La Confederación Española de Organizaciones en Favor de Personas con Discapacidad Intelectual (FEAPS), con 19 federaciones autonómicas, ha presentado un estudio sobre ‘El sobreesfuerzo económico que la discapacidad intelectual o de desarrollo ocasiona en la familia en España 2014’.
Con él se busca cuantificar los costes que ocasiona esta situación y hasta qué punto las prestaciones, subvenciones y deducciones fiscales existentes los compensan. En las familias en las que convive alguna persona con discapacidad intelectual se dan situaciones que requieren mayor dedicación de tiempo y que en ocasiones reducen las opciones de la familia a la hora de formarse, trabajar o disfrutar del ocio y de las relaciones sociales, recuerdan en este informe de FEAPS. Esta Federación quiere contribuir a mejorar la calidad de vida de personas con discapacidad intelectual o de desarrollo y sus familias, mediante el conocimiento del sobreesfuerzo económico que les supone en términos de tiempo, dinero y recursos que han de asumir para que las personas con discapacidad puedan desenvolverse en su día a día y desarrollar su proyecto de vida.
Después de seis años de aplicación de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia creen que es el momento de determinar si las medidas y recursos públicos destinados a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual compensa y/o reduce realmente el sobreesfuerzo económico, comparándolo con los resultados obtenidos en el mismo estudio del año 2008.
En este estudio se ha añadido un Grado 0 que recoge aquellas personas con discapacidad inferior al 33% que son excluidas por el sistema de valoración de la dependencia: “estas personas y sus familias también incurren en costes derivados de su discapacidad y en cambio no reciben ninguna contraprestación”, subrayan. Además, dentro del Grado III se mantiene la diferenciación, ya recogida en el estudio del 2008, entre aquellas personas con discapacidad que viven en su domicilio o bien en un servicio residencial, ya que los costes para las familias difieren notablemente.
Tasa de prevalencia en España
La tasa de prevalencia de la discapacidad intelectual se estima en 5,03/1.000 habitantes, lo que sitúa el número en España en 241.026 personas, según la Base de Datos Estatal de Personas con Discapacidad: ésta integra todas las personas efectivamente valoradas y reconocidas con un grado igual o mayor al 33%. Por Comunidades Autónomas, Andalucía es la que presenta un mayor número, seguida de Cataluña y Madrid, en coherencia con la ratio de población. En Castilla y León la cifra es de un total de 18.469.
El 71% de la población con discapacidad intelectual tiene entre 16 y 65 años: siguiendo el criterio establecido en 2008, esta es la franja de población objeto de este informe. Este grupo de edad supone un total de 170.961 personas. Los costes que más se han incrementado en este periodo son los de gastos de farmacia, transporte, ocio y higiene y cuidado.
La tasa de paro de las personas sin discapacidad ha pasado del 11,39% al 25% en el 2012. De la misma manera, la prestación media por desempleo ha pasado de 11.347 euros a 7.168, debido al aumento de las personas que sólo perciben el subsidio de paro. Los mayores de 18 años con una discapacidad entre el 33% y el 65% no reciben ninguna prestación de SS, con lo que se discrimina a las personas con una discapacidad leve.
En cuanto a las subvenciones, siguen siendo imprescindibles para muchas familias para poder acceder a determinados servicios. El importe medio por persona con discapacidad intelectual es de 105,9 euros, mientras que en Castilla y León es mucho menor, de 57,83. La renta media de las personas con discapacidad es de 6.960 euros/año, de las cuales ha de aportar como copago, 864 euros/año en un centro de día, correspondiente al 12% de los ingresos de la persona con discapacidad. Y 5.760 euros del copago anual en una residencia, y corresponde al 83% de los ingresos.
Medidas compensatorias
FEAPS asegura que en ningún los Grados las medidas compensatorias son suficientes para absorber los costes y el sobresfuerzo que genera la discapacidad en la persona y en la familia. En la medida en que el valor en servicios en una residencia es más alto y que este modelo es el dominante en la persona con Grado III, es en este grado dónde menor es el sobreesfuerzo de la familia.
Entre las conclusiones, insisten en que después de seis años de la entrada en vigor de la Ley de Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, ésta ha tenido escaso impacto como instrumento compensador del sobreesfuerzo económico de las familias con una persona con discapacidad intelectual. La familia sigue asumiendo una papel crítico en la calidad de vida de estas personas. Este sobreesfuerzo, sin considerar los costes de oportunidad para las familias, se sitúa de media para el conjunto de las personas con discapacidad intelectual en 24.237 euros anuales.
Las diferencias en el sobreesfuerzo económico entre Grados son más evidentes en las personas de Grado III que viven en su domicilio, con 47.129 euros, frente a aquellas que viven en una residencia que suponen un sobreesfuerzo de 10.921. El agravio económico para las familias con una persona con discapacidad intelectual tiene un efecto acumulativo año a año, que acaba incidiendo a corto plazo en la pérdida de capacidad adquisitiva y, a medio plazo, en la descapitalización de las familias. A largo plazo también afecta seriamente la posibilidad de que los familiares puedan percibir pensiones contributivas, al tener que renunciar a trabajar o a hacerlo sólo a tiempo parcial.
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