A finales de mayo arrancaron en Castilla y León las modificaciones derivadas del Plan de Reordenación de Recursos Humanos de la Atención Primaria, que ha supuesto la amortización de plazas de Medicina de Familia y Enfermería en zonas básicas de salud (ZBS) rurales para trasladarlas a centros de salud urbanos y semiurbanos y reforzar sus plantillas. El proyecto ha supuesto que miles de ciudadanos tengan que cambiar de médico, dentro de la necesaria redistribución de los cupos profesionales.
En Salamanca, son casi 14.900 las personas afectadas, de las cuales más del 76% corresponden a usuarios de los nueve centros de salud en los que se han creado nuevas plazas –Ciudad Rodrigo, San Bernardo, San José, La Alamedilla, Periurbanas Norte y Sur (a las que también han llegado tres enfermeras en total), Sancti Spíritus-Canalejas, Universidad-Centro y Garrido Sur.
Como suele ser habitual en estos casos, el cambio de facultativo no siempre es bien recibido por los pacientes, que tienen derecho a la libre elección de médico de Familia, aunque para ello deben esperar seis meses desde la asignación del nuevo profesional. Este malestar llegó el pasado lunes al Consejo de Salud de Área, en el que UGT expuso una situación que el sindicato ya había hecho pública hace un mes, cuando reflejó las quejas de muchos ciudadanos a los que se ha cambiado de médico, incluso “obviando que forman parte de una misma familia o de una pareja”.
Según ha explicado Rafael sánchez, delegado sindical y representante de UGT en este órgano de representación, el gerente de Atención Primaria, Bienvenido de Arriba, reconoció durante la reunión que Sacyl ha recibido en Salamanca 138 reclamaciones por escrito referidas a las nuevas asignaciones de facultativo de Familia, 41 de las cuales se han resuelto con el retorno del paciente a su consulta habitual. “Nosotros estamos seguros de que hay muchas más reclamaciones, incluyendo las verbales y, de hecho, el gerente lo admite, aunque el hecho de que no se formulen por escrito sirve a la Administración para no reconocerlas”, ha asegurado el representante sindical, que también ha destacado otro de los efectos de la reestructuración de Atención Primaria planteados en el Consejo de Salud de Área: la falta de paridad médico-enfermera en las consultas de nueva creación.
Inconvenientes
“En los centros de salud urbanos a los que han llegado médicos, pero no enfermeras, los facultativos dependen de las profesionales de Enfemería con las que ya contaba el equipo, que siguen atendiendo a sus respectivos pacientes de siempre, aunque éstos hayan cambiado de médico”, explica. De esta forma, un facultativo puede estar prestando asistencia a usuarios asignados a las distintas enfermeras que trabajan en la ZBS, dependiendo de cada una de ellas para la actividad común.
“El gerente admite que se están produciendo algunos inconvenientes tras la reestructuración, pero que se irán subsanando en el futuro”, ha indicado Rafael Sánchez, que también ha mencionado la situación que vive un médico rural trasladado al centro de salud de La Alamedilla, y que no dispone de una ubicación fija para su actividad asistencial, por lo que cada día “tiene que estar pendiente del médico que esté de tarde para ocupar su consulta por la mañana”.
Según la información facilitada por el representante de UGT, durante el Consejo de Salud de Área también se abordaron otras cuestiones, como el desvío del tráfico del hospital por el campus universitario durante las obras de la Ciudad de la Salud, sobre el que la gerente de Atención Especializada insistió en su provisionalidad; la necesidad de ordenadores para los fisioterapeutas de los centros de salud y la falta de un aparato de magnetoterapia en la ZBS de Capuchinos, equipamiento que la Administración se ha comprometido a incorporar “a corto plazo”.
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