
Ganar unas elecciones no da patente de corso a los gobernantes para que, una vez logrado el poder, traten de imponer su propia voluntad a los ciudadanos, saltándose todas las normas. La tarea más importante de un responsable político es cumplir y hacer cumplir la Ley, porque si esto no se hace, es difícil exigir respeto a sus actuaciones.
Eso es lo que ha pasado en la Consejería de Sanidad de Castilla y León con varias actuaciones polémicas que está realizando, incumpliendo la legalidad de negociar con los interlocutores legales, los sindicatos, y así lo ha demostrado el sindicato CCOO, cargado de razones, al que felicito por su actuación, llevando a los tribunales la imposición no negociada de las Unidades de Gestión Clínica.
El recurso que presentó el sindicato CCOO contra la Resolución del 31 de mayo del 2012 por la que se aprobaba el Programa Especial de Gestión Clínica ha sido estimado por la Sección Primera de la Sala de Contencioso-Administrativo. Esta resolución se centra en la forma en que se puso en marcha este programa, al no ser negociado en la mesa sectorial sanitari,a cuando afectaba y modificaba las condiciones de los trabajadores.
Esta actuación, sin previa negociación y por vía de hecho, con la puesta en funcionamiento de las Unidad de Cardiología del Hospital Clínico de Valladolid y la Unidad de Salud Mental del Complejo Asistencial de Zamora contraviene la Ley, así como el Estatuto Jurídico del Personal Estatutario del Servicio de Salud de Castilla y León.
Este varapalo no es sólo para la Consejería, también para el Ministerio de Sanidad, que en la Ley 10/2013 para regular temas como la farmacovigilancia, aprovechó lo farragoso que son las normas para introducir, con premeditación y alevosía, en su disposición final quinta, la creación de las Áreas de Gestión Clínica, dando posibilidad a la administración a regular e imponer el régimen laboral, para ir eliminando poco a poco el régimen estatutario de los trabajadores de la Sanidad y aprovechar para introducir privatizaciones encubiertas.
Es evidente el fracaso de los gestores sanitarios, sobre todo en las políticas de recortes, que, ante su incapacidad de ordenar y hacer viable el sistema sanitario, tratan de responsabilizar a los trabajadores para que sean éstos los que apliquen los recortes, relacionando incentivos salariales con el ahorro y no con la buena calidad de la salud.
Es patente el malestar general y el rechazo que se ha creado contra las Unidades de Gestión Clínica entre la mayoría de los trabajadores sanitarios. Conocemos las experiencias piloto y los problemas que conllevan; por lo tanto, bienvenida sea esta sentencia que espero y deseo sirva para hacer reflexionar a nuestros responsables sanitarios. Se necesitan propuestas y actuaciones consensuadas con sindicatos, profesionales y usuarios, con objetivos claros, gestionados desde lo público y en defensa de los derechos de los ciudadanos.
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