Los profesionales de Sacyl a quienes se les reconozca ahora su grado de Carrera Profesional tendrán derecho a cobrar los atrasos desde el 1 de enero de 2012. Así lo establece una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) que responde a un proceso abierto a instancias de CCOO, que exigía que la convocatoria de 2010 tuviese en su resolución los efectos correspondientes al año 2012.
El fallo, del pasado 17 de noviembre, ha dado la razón al sindicato, que en una nota de prensa recuerda que “mucho costó que la Gerencia Regional de Salud aplicase la sentencia, ganada en su momento por la asesoría jurídica de CCOO, que le obligaba a convocar la Carrera Profesional correspondiente al año 2010, a lo que se negaba echando mano de las medidas de recorte contempladas en la Ley 1/2012, en una ilegítima aplicación con carácter retroactivo”.
Según la organización sindical, “con su política de perjudicar a sus trabajadores, los más damnificados por los recortes de los Gobiernos de España y Castilla y León, Sacyl pretendió llevar a cabo un nuevo engaño y aplicar a su manera los efectos económicos de aquella convocatoria”, y pretendía “resolver en 2016 para empezar a pagar en 2017”.
“Comisiones Obreras no iba a permitir su nueva maniobra oscurantista, y acudió a los tribunales para exigir que la norma se cumpliera en su letra y en su espíritu. El resultado de este litigio, tras el correspondiente recurso de apelación interpuesto por CCOO, ha sido esta sentencia, contra la que no cabe recurso ordinario de ningún tipo, y como decíamos antes, aquellos a quienes se les reconozca ahora el grado de Carrera Profesional tendrán derecho a cobrar los atrasos desde el 1 de enero de 2012”, aclara.
Además, el sindicato subraya la importancia de que a partir de esa fecha, además, “empezarán a contar los plazos para poder solicitar el grado siguiente cuando se reanuden las convocatorias de Carrera Profesional, algo que está en el acuerdo firmado por sindicatos y Junta de Castilla y León hace un mes”.
Estimaciones millonarias
Como advierte CCOO, esta decisión judicial supondrá un elevado desembolso económico para Sacyl, y critica el hecho de que, “una vez más, una cabezonería de la Consejería de Sanidad obligue a un desembolso extraordinario al que nunca debiera haberse llegado”. La organización señala que realizará el cálculo de la cuantía cuando estén disponibles los listados definitivos, pero pone varios ejemplos:
– “Suponiendo que todos los admitidos consigan el Grado, hay que tener en cuenta que para cada médico que alcance ahora el Grado I hay que habilitar 12.484 euros, y hay 319 médicos”, lo que supone casi 4 millones de euros.
– Para cada uno de los 355 enfermeros aspirantes, 7.490 euros, por lo que la cantidad que habría que destinar a remunerar este grado de reconocimiento supera los 2,6 millones de euros.
– En el caso de los 111 celadores, la cifra que corresponde a cada uno es de 2.208 euros, lo que implica más de 245.000 euros, incluidos los atrasos de cuatro años.
“Solo en esos tres grupos, a falta de otros 210 profesionales, tendrían que pagar 6,88 millones de euros”, avisa CCOO, que recuerda que para el resto de grados las cantidades son más elevadas: “En el caso de los admitidos del Grado II, para cada médico que lo alcance hay que habilitar casi 12.500 euros, y hay 842, lo que supone 10,5 millones; para cada enfermero, 7.490 euros, y hay 570, que son más de 4,26 millones; o 1.226 euros para cada uno de los 250 celadores (306.600 euros por los atrasos de cuatro años. Sólo para esos tres grupos Sacyl podría tener que pagar otros 15 millones de euros”, destaca.
Según las tablas facilitadas por CCOO, las cantidades que corresponden a cada profesional según su categoría y el grado reconocido son las siguientes para el caso del personal sanitario:
Y para el resto del personal, incluido el de gestión y servicios:
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