Cerca del 20% de los ancianos que padecen algún tipo de demencia está expuesto a situaciones de violencia en el ámbito familiar. Así lo pone de manifiesto un estudio dirigido por Jesús Rivera Navarro, profesor del Departamento de Sociología y Comunicación de la Universidad de Salamanca, y presentado en un acto en el que también intervinieron Israel Contador y Francisco Ramos, profesores de Psicología de la USAL, y Miguel Ángel Tola-Arribas, del Hospital Río Hortega de Valladolid.

Según ha explicado el profesor Rivera Navarro a Salud a Diario, la investigación se ha desarrollado desde dos objetivos fundamentales: por un lado, el de intentar validar un instrumento de detección del maltrato familiar en ancianos con demencia, un tipo de violencia “muy peculiar, porque la víctima no puede hacer declaraciones, así que la aproximación debe realizarse a partir de los profesionales que les atienden o de los testimonios de sus cuidadores”; por otro, y teniendo en cuenta estos condicionantes, el de obtener una “orientación o aproximación” de cuántas personas mayores que sufren demencia son maltratadas en el ámbito doméstico.
En este contexto, el proyecto se ha realizado a partir de entrevistas con 326 cuidadores informales procedentes de asociaciones de familiares de enfermos de alzheimer de varios puntos de Castilla y León, de consultas de Neurología de hospitales de Burgos y Valladolid y del CRE Alzheimer de Salamanca.
La investigación, desarrollada en los últimos tres años y que ha incluido aspectos cuantitativos y cualitativos, ha puesto de manifiesto que las situaciones de violencia en este tipo de enfermos dependientes “tienen que ver más con el maltrato económico, psicológico o por negligencia”, y que sólo en un 5% de los casos las agresiones son de tipo físico.
Además, el profesor de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales aclara que, en muchas ocasiones, estos episodios de violencia “no son intencionados”, sino “más bien fruto del estrés, la desinformación y el mal manejo del paciente, principalmente en las etapas más críticas de la demencia, que generan situaciones difíciles de manejar que pueden dar lugar a conflictos”. Por ello, destaca, el estudio no trata de “culpabilizar a los cuidadores, sino de señalar las situaciones en las que puede producirse el maltrato para corregirlas”, porque se deben a circunstancias “que se pueden mitigar”.
Factores de riesgo
A este respecto, Jesús Rivera señala que el trabajo ha permitido determinar cuáles son los factores de riesgo más importantes que se esconden detrás de la violencia que pueden sufrir los ancianos con demencia, algunos ya descritos en la literatura científica y otros de nueva observación. Entre ellos destacan “las relaciones previas que existían entre el cuidador y el enfermo; el apoyo social y la resiliencia del cuidador, es decir, su capacidad de responder positivamente a situaciones estresantes, y el nivel de ansiedad y sobrecarga que presenta”.
En relación a este último punto, el autor subraya otra de las conclusiones extraídas del análisis cualitativo de las entrevistas, “la existencia de roles de género en el cuidador -fundamentalmente mujer- y la presencia de sentimientos de culpabilidad por tomarse un respiro”, percepción que le impide hacerlo y que, por lo tanto, incrementa su estrés y sobrecarga.
Por otro lado, y aunque no se ha recogido formalmente en los resultados de la investigación “porque no se puede establecer una causalidad”, el profesor Rivera Navarro reconoce cierta influencia de la crisis y los recortes que ha sufrido la ley de dependencia. “Es un tema que aparece en los discursos y que los cuidadores comentan claramente. Hablan explícitamente de lo que les ha supuesto que las ayudas pasen de tres cifras a dos, de 400 o 500 euros a 40 o 50, aunque muchas de las personas que hemos entrevistado están vinculadas a asociaciones de afectados, donde encuentran un colchón de apoyo importante”, indica el investigador.
El trabajo, financiado por tres años por el Ministerio de Ciencia e Innovación como un proyecto I+D, y que aporta una amplia y valiosa información para el diseño de las políticas sociosanitarias, se prolongará un año más “sin fondos” para profundizar en la evaluación cualitativa de los resultados y publicar varios artículos en revistas especializadas.
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