El Gobierno de España ha aprobado hoy en Consejo de Ministros la Estrategia Española en Trastornos del Espectro del Autismo (TEA), una demanda histórica del colectivo que persigue la mejora de la calidad de vida en diversos ámbitos, sobre todo en Educación y Empleo, de las personas afectadas por este tipo de trastornos y sus familias.
Es la primera vez que se aborda la problemática a la que se enfrentan las personas con TEA y sus familias a nivel estatal y se ha hecho a propuesta del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, en colaboración con las entidades del tercer sector, que han participado activamente en su elaboración, así como del resto de ministerios y de las Comunidades Autónomas. El documento plantea 15 líneas estratégicas que, en el plazo de un año, han de reflejarse en un Plan de Acción donde se establecerán las medidas y acciones concretas.
El índice de prevalencia de TEA ha aumentado en las últimas décadas, situándose en la actualidad en 1 caso por cada 100 habitantes para Europa. Esto cifraría en unas 450.000 afectados por TEA en España, que se eleva a un millón si se considera que afecta a todo el entorno familiar. Se estima además que estos trastornos aparecen cuatro veces más en hombres que en mujeres.
Puesto que se trata de estimaciones, uno de los principales objetivos de la estrategia es promover la investigación y el conocimiento de TEA favoreciendo el desarrollo de sistemas de información coordinados entre comunidades. Además, para mejorar el grado de conocimiento de la sociedad sobre el trastorno, la estrategia se marca también como objetivo el fomento de campañas de concienciación y facilitar el acceso a información fiable.
Diagnóstico hacia los dos años
Por otro lado, los TEA afectan al neurodesarrollo desde las etapas prenatales y es posible diagnosticarlos hacia los 2 años. Sin embargo, tanto España como la mayoría de los países europeos tienen dificultades para hacer un diagnóstico temprano, aspecto que es necesario mejorar y que es otro de los principales objetivos que establece la estrategia.
En este afán, se han tenido en cuenta los avances en el conocimiento sobre el trastorno del autismo y los trastornos generalizados del desarrollo, que han implicado cambios en los criterios de diagnóstico y valoración y, por tanto, en los modos de intervenir en los ámbitos sociales.
Además, con la llegada a la vida adulta, los afectados se enfrentan a dificultades para acceder o mantener un empleo. Por ello, la estrategia persigue proteger el derecho de las personas con TEA a la vida independiente, la autonomía, la igualdad y la accesibilidad. Para conseguirlo se ha de promover una educación inclusiva mediante la especialización, innovación y flexibilización de las modalidades de escolarización a lo largo de todas las etapas de la vida. También el empleo, para lo que la estrategia propone fomentar apoyos al trabajador con TEA y a los empleadores.
Con este documento, el Gobierno establece un marco de referencia con el que se reconoce la necesidad de establecer unos parámetros mínimos que contribuyan a evitar disparidades territoriales, sobre todo a nivel autonómico.
Salud y atención sanitaria
Además de las mencionadas, las líneas estratégicas están relacionadas con la salud y atención sanitaria, favoreciendo los procesos asistenciales integrados, la atención especializada y multidisciplinar; la mejora del tejido asociativo y el acceso de las personas con TEA a los recursos comunitarios; la formación de profesionales y la justicia y empoderamiento de derechos, pues trata de promover la protección de sus derechos en los procesos judiciales y ante las situaciones de abusos y violencia.
Las líneas estratégicas seguidas en el documento tienen su referencia en la Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad que llevó a este Gobierno a aprobar en 2013 la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social (Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre). Por otro lado, los objetivos de la estrategia están en sintonía con los planes de salud coordinados por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
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