España ante el espejo del exceso: una reflexión crítica sobre obesidad y falsas soluciones

Según un estudio publicado en la Revista Española de Cardiología, la prevalencia de obesidad en adultos en España supera el 15%, mientras que más de la mitad de la población presenta exceso de peso. Aunque la tendencia general parece haberse estabilizado, el aumento entre los más jóvenes es alarmante.

Los informes más recientes de la Fundación Weber cuantifican que la obesidad ya supone un gasto de 130.000 millones de euros en España y señalan que incluso una pérdida moderada de peso entre el 5% y el 10%, podría suponer un ahorro sanitario y social significativo, llegando a reducir el impacto económico de manera sustancial.

Estos datos demuestran que abordar la obesidad no solo es una cuestión de salud individual, sino también de sostenibilidad para el sistema sanitario y la economía en su conjunto. Aunque reducir el problema a una cuestión de voluntad individual sería científicamente inexacto.

La Organización Mundial de la Salud recuerda que la obesidad es una enfermedad multifactorial influida por el entorno, la genética y los determinantes sociales. En España, las tasas son más elevadas entre los sectores con menor nivel educativo y económico. No todos los ciudadanos parten del mismo punto de acceso a entornos saludables, alimentos frescos o espacios para la actividad física. De hecho, comunidades como Andalucía o Murcia presentan prevalencias mucho mayores que otras regiones como Madrid, reflejando una brecha territorial y social que las políticas públicas no han logrado corregir.

Alimentos

Esa desigualdad se hace aún más evidente cuando se analizan los precios de los alimentos: en los últimos años, los productos frescos han aumentado su coste por encima del 30%. Este contexto económico condiciona las decisiones cotidianas de millones de familias, demostrando que la obesidad no se combate en el supermercado, sino con políticas que aseguren el acceso equitativo a una alimentación saludable.

En este marco, el sistema de etiquetado frontal Nutri-Score ha sido presentado como una supuesta herramienta para orientar al consumidor hacia elecciones más saludables. Sin embargo, su utilidad real difiere por completo de ese objetivo. Aunque su escala de colores pretende simplificar la información nutricional, su fórmula algorítmica que ha sido modificada constantemente, se basa en nutrientes aislados y no en el alimento como parte de un patrón dietético. Esto puede inducir a error: un producto puede obtener buena puntuación aunque su papel en la dieta general sea limitado.

El sistema Nutri-Score tampoco contempla el grado de procesamiento, ni la calidad de los ingredientes, ni el tamaño de la ración o la frecuencia de consumo. Tampoco tiene en cuenta el contexto cultural o socioeconómico. Además, desplaza la responsabilidad exclusivamente al individuo, bajo la lógica de que “elegir bien” depende solo de leer etiquetas, ignorando otros factores como el precio de los productos.

El sistema de etiquetado Nutri-Score, aunque pretende facilitar decisiones más saludables, ofrece una visión parcial y simplificada de la alimentación. Su aplicación puede generar confusión al reducir la calidad nutricional de un producto a un código de colores que no refleja el contexto real del consumo ni el patrón dietético general. Confiar en este tipo de herramientas como solución al problema de la obesidad es ignorar la complejidad del comportamiento alimentario y del entorno social que lo condiciona. En última instancia, apostar por sistemas como el Nutri-Score puede desviar la atención de lo esencial: la necesidad de políticas públicas sólidas que garanticen educación nutricional, acceso a alimentos frescos y entornos que favorezcan elecciones verdaderamente saludables.

Ejemplo de Italia

Esto es lo que ha hecho Italia, que en octubre aprobó una ley histórica reconociendo la obesidad como una enfermedad crónica, integrándola plenamente en el Sistema Nacional de Salud. La norma cambia el enfoque tradicional: deja de tratar la obesidad como un problema individual para abordarla como una condición médica y social compleja, con dimensiones biológicas, sociales y ambientales.

Para ello, la ley establece un conjunto de medidas de promoción de la salud como educación nutricional, actividad física y apoyo a la lactancia materna, y establece campañas permanentes de concienciación con un fondo anual de 100.000 euros para iniciativas locales. También garantiza un enfoque multidisciplinario en prevención, tratamiento e investigación, e impulsa la colaboración entre salud, educación, deporte y urbanismo.

Como parte de su arquitectura institucional, la ley crea además un Observatorio Nacional de la Obesidad, encargado de monitorear la aplicación de la ley y presentar informes anuales al Parlamento. La financiación será creciente: 700.000 euros en 2025, 800.000 en 2026 y 1,2 millones anuales a partir de 2027. Italia se convierte así en el primer país europeo con un marco legal tan completo frente a la obesidad.

Ante este contexto, España necesita replantear su estrategia: asumir que la salud no es solo responsabilidad individual, sino un derecho condicionado por el entorno. Se requiere una política integral que combine prevención temprana, educación alimentaria crítica, urbanismo saludable y regulación del marketing dirigido a menores. La obesidad no se combate con soluciones simplistas como el Nutri-Score, sino con un modelo que garantice oportunidades reales para elegir mejor. El verdadero reto no es enseñar a decidir, sino asegurar que todos puedan hacerlo.