Aunque el Gobierno anunció a bombo y platillo que iba a costear la medicación, los meses han ido pasando sin que afloje la cartera y los pacientes han tenido que organizar un movimiento social de protesta para denunciar que seguían sin recibir los fármacos, sensibilizar a la población y sumar apoyos a la causa.
El problema ha ido subiendo de tono, en buena medida por culpa de las comunidades autónomas que, inmersas en plena campaña electoral, tratan de lavar la mugre de las corruptelas y los desmanes de sus dirigentes con la promesa de que los enfermos de sus determinados territorios sí recibirán el carísimo tratamiento de forma gratuita.
Así las cosas, Alfonso Alonso, en un alarde de generosidad y buena gestión política, decide crear un Plan Nacional Estratégico al respecto. Excelente maniobra, sí señor (insisto, es astuto como él solo). Gana tiempo antes de soltar la pasta y de paso se aparta de la polémica, se queda en un segundo plano y le endosa la responsabilidad a los expertos, que serán los que ahora den la cara ante la opinión pública, lamentablemente para que se la partan, como suele pasar en estos casos.
Imagino que del comité algo bueno saldrá, aunque sólo sea porque está presidido por un hepatólogo de reconocido prestigio. Pero en realidad, el único problema es decidir si realmente el Gobierno va a financiar y en qué cuantía los nuevos fármacos. Lo demás es labor de los profesionales médicos, lo suficientemente responsables y formados para decidir si un enfermo es candidato o no a recibir un determinado tratamiento, como viene sucediendo hasta ahora con ésta y el resto de patologías. No me quiero imaginar a los facultativos reunidos teniendo que decidir a quién se lo suministran y a quién no en función de un cupo impuesto desde las altas esferas.
La medicina y la política casan mal, y si ya proponemos un trío con el dinero, peor. Si de algo presumimos los españoles fuera de nuestras fronteras es de que en este país, a diferencia de otros muchos, la salud no depende de una billetera; al menos hasta ahora. Y a pesar de contar con un servicio sanitario envidiado por medio mundo, hay quienes creen que el Gobierno no debe despilfarrar en financiar estos fármacos. A los que opinan así los metía yo en una consulta, les diagnosticaba hepatitis C con un pronóstico de un año de vida y les daba el ultimátum de pagar 25.000 euros por el antídoto en caso de no querer morir…
Tragamos con carros y carretas, hacemos la vista gorda ante abusos de poder, perdonamos tramas ilimitadas de corrupción y les seguimos votando; pero no deberíamos permitir la existencia de un solo gobernante que defienda poner precio a la vida.
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