Las dificultades para acceder a una vivienda y poder mantenerla tienen consecuencias para la salud física y mental y pueden agravar las desigualdades sociales. Así lo advierte la Sociedad Española de Epidemiología (SEE), a través de su Grupo de Trabajo de determinantes de la Salud, en su posicionamiento ‘El derecho a una vivienda digna como derecho a la salud’, en el que defiende que garantizar un hogar adecuado, estable, seguro y asequible debe ser una prioridad de salud pública.