El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, que esta mañana ha participado en la décimo tercera reunión de mandatarios autonómicos con Pedro Sánchez, ha mostrado su malestar por el cambio de los criterios para el reparto del fondo extraordinario de 16.000 millones de euros que el Gobierno destinará a las CCAA, al considerar que la distribución es “injusta” y “no cubre la factura de la COVID y los sobrecostes reales de la pandemia en Sanidad y servicios públicos”.
“El reparto castiga a las comunidades autónomas que más hemos sufrido la pandemia”, ha afirmado. Fernández Mañueco ha recordado que su Ejecutivo ha solicitado ingresos adicionales para Educación y Transporte, pero su inclusión en este fondo extraordinario supone “un recorte para las partidas destinadas a Sanidad y Servicios Sociales”.
Por otro lado, ha vuelto a solicitar la gestión del ingreso mínimo vital en Castilla y León, y ha recordado que la Comunidad “tiene la capacidad, la experiencia y el reconocimiento de organismos independientes en la buena gestión de los servicios sociales”. En este sentido, el presidente del Gobierno autonómico ha considerado necesaria una mayor coordinación para evitar duplicidades a la hora de abordar las ayudas dirigidas a los mismos colectivos por parte de diferentes administraciones.
Respecto al borrador del decreto-ley que guiará el periodo posterior al estado de alarma, presentado hoy por el Ejecutivo central, Fernández Mañueco ha afirmado que el texto “genera dudas jurídicas que deben aclararse”, por lo que desde la región se han enviado aportaciones para su mejora, entre ellas, “la necesaria clarificación” del marco competencial, “ya que son las CCAA las que tienen las grandes competencias en el ámbito sanitario, y en el actual borrador no queda claro quién tiene que tomar las decisiones”.
Además, cree fundamental “controlar la movilidad entre comunidades autónomas”, al igual que la internacional, “algo que es responsabilidad exclusiva del Estado, al tiempo que ha subrayado que la fórmula para tomar las decisiones en el Consejo Interterritorial “debe ser el consenso, no la mayoría”.
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