Decir que las medidas que ha tomado contra los trabajadores han sido, y siguen siendo, de suma gravedad, porque la escasez de personal, la alta rotación, las bajas que no se cubren, obligando a doblar turnos, perder descansos, sacar gente de una unidad para cubrir otra, la gran presión en la carga de trabajo, por la que nos vemos desbordados y no llegamos para atender adecuadamente a los enfermos, han producido pérdida de calidad asistencial a pesar de las profesionalidad de sus trabajadores, y eso afecta a los ciudadanos.
La situación laboral de los trabajadores y la presión a la que son sometidos está perjudicando la salud física y mental de muchos de ellos, y esto significa un gran riesgo para los pacientes. Las elevadas tasas de interinidad y eventualidad son inaceptables, el abuso de rotación al que es sometido el personal no ayuda a adaptarse al puesto de trabajo ni a continuar con el cuidados de los pacientes.
En el hospital existen puestos de trabajo que son estructurales y se reservan para manejar la dirección a su propio antojo, en un proceso viciado con muchas irregularidades que se cubren con personal eventual en condiciones precarias. Se han dado situaciones en que una persona, en una sola jornada, ha pasado por tres unidades para sustituir unas horas a varios trabajadores.
La precariedad afecta la salud de las personas que trabajan bajo sus efectos. Un reciente estudio advierte de que el trabajo precario es tan peligroso para la salud mental como estar desempleado, produce ansiedad y depresión, así como consecuencias psicológicas negativas, como la sensación de injusticia y cierto resentimiento social.
Esta situación no se puede prolongar más, la Administración debe tomar nota de las sentencias que están saliendo, donde una enfermera contratada por dos días, destinada a un servicio que desconocía en situación de precariedad laboral administró por error Mettergin a RN y ha sido absuelta, tanto por el Juzgado de lo Penal de Ferrol como en la Audiencia Provincial de La Coruña. Estos dos pronunciamientos absolutorios nos hacen ver que no todo error sanitario con daño a un paciente es sinónimo de responsabilidad penal, y nos dice que si la organización sanitaria, de forma inadecuada y precaria, organiza un servicio, debe asumir la responsabilidad por los daños, y no sus profesionales sanitarios cuando es aquella gestión la que crea las condiciones óptimas para que surjan errores.
Total, que debe asumir la responsabilidad el servicio público que consiente estas situaciones de precariedad e inseguridad laboral.
Tome nota, señor consejero.
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