Cada vez estoy más preocupado por la asistencia sanitaria que prestamos a los ancianos en España. Tras la pandemia, quedó desvelado para todos que las residencias de ancianos no son la solución ideal, pues, una vez ingresados en ellas, quedan fuera de la cobertura del sistema de salud público en la mayoría de los casos, dejan de estar asignados a un médico de cabecera.
Aunque estén incluidos en el cupo de un médico del servicio público de salud, éste ya no es realmente su cuidador. A partir de ese momento, lo será un médico contratado específicamente por la residencia. Desaparece la longitudinalidad de los cuidados, la organización asistencial pública de la Atención Primaria les ha dejado fuera. Es cierto que en la España rural y en determinados casos, los menos, sigue siendo su médico de cabecera de toda la vida quien continúa cuidando a los ancianos en la residencia, pero insisto, esto ocurre de forma casi excepcional.
Y no veo una verdadera preocupación por este problema en España; ni entre la ciudadanía ni entre los políticos.
Los datos evidencian que ni siquiera hay en España suficiente número de plazas en residencias para personas mayores. Según la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales (nota de prensa del 25 de enero 2025), en 2024 había 395.065 plazas residenciales, 3.510 menos que el año anterior. Se necesitan 89.324 plazas residenciales más para alcanzar el dato mínimo de 5 plazas por cada 100 personas de más de 65 años, y no menos de 35.000 para atender la demanda actual de personas en dependencia severa o grandes dependientes.
Necesaria una estrategia para asegurar los cuidados
La referida asociación añade: “El Ministerio de Asuntos Sociales planteó en 2023 con las comunidades autónomas una estrategia de desinstitucionalización para favorecer la permanencia de las personas en situación de dependencia en su hogar, lo que, de lograrse, reduciría la necesidad de plazas residenciales. Un objetivo que se complementaría con la humanización de los centros a través de un nuevo modelo residencial“.
Una vez más, al analizar la situación, descubrimos que el diagnóstico y el tratamiento están descritos, que no son un misterio, pero no se han dado los pasos decisivos en la estrategia precisa.
El modo de vida de la sociedad actual contribuye a expulsar a los ancianos de su seno. Sin conciliación y sin tiempo, mal se pueden ocupar sus familias. Lo ideal sería que permanecieran el mayor tiempo posible en sus domicilios, pero eso precisa de importantes recursos económicos de los que están, por lo general, muy lejos de disponer padres e hijos. Ni siquiera son desgravables en el IRPF las cantidades invertidas en la contratación de cuidadoras. Las escasas y tardías ayudas a la dependencia sólo se obtienen si estas trabajadoras llegan a través de empresas específicas, no si el contrato lo hace directamente la familia.
Un desafío prioritario
Muchos problemas se suman a las atenciones que requieren las personas dependientes. Y no hablamos de una situación que vaya a desaparecer; hoy viven en España 7.265.000 personas por encima de 70 años, y la esperanza de vida para 2040 es, de media, de 80,4 años. El problema —por magnitud, trascendencia y consecuencias sociales— debería ser abordado con la máxima prioridad por las CCAA, responsables, a día de hoy, de los servicios sociales.
Y tiene mucho que decir, también, el sistema sanitario español. El papel de la Atención Primaria es primordial. Los profesionales sanitarios deben desarrollar su trabajo en un contexto que les permita tener el TIEMPO necesario. Incentivar desde el pregrado hasta la formación especializada y en el ejercicio profesional su disponibilidad, su compromiso para cuidar. Favorecer la adquisición de conocimientos y habilidades específicos. Hacerles sabedores de su papel primordial en el seguimiento de los pacientes, escuchándoles, analizando su biología, su situación personal y social, tratándoles como personas con toda su dignidad. Es una inmensa responsabilidad y un gran privilegio para un sanitario acompañar en todas las etapas de la vida, hasta el último aliento.
Pero hace falta que la Administración sanitaria crea en ello.
Es lo que esperan los ciudadanos de su Estado: que sepa organizar y favorecer los cuidados sanitarios y sociales públicos cuando se precisan.
PD: Paz justa en Ucrania, Palestina, Yemen…
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