El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este sábado que será obligatorio usar mascarilla en el transporte público a partir del próximo lunes, 4 de mayo, fecha en la que comienza la fase de desescalada progresiva de las restricciones vigentes para frenar la progresión de la pandemia de COVID-19.
Ante la entrada en vigor de esta norma, el Gobierno distribuirá seis millones de mascarillas en los principales nodos de transporte, otros siete millones a través de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y 1,5 millones más se repartirán desde diferentes instituciones sociales, como Cruz Roja, Cáritas o el CERMI.
Sánchez ha reconocido que este nuevo periodo se inicia “con muchas incertidumbres”, pero también “con algunas certezas sólidas”, entre ellas, que el distanciamiento social “era el camino más sólido, que la higiene era lo mejor para atajar los contagios y que el confinamiento total no se podía mantener”. También ha asumido la posibilidad “de que nos equivoquemos”, porque “hemos tomado decisiones que nadie había tomado antes”.
De hecho, ante el riesgo de que se produzcan rebrotes, el presidente del Ejecutivo ha admitido: “Estoy convencido de que durante los próximos meses, hasta que no encontremos el remedio terapéutico, la vacuna, vamos a tener rebrotes. Lo que necesitamos es que esos rebrotes no pongan en tensión a nuestro sistema nacional de salud. Por lo tanto, es muy importante no bajar la guardia”.
No obstante, ha considerado que, si llega a producirse un “freno” en el avance hacia la que él mismo ha denominado nueva normalidad, “no significará un fracaso ni de las autoridades ni de la sociedad civil”, sino que ese “paso atrás que demos a tiempo” puede suponer “dos pasos adelante inmediatamente”.
Sánchez, que ha puesto de manifiesto la evolución positiva que refleja el balance del Ministerio de Sanidad, ha indicado que el dolor “continúa siendo insoportable” al observar las cifras de fallecidos durante la epidemia. A pesar de todo, ha dicho, “la ejemplar disciplina social nos trae un pequeño alivio”, y permite comenzar “una etapa en la que, poco a poco, recuperaremos espacios” y en la que, sin embargo, “serán más importantes el control y la responsabilidad personal”.
En relación al inicio de la desescalada, el presidente ha recordado que, en general, parte el próximo lunes de la fase 0 para todos los territorios, excepto para Formentera, El Hierro, La Graciosa y La Gomera, que pasarán directamente a la fase 1, que incluye el contacto social en grupos reducidos entre personas sin síntomas ni patologías previas y la apertura de mercadillos, terrazas, bibliotecas y espectáculos culturales al aire libre con limitaciones de aforo, entre otras medidas.
En cuanto al resto del país, Sánchez ha mencionado que podrán abrir locales y establecimientos como librerías, ferreterías y talleres, entre otros, para la atención de un cliente por cada trabajador, con medidas adecuadas de protección y con horarios de atención preferente para las personas mayores de 65 años. Restaurantes y cafeterías podrán funcionar para entregar pedidos realizados por teléfono, internet o aplicaciones móviles (puede consultarse aquí una previsión orientativa de las actividades que podrán realizarse en cada fase).
Respecto a la transición de las diferentes zonas a las distintas fases previstas, el presidente del Ejecutivo ha indicado que habrá una negociación bilateral con cada comunidad para decidir qué territorios pueden pasar de fase en base a criterios consensuados con las CCAA. Además, ha subrayado que la duración de la desescalada dependerá “del grado de cumplimiento de los ciudadanos respecto a las recomendaciones que se establezcan en cada etapa.
Durante su intervención, Pedro Sánchez ha dejado claro que iniciar el proceso de desescalada no implicará por el momento el fin del estado de alarma, cuya prórroga seguirá solicitándose por periodos de 15 días “para rendir cuentas” en el Congreso –donde debe discutirse por ley la solicitud– y favorecer “el diálogo con todas las fuerzas políticas”.
Según ha afirmado, el estado de alarma es un instrumento eficaz, y el único que tenemos ahora mismo, para hacer frente a la COVID-19″, y permite también, ha añadido, “amparar” a quienes se han acogido a un ERTE o a alguna de las nuevas ayudas sociales aprobadas en el actual marco extraordinario.
16.000 millones para las CCAA
En su comparecencia, el presidente del Gobierno también ha anunciado que se aprobará “un fondo especial” dotado con 16.000 millones de euros “para que ninguna de las comunidades autónomas se quede atrás, con independencia del impacto que haya tenido la pandemia”. De esta cantidad, 10.000 millones serán para gasto sanitario, 1.000 para gasto social y 5.000 para paliar la caída de la actividad económica.
“La senda de crecimiento sostenido y sólido que seguíamos antes de la epidemia se verá interrumpida, y la riqueza nacional se verá reducida en más de un 9%”, ha lamentado Sánchez, quien ha resaltado que en durante la actual crisis sanitaria se ha producido “la mayor movilización de recursos públicos de la historia de la democracia” y ha señalado: “Tenemos cuatro años de legislatura por delante para reconstruir social y económicamente nuestro país”.
“El quinto país del mundo en test realizados”
El presidente del Gobierno, que ha considerado necesario “reforzar la Atención Primaria” para afrontar la etapa de desescalada de las restricciones vigentes, ha defendido que España es “el quinto país del mundo” en número de pruebas diagnósticas realizadas. “Hasta el 30 de abril hemos hecho 1,365 millones de PCR y 581.325 test de anticuerpos”, por lo que “llevamos más de 1,9 millones de test realizados”, según datos aportados por las CCAA, que esta semana han comunicado 290.000 PCR y 271.000 pruebas serológicas.
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