El informe ‘La Atención Primaria en las Comunidades Autónomas’, publicado por la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), pone de manifiesto que si bien la AP ya se encontraba seriamente debilitada antes de la pandemia por covid-19, ésta no hizo sino agravar las cosas y llevarla a una situación crítica.
Los datos sobre la Atención Primaria en el territorio español recogidos por la FADSP revelan que el gasto sanitario sigue siendo bajo, con un porcentaje que está por debajo del de 2010 (0,74 puntos menos en 2019) e incluso en los presupuestos para 2022 no está previsto que se recupere. Hay una gran dispersión geográfica, que va desde el 11,21% del gasto total destinado a AP en Madrid al 18,01% de Andalucía. En los presupuestos de este años se sitúa entre el 17,1% de Extremadura y el 10,73% de Madrid.
En €/habitante y año el gasto promedio fue de 211, y se sitúo, teniendo en cuenta los datos de 2019, entre los 272,48 de Extremadura y los 150,08 de Madrid. “Unas diferencias tan importantes generan necesariamente grandes desigualdades en las prestaciones de la AP entre las CCAA”, aseguran los autores del informe Alejandra Zamorano de Castro, Carlos Sánchez Fernández, Sergio Fernández Ruiz y Marciano Sánchez Bayle.
Tarjetas sanitarias por cada profesional
En 2020 se produjo un ligero aumento en el número de tarjetas sanitarias (TSI) por cada profesional de medicina de familia y de enfermería y un descenso por pediatra y administrativo respecto a 2018 (+ 3, + 24, – 13 y – 55 respectivamente), con gran variabilidad entre CCAA, manteniéndose unas ratios muy elevadas en todas ellas.
En medicina de familia, en 2020, las ratios van desde 1.538 en Madrid a 909 en Castilla y León. Las TSI por profesional de medicina de familia han aumentado en nueve CCAA y disminuido en el resto; en todo caso las variaciones han sido pequeñas. El porcentaje de profesionales con más de 1.500 TSI es elevado (37,1%) y “escandaloso” en algunas comunidades, como Baleares 82,7% o Madrid 53,57%).
En pediatría la ratio sigue siendo elevada, aunque en descenso, probablemente debido a la bajada de la natalidad. Las ratios oscilan entre 1.137 de Baleares y 772 de Castilla y León. El porcentaje con más de 1.250 TSI es del 7,53%, siendo más elevado en Madrid (21,37%) y Baleares (20,27%). Madrid tiene el 51,94% de los que tienen más de 1.500 TSI de todo el país.
En enfermería se mantiene la situación atípica de nuestro sistema sanitario que hace que el número de profesionales sea menor que el de medicina en AP, cuando el promedio de la OCDE está en 1,5 a favor de la enfermería. A pesar de ello, la ratio empeora entre 2019 y 2020, siendo en este año de 1.509 TSI / profesional con variaciones entre 1.988 (Madrid) y 1.094 (La Rioja).
El personal administrativo mejora ligeramente, si bien continua con ratios
muy elevados (2.724 en 2020) y oscila entre 5.131 de La Rioja y 1.343 de Canarias. La falta de este personal administrativo es precisamente una de las principales causas de la sobrecarga burocrática del personal asistencial que dificulta sus tareas.
Número de consultas
El número de consultas de AP aumentó globalmente entre 2019 y 2020 (un 12,59% más), rompiendo la tendencia de años anteriores. Las consultas de medicina predominan sobre las de enfermería (ratio 1,79 que aumenta en 2020 respecto al 1,76 de 2019), probablemente como resultado tanto de un menor número de estos
profesionales como por las tareas que han tenido que asumir durante la pandemia.
La frecuentación general en 2020 es de 8,18 (5,26 en medicina y 2,93 en enfermería) superior a la de 2019. Por CCAA oscila entre 11,5 en Castilla y León y 6,99 en Madrid y Canarias. La tasa de urgencias y emergencias es elevada, aumentando las que
son resueltas por el centro coordinador y bajan ligeramente las que requirieron
un desplazamiento profesional.
La tasa de interconsultas aumento, pasando de 381,13 en 2017 a 405,78 en 2020, con gran diferencia interautonómica: máximo de 590,49 en Canarias y mínimo de 146,26 en Cantabria, lo que evidencia que el grado de resolución de la AP disminuyo en este tiempo.
Gasto farmacéutico
El gasto en recetas aumento un 17,73% entre 2014 y 2020, experimentando
crecimiento en todas las CCAA. Fue en 2021 de 247,9 €/habitante y año de
promedio, un aumento de 14,5€ desde 2019, y desde 2014 el aumento
fue del 19,7% (40,8 € per cápita más).
El aumento se produjo en todas las CCAA, con excepción del País Vasco, y fue mayor en Andalucía (31,7%), “probablemente ligado a la desaparición de las subastas de
medicamentos con el gobierno del PP en esta comunidad autónoma”.
Opinión de la ciudadanía
Las encuestas de población nos permiten ver el porcentaje de personas que consultaron al médico en el primer nivel asistencial en 2020, el 20,97% del total (entre el 29,37% en Castilla y León y el 11,95% en Baleares) dato influenciado positivamente por la edad y negativamente por los obstáculos al acceso producidos por la pandemia.
El dispositivo utilizado fue en un 86,29% la AP de la Sanidad Pública (entre un 86,29% en Extremadura y el 78,07% en Baleares), la segunda alternativa fue la consulta privada (8,10%) y después una aseguradora (5,05%).
La valoración de la AP pública es buena, un notable (7,29) que también tienen los profesionales de medicina (7,78) y de enfermería (7,77) y que se refleja además en el porcentaje que valoró como buena o muy buena la atención medica recibida (87,2%).
El mayor problema identificado eran las demoras en las citas que ya se producían antes de la pandemia. El 41,5% tenía cita después de 48 horas y el 34,7% después de 6 días. Una situación que alcanzaba valores escandalosos en Cataluña (77 y 57%) y Valencia (87,3 y 41,5%). Lógicamente la mayoría de la población (el 69,6%) estaban descontentos con la demora en la asistencia. Igualmente, la demora de más de una hora en la sala de espera se produce en un porcentaje excesivo (27,7%).
Durante la pandemia se abusó de la utilización de la consulta telefónica, siendo el España el país de la UE donde se utilizó en un mayor porcentaje.
Recomendaciones
Con esta evolución sobre la mesa, los expertos que han realizado el informe establecen veinte recomendaciones para mejorar y consolidar la Atención Primaria.
Entres ellas, incrementarse notablemente los presupuestos sanitarios para la AP hasta llegar al 25% del gasto sanitario público, es decir unos 10.000 millones de euros más. Del mismo modo, consideran fundamental disminuir la presión asistencial en la AP, y para ello se precisa un incremento sustancial de las
plantillas que establezca un máximo de 1300 TSI para profesionales médicos y
de enfermería y de 1.000 para pediatría. Esto significa a corto plazo un aumento de al menos 8.000 profesionales de medicina y 15.000 de enfermería en AP en todo el país.
Deben de ser convocadas todas las plazas de formación MIR acreditadas para pediatría, medicina de familia y enfermería comunitaria, para permitir la existencia de especialistas cualificados en AP. Asimismo, hay que realizar aumentos en el personal administrativo para lograr una ratio de 1.700 TSI /administrativo (unos 10.000 más en todo el país)y el compromiso de recuperar las citaciones desde los centros de salud.
La FADSP apuesta por asegurar que más del 95% de la demanda se atenderá en 48 horas y por recuperar las consultas presenciales por motivos clínicos y garantizar que las consultas telefónicas y telemáticas tengan un papel no discriminatorio para personas mayores o con dificultades para manejar las nuevas tecnologías.
Otras demandas pasan por ampliar el acceso a técnicas diagnósticas y terapéuticas, dar a la AP la tarea de coordinación de la atención sociosanitaria y el control asistencial de las residencias de mayores y dependientes o recuperar las actividades de promoción y prevención, así como la visita domiciliaria y la atención comunitaria.
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