La Federación Nacional de Asociaciones de Lucha Contra las Enfermedades del Riñón (ALCER) ha emitido un comunicado en el que celebra la decisión del Ministerio de Sanidad de dar marcha atrás en la aplicación del copago por la utilización del transporte sanitario no urgente. “Finalmente se ha impuesto la cordura y la propia ministra ha expuesto su firme decisión de no regular esta opción por considerar que no cumple con los criterios disuasorios y de sostenibilidad que en un principio se pensaron necesarios”, indica la entidad.
También ha mostrado su satisfacción al respecto el presidente de Alcer Salamanca, Francisco Carmelo Martín, aunque reconoce tener “ciertas dudas” por el anuncio realizado ayer por Ana Mato, teniendo en cuenta que a pesar de que “durante una reunión que mantuvo hace unos dos años con la federación nacional nos aseguró que no se iba a obligar a los enfermos renales a hacer un pago por el transporte para los tratamientos de hemodiálisis, luego cambió de postura, así que no me fío mucho”.
El representante del colectivo en la provinca reconoce que después de la negociación mantenida con el Ministerio las cantidades que tenían que haber abonado estos pacientes eran mínimas -6, 12 y 60 euros anuales, según tramos de renta-, pero destaca el contenido simbólico de esta medida para los numerosos enfermos de riñón que dependen de estos tratamientos continuos para sobrevivir. “No se puede olvidar que durante los primeros meses hemos vivido una gran incertidumbre, porque se llegó a hablar de un copago de 30 euros mensuales por el servicio de transporte al hospital para hemodiálisis, una cantidad que la mayoría de afectados no podía asumir, aunque luego se rebajó a 0,50 euros mensuales para las rentas más bajas”, comenta.
En este sentido, la Federación Nacional ALCER recuerda en su comunicado que fue a finales de abril de 2012 cuando se publicó el real decreto que determinaba la nueva regulación del copago y dispensación farmacéutica, en el que se mostraba la intención de regular también el copago en el transporte sanitario no urgente y los productos nutricionales y ortoprotésicos dentro de la cartera de servicios suplementaria.
“Inmediatamente después de su publicación, nuestra Federación mostró su preocupación por esta medida, al entender que perjudicaba especialmente a los pacientes renales en tratamiento de hemodiálisis, y ofreció al departamento que dirige Ana Mato opciones alternativas para ayudar a la sostenibilidad del tratamiento renal sustitutivo”. De este modo, posteriormente se celebró una reunión entre el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y la entidad nacional, “para que ese copago de transporte sanitario no urgente no se aplicara a los pacientes renales crónicos, aduciendo que se trataba de un transporte vital”. Así, y después de nuevos contactos, se llegó al acuerdo de establecer una aportación en estos enfermos que fuera “meramente simbólico, de 6, 12 y 60 euros anuales según tramos de renta, y que fue aprobado por el Consejo Interterritorial de Sanidad”.
Finalmente el Ministerio de Sanidad ha dado marcha atrás, como destaca la organización, que se “congratula” de una decisión “que da la razón a nuestras argumentaciones e impone la cordura, afianzando aún más la intención de nuestra entidad de trabajar conjuntamente con las administraciones sanitarias por la calidad y sostenibilidad del tratamiento renal sustitutivo que la Sanidad pública ofrece a los pacientes renales y sus familias”.
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