En una jornada de reivindicación por parte de los trabajadores de Sacyl para recuperar las condiciones laborales previas a los recortes de 2012, la Junta de Castilla y León ha llevado a la Mesa General de Negociación de Empleados Públicos una nueva oferta para restituir esos derechos “perdidos durante la crisis”, así como “una batería de medidas para modernizar la función pública” de la Administración autonómica.
La propuesta, que no ha sido acogida con satisfacción por los sindicatos que representan a los profesionales de los centros sanitarios de la región, incluye la devolución en tres partes de la paga extra pendiente desde 2012, concretamente, el 26,23% en 2015, otro 25% en abril de 2016 y el resto, en 2017. También prevé la recuperación de los cuatro días de vacaciones adicionales por antigüedad.
Según ha explicado el Gobierno regional en una nota de prensa, hoy se ha planteado a los sindicatos “una oferta compuesta por 20 puntos con voluntad de que ésta sea negociada de forma conjunta, tal y como ya expuso en las tres mesas celebradas anteriormente”. En este sentido, y aunque los representantes de la Administración “han manifestado su voluntad de continuar negociando esta misma tarde, e incluso mañana por la mañana”, para alcanzar un acuerdo “en el plazo más breve posible en beneficio de los empleados públicos”, los sindicatos “han optado por continuar en la tarde del miércoles, 14 de octubre”.
En la reunión anterior, continúa la junta, las organizaciones sindicales “se comprometieron a trabajar conjuntamente en una oferta que se debatiría esta mañana”, cuando “CSI-F, CCOO y FSES han formulado una propuesta conjunta que ha servido de base a la Administración para elaborar su contrapropuesta, haciendo posible así una negociación rápida y seria que permita restituir a los empleados públicos los derechos que perdieron durante la crisis”.
Retirada progresiva de medidas
Como recoge el Ejecutivo autonómico en su nota de prensa, el primer bloque de medidas se dirige “a retirar progresivamente las medidas derivadas de las restricciones presupuestarias de la crisis, respetando, por supuesto, la normativa básica estatal”, del siguiente modo:
– Devolución del 75% restante de la paga extraordinaria de 2012 en tres plazos: un 26,23% antes de finalizar 2015, un 25% en abril de 2016 y el resto, entre marzo y abril de 2017. La Junta se compromete a intentar anticipar la cuantía de 2017 a finales de 2016 “si la evolución económica y presupuestaria de la Comunidad es positiva”.
– Ampliación del plazo para disfrutar el sexto moscoso hasta el 31 de marzo de 2016.
– Modificación de la regulación de permisos, licencias y vacaciones con la finalidad de conceder cuatro días adicionales de vacaciones por antigüedad en 2016, “el máximo permitido por la normativa básica estatal”, y de limitar la posibilidad de disfrutar los días de vacaciones por días hábiles no consecutivos, “dado que ya se han recuperado la totalidad de los moscosos que motivaron esa modificación”.
– Negociación, en el primer trimestre de 2016, de la posibilidad de establecer días de asuntos particulares por antigüedad, los llamados canosos.
– Los días adicionales a las vacaciones y los de asuntos particulares por antigüedad no implicarán sustituciones, salvo en el sector de Sanidad y Servicios Sociales, donde la decisión corresponderá a las Gerencias autonómicas, según las necesidades del servicio.
– Reclamar “de forma inmediata, y de manera conjunta, al Gobierno de la Nación la recuperación de la jornada de 35 horas, el pago del 100% de las retribuciones de los empleados públicos durante las bajas laborales y que el pago de la extra de 2012 y las imprescindibles sustituciones no computen con el objetivo del déficit de cada año”. Según recuerda la Junta, la jornada de 37,5 horas y el pago de las incapacidades temporales “es normativa básica estatal, por lo que no tiene ningún margen para modificar la jornada, y solo cabe instar al Gobierno a que modifique la norma”.
Para los sindicatos que representan a los empleados públicos de Sacyl, la propuesta planteada hoy por el Gobierno regional es “insuficiente”. Algunos la califican, incluso, como una “tomadura de pelo”, por lo que avanzan que podrían convocarse movilizaciones en toda Castilla y León.
Hoy mismo se han producido en gran parte de los centros sanitarios de la Comunidad, donde CSI-F, CCOO, SATSE, SAE y CESM habían programado de forma individual, aunque a la misma hora, concentraciones en las que se ha exigido el cumplimiento del real decreto estatal que restituye los derechos laborales previos a 2012. Mientras, UGT había convocado una movilización en Valladolid, ante la Consejería de Presidencia. “Se ríen de nosotros. No estamos pidiendo que nos devuelvan el 5% de lo que nos han robado estos años, ni los días que tambien nos quitaron, solo pedimos el mismo trato que los funcionarios del Estado”, señalan desde CSI-F.
Mejora y modernización de la Función Pública
Por otro lado, el segundo bloque de medidas ofrecidas por la Junta a los sindicatos en la Mesa General de Negociación incluye propuestas dirigidas “a mejorar y modernizar la función pública de Castilla y León”:
– Modernizar las relaciones de puestos de trabajo (RPT), “avanzando hacia un sistema de ordenación de puestos que permita adaptar con agilidad la estructura de la Administración a las necesidades del servicio público”. Para ello se modificará la Ley de Gobierno y de la Administración de la Comunidad “antes de que finalice 2015”.
– Negociar los puestos tipo en marzo de 2016, garantizando que las RPT incluyan sólo esos puestos.
– Las nuevas RPT de servicios periféricos y centrales se aprobarán durante el 2016 y, a continuación, se convocarán las plazas vacantes a través del concurso abierto y permanente.
– Estudiar a lo largo de 2016 la posibilidad de avanzar, de un modelo de prevención de riesgos laborales mixto, hacia otro en el que las cuatro especialidades preventivas sean públicas.
– Desarrollar durante 2016 el estatuto básico del empleado público en la Comunidad de Castilla y León, adaptando la Ley de Función Pública en temas como ingreso y provisión y situaciones administrativas, entre otros.
– Reducir la interinidad a través de las convocatorias de ofertas de empleo público, agotando las tasas de reposición que el Estado marca como máximas anualmente.
– Realizar convocatorias de promoción interna cada dos años.
– Avanzar en la negociación del convenio colectivo de personal laboral de la Junta de Castilla y León.
– Iniciar la negociación de un Plan de Igualdad para los empleados públicos de la Junta de Castilla y León con el objetivo de concluir el diagnóstico de situación en el primer trimestre de 2016 y la aprobación del Plan en el primer trimestre de 2017.
– Mejorar la carrera profesional a través de la promoción de los empleados públicos, para lo cual “los secretarios generales y directores generales serán empleados públicos, salvo en casos excepcionales debidamente motivados en el decreto de estructura”; se reconvertirá “una parte de las plazas que ahora se proveen mediante el sistema de libre designación en plazas de concurso específico” y se revisará el sistema de acceso a las plazas de concurso específico, “cuya ocupación se someterá a evaluación y no será indefinida”.
– Evaluar el funcionamiento del teletrabajo durante 2016 a través de una auditoría de la Inspección General de Servicios para, en función de los resultados, tomar una decisión sobre su continuidad o modificación.
– Negociar un nuevo régimen de bolsas de empleo.
Memoria económica
Si se alcanza un acuerdo, la Junta se compromete a acompañarlo de una memoria económica. En opinión de la Administración autonómica, su oferta, “si bien no atiende la totalidad de las aspiraciones plasmadas en la propuesta conjunta de los representantes de los trabajadores, es la más ambiciosa que se puede plantear para hacer compatible la restitución de los derechos de los empleados y el cumplimiento del objetivo del déficit”.
Según el Gobierno regional, el coste de la devolución de la paga extra pendiente de 2012 supera los 150 millones de euros. Además, explica que los días adicionales por antigüedad “pueden suponer también un coste en aquellos servicios que se prestan las 24 horas del día, los 365 días de año, como pueden ser los hospitales, las Urgencias de Primaria o las residencias para personas mayores y personas con discapacidad”, motivo por el cual se plantea demorar hasta 2016 la negociación de su recuperación.
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