El timo de las listas de espera

El fenómeno de las listas de espera sanitarias no es nuevo ni exclusivo de nuestro país. Se suele decir que es común a todos los sistemas basados en una Sanidad pública de acceso universal. Incluso en EEUU las compañías de seguros médicos lo esgrimen como argumento para defender su insolidario e ineficiente modelo, fundamentado en la Medicina privada. “Como has suscrito una buena póliza, no tienes que esperar como en Europa”, le dicen, a veces con notable éxito, a los acomodados integrantes de su clase media.

El problema comienza cuando el lapso de espera se dilata más allá de lo razonable, hasta que llega a poner en peligro la salud e incluso la vida del paciente. Y, según afirman muchos profesionales y sufrimos aún más usuarios, este momento puede haber llegado ya a Salamanca, pese a lo que afirma la Consejería de Sanidad de Castilla y León. Si hemos de creer lo que asegura su página web, un ciudadano charro solamente ha de esperar un promedio de 82 días para entrar en quirófano, si bien sus responsables reconocen que este plazo varía según las especialidades.

A mí, que debo de ser muy exigente, incluso ese periodo me resulta largo. Sobre todo si se trata de una operación que, aunque su retraso no ponga en peligro la vida del paciente, puede resolver problemas dolorosos o incapacitantes. Pero es que, además, estos cálculos no se corresponden con la realidad, ya que se recurre a toda clase de artimañas para falsificar la medida del tiempo de espera.

Así, no se computa desde el primer momento, es decir, desde que el médico de Familia solicita consulta con el cirujano para que éste valore la necesidad de la intervención. Ni siquiera se inicia cuando dicho especialista la recomienda, sino en el momento en que finalizan las pruebas diagnósticas. Y se da la circunstancia de que muchas de ellas, como es el caso de las resonancias magnéticas, pueden dilatarse más de un año. Incluso no es infrecuente que alguna de estas pruebas tenga que repetirse, con lo que esto supone para un paciente angustiado, pendiente de que le comuniquen por teléfono la fecha de su intervención.

A estos hechos se le añade la forma poco trasparente con que se gestionan consultas y pruebas complementarias, mediante agendas cerradas en las que -con criterio administrativo y no asistencial- se asignan las citas del mes siguiente, únicas que computan como lista de espera.

El resultado es una verdadera tomadura de pelo; resulta que solamente se publican las listas de Cirugía, y, por si fuera poco, sus contenidos pertenecen más al género de ficción que al informativo.

La cuestión se limitaría a una de esas guerras de cifras habituales en un país acostumbrado a que todos los estudios estadísticos, encuestas y auditorías arrojen siempre los resultados más convenientes para quien las encarga, paga o promueve, si no fuera porque de estos datos depende el bienestar de muchos ciudadanos cuyo derecho a la salud, teóricamente garantizado por la Constitución y las leyes vigentes, se está vulnerando por sistema.

Existen estudios independientes que indican que la duración de las listas de espera quirúrgicas en Castilla y León se ha incrementado entre un 20 y un 40 por ciento en este último año. Así que no cuenten milongas. Urge tomar medidas que vayan más allá del beneficio del sector privado mediante la trasferencia de unas pruebas e intervenciones que acaban saliendo más caras que cuando se realizan en el público.

El despido de trabajadores expertos y cualificados y la no sustitución de los que se jubilan ocasiona el colapso del sistema, no resuelve el problema. La solución es más bien la racionalización y el uso eficaz de los recursos humanos y materiales disponibles. En resumen, una planificación que persiga la mejora del sistema público de salud, en lugar de su desmantelamiento soterrado en favor del sector privado al que estamos asistiendo en estos desdichados tiempos.