Cuando una persona decide donar uno de sus riñones tiene que pasar, junto al receptor, por un protocolo muy estricto que conlleva pruebas en distintos servicios del Complejo Asistencial: Nefrología, Inmunología, Urología, Radiología, Anestesia, Psiquiatría y Unidad de Ética Hospitalaria. Si todo es correcto, la última palabra la tiene el juez, con su autorización.
El nefrólogo es el que recibe la solitud de la posibilidad de que una pareja se convierta en donante vivo y receptor. Lo habitual es que exista un grado de parentesco, bien conyugal o familiar (padres o hermanos). Este especialista deriva cada caso a Urología (a la consulta de pretrasplante renal), donde realizan pruebas complementarias para realizar sin problemas la intervención. “El donante tiene que ser una persona absolutamente sana, el mejor riñón tiene que quedar en él, es algo que tiene que primar”, argumenta el Dr. Gómez Zancajo. Y justifica tal razonamiento al recordar que con ese gesto altruista del donante, “tienes que garantizarle que no vayan a surgir problemas y siempre informarle de los pros y los contras, del tipo de intervención, los riesgos que asume, etc.”
Y cuando donante y receptor obtienen la aprobación del Servicio de Urología, tienen que pasar al de Anestesia y realizarse las pruebas rutinarias. Pero no acaba ahí, el proceso sigue con una evaluación en la Unidad de Ética Hospitalaria, donde se comprueba y contrasta que no existen inconvenientes, y otra valoración en el área de Psiquiatría, para confirmar que no exista ninguna alteración psicopatológica. El informe detallado llegará a manos del juez que tiene que autorizar dicho acto quirúrgico y ratificar que está todo en regla, y que se efectuará sin ningún tipo de coacción.
El proceso desde que se realiza la petición por parte de donante y receptor hasta que se interviene suele prolongarse entre uno y dos meses, “la última palabra la tiene el juez”, matiza Gómez Zancajo.
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