gasol- ha llevado a cabo un estudio centrado en la primera infancia que revela que la obesidad infantil es un problema ya desde los primeros años de vida de los niños y niñas y que, además, e igual que sucede en otras edades, también afecta de forma más relevante a familias en situación de vulnerabilidad socioeconómica.

El Gobierno Central, comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla avanzan hacia una coordinación total en la protección de personas con trastorno del juego y de sus familias. El Consejo de Políticas del Juego, que preside el ministro de Consumo, Alberto Garzón, ha aprobado este lunes la propuesta para trabajar en la interconexión de los registros de prohibidos estatal y autonómicos con la finalidad de proteger a miles de personas y familias frente a los problemas del juego. El acuerdo ha contado con el apoyo de todas las comunidades, a excepción del voto en contra de Cataluña y las abstenciones de País Vasco y Comunidad Valenciana.

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha reclamado a las fuerzas políticas del Congreso de los Diputados que la Proposición de Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia, que se tramita en el Congreso de los Diputados, sea plenamente respetuoso con los derechos de las personas con discapacidad.

Aunque el texto no menciona directamente a las personas con discapacidad, recoge expresiones que en opinión del movimiento CERMI deberían suprimirse, como “persona plenamente capaz y consciente”; “en plena capacidad de obrar”; “enfermedad invalidante”; “limitaciones que inciden directamente sobre su autonomía física, así como sobre su capacidad de expresión y relación”; “situación de incapacidad de hecho: situación en el que el paciente carece de entendimiento y de voluntad suficiente para gobernar su vida de forma autónoma sin que necesariamente haya resolución judicial de capacitación”, e “impedido físicamente”.

Para el CERMI, estas expresiones, imprecisas, inapropiadas y muchas veces incorrectas desde una consideración exigente de derechos humanos, pueden dar pie a interpretaciones indeseables de la futura ley en relación a las personas con discapacidad. Además, señala que deberían estar superadas en una norma del siglo XXI y en un Estado signatario de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

En este sentido, recuerda que el Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, en su segunda revisión a España, formuló recomendaciones, entre las que se encontraba la de “velar por que no existan disposiciones que permitan la eutanasia por motivos de discapacidad, ya que tales disposiciones contribuyen a la estigmatización de la discapacidad, lo cual puede propiciar la discriminación”.

Por ello, el CERMI defiende que la regulación de la eutanasia debe aludir a las personas que presentan “una condición, estado o situación de salud caracterizado por la presencia de una enfermedad o patología graves e incurables que ocasionen padecimientos continuos e insoportables en los términos establecidos en esta ley”, evitando los términos anteriores.

Consentimiento informado

En relación con el consentimiento informado, aunque está ampliamente citado en la iniciativa legislativa, no recoge ningún tipo de salvaguarda ni procedimiento para que el mismo sea accesible e inclusivo y ofrezca todas las garantías a las personas con discapacidad que quieran ejercer este derecho.

Para resolver esta cuestión, la plataforma representativa de la discapacidad en España plantea la incorporación a la ley de una disposición adicional específica sobre personas con discapacidad que recoja que “en los procedimientos que hayan de seguirse en virtud de lo establecido en esta ley para solicitar y recibir ayuda para morir, cuando se trate de personas con discapacidad, se garantizarán los medios y recursos de apoyo, materiales y humanos, incluidas las medidas de accesibilidad y diseño universales que resulten precisas para que reciban la información, formen y expresen su voluntad, otorguen su consentimiento y se comuniquen e interactúen con el entorno, de modo libre, a fin de que su decisión sea individual, madura y genuina, sin intromisiones, injerencias o influencias indebidas”.

Asimismo, el CERMI pide que se indique explícitamente que se facilitarán “las medidas pertinentes para proporcionar acceso a las personas con discapacidad al apoyo que puedan necesitar en el ejercicio de su capacidad jurídica y de los demás derechos que tienen reconocidos en el ordenamiento jurídico”.

De igual modo, insta a que se establezca que “las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas tendrán garantizados los derechos, recursos y medios de apoyo establecidos en la Ley 27/2007, de 23 de octubre, por la que se reconocen las lenguas de signos españolas y se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas”.

En definitiva, el CERMI reclama que la futura regulación de la eutanasia sea neutra con las personas con discapacidad y que se abra a la participación también de profesionales como es el caso de los psicólogos.

A finales de 2019, la Confederación Autismo Españapresentó los últimos datos del estudio sociodemográfico sobre la situación y  necesidades de las personas con trastorno del espectro del autismo (TEA) en España, que lleva realizando desde 2015. Una de las principales tendencias detectadas fue el considerable aumento del alumnado con TEA identificado en el sistema educativo.

La calidad de vida de las españolas es muy mejorable. Así lo afirma el Estudio sobre la Adherencia de las mujeres adultas en España a hábitos saludables impulsado por Las Mujeres Nos Movemos, un movimiento social que promueve la investigación, educación y concienciación de la mujer para fomentar hábitos de vida saludable, y desarrollado por un equipo multidisciplinar de investigadores de la Universidad Europea de Madrid y un equipo de profesionales de la actividad física y el deporte, nutricionistas, psicólogos y enfermeras del Consejo Colef, Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid, SEDCA y FAECAP.

Daniel Rossinés, un apasionado de la natación de aguas abiertas, se propone iniciar el próximo 17 de septiembre el reto Upside Down Challenge: consiste en nadar toda la costa catalana, desde Portbou hasta Les Cases d’Alcanar, 400 kilómetros, en unos 20 días seguidos, más de 200.000 brazadas, con el objetivo de sensibilizar a la opinión pública y recaudar fondos para la investigación contra la ELA.

La Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Cocemfe) y su Movimiento Asociativo invitan a la población a notificar incidencias de accesibilidad mediante el uso de la aplicación móvil AccesibilidApp para conmemorar la Semana Europea de la Movilidad (SEM).

El Ministerio de Consumo ha abierto a consulta pública la modificación de la actual Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (LGDCU) con el objetivo de desarrollar la figura del consumidor vulnerable. Con ello, el Gobierno pretende avanzar hacia el reconocimiento de la vulnerabilidad en las relaciones de consumo para aquellas personas, familias y colectivos con dificultades.

En la actual situación de pandemia, las limitaciones de acceso a servicios de salud, así como con un mayor riesgo de lesiones en el hogar en caso de confinamiento, hacen que sea más importante que nunca proporcionar conocimientos básicos de primeros auxilios en línea con el objetivo de preparar a la mayor cantidad de personas posible para que se cuiden mejor a sí mismas y a quienes les rodean.

La ministra de Igualdad, Irene Montero, y la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, han presentado los resultados de la Macroencuesta de Violencia contra la mujer realizada con los datos recogidos durante el año 2019, en la que se ha revelado que 1 de cada 2 mujeres ha sufrido algún tipo de violencia machista a lo largo de su vida, un 57,3%, lo que suponen 11.688.411 mujeres de 16 o más años. Además 1 de cada 5 (19,8%) la han sufrido en los últimos 12 meses, lo que suponen 4.048.273 mujeres de 16 o más años.