La Consejería de Presidencia de Castilla y León y los sindicatos CSI-F, UGT y CCOO firmarán hoy el acuerdo alcanzado para hacer efectiva la devolución, a los empleados públicos de la Comunidad, de la nómina extraordinaria y los días libres pendientes desde 2012. El documento contempla la devolución del 50% de la extra antes de finalizar el año y el resto, hasta completar el 75,9% que falta por abonar.
Según indican estas organizaciones sindicales en un comunicado conjunto, el pacto recoge también “la devolución de la totalidad de los días adicionales por antigüedad (de vacaciones y de asuntos particulares) y la exigencia al Gobierno de la Nación de la retirada de los impedimentos legales existentes para la recuperación de la jornada de 35 horas semanales y los complementos en caso de incapacidad temporal”.
En su segundo apartado, el acuerdo contempla “el compromiso de negociación durante la actual legislatura de una serie de medidas para la mejora y modernización de la Función Pública”, con cuestiones como “la actualización de las relaciones de puesto de trabajo, el concurso abierto y permanente para funcionarios y fijos discontinuos, la oferta de empleo público y promoción interna, la carrera profesional en todos los sectores, salud laboral, el plan de igualdad o la recuperación de la acción social, algunas de ellas, viejas reivindicaciones de la parte sindical”.
También se incluye, señalan CCOO, CSI-F y UGT, “una referencia expresa a la necesidad de mejorar y profundizar en la labor que se realiza en las Mesas Sectoriales de Sanidad y Educación, con un llamamiento para que se alcance un acuerdo análogo al de la Mesa General que fije las prioridades de la legislatura”.
Para estos sindicatos, el documento consensuado “es un primer paso para alcanzar el acuerdo”, por lo que decidieron desconvocar las movilizaciones previstas esta semana.
Siguen las protestas de SATSE
Quien sí continuará con sus medidas de presión es el Sindicato de Enfermería de Castilla y León (SATSE) que no firmará el acuerdo con la Junta “porque no supone más que un respaldo al interés del Gobierno autonómico de mantener la paz social, aunque sea a costa de los intereses de sus empleados públicos”.
Como ya explicó hace unos días la organización sindical, considera que la “supuesta devolución” de los derechos laborales suprimidos en 2012 “puede llegar a ser solo una declaración de intenciones que en cualquier momento futuro puede quedarse en papel mojado por circunstancias económicas, dado que se ha dado un plazo muy extenso de tiempo –hasta 2018- para devolver algunos de ellos, como los días por antigüedad o un porcentaje de la paga extra”.
En este sentido, insiste en que seguirá adelante con sus movilizaciones “para defender al colectivo enfermero de Castilla y León, también el más numeroso de los empleados públicos que trabajan en el sistema sanitario regional: 11.000 profesionales a los que no se les ha hecho una propuesta que suponga que de verdad hay intención de reponer inmediatamente los derechos que se eliminaron en 2012”.
Además, SATSE reitera que, con ese acuerdo, “los sindicatos firmantes están aceptando dar un cheque en blanco a la Consejería de Sanidad para que siga sometiendo a una tremenda presión asistencial a empleados públicos como los de enfermería, ya suficientemente sobrecargados de trabajo en los últimos años por los recortes sufridos”.
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