Aprobado un real decreto que extrema la protección de pacientes y profesionales ante la exposición radiológica por pruebas médicas

El proyecto transpone parcialmente la Directiva 2013/59/Euratom, por la que se establecen normas de seguridad básicas para la protección contra los peligros derivados de la exposición a radiaciones ionizantes en lo relativo a las exposiciones médicas.

Con esta norma se busca dar respuesta a la necesidad de mayor rigor ante el incremento de estas exposiciones debido a las novedades tecnológicas y científicas y a la introducción de nuevos procedimientos en la práctica clínica. Así, se reforzarán la información a los pacientes, la notificación de las dosis de radiación de cada procedimiento y los programas de control de calidad del equipamiento. También se definen de forma más clara las responsabilidades de los profesionales implicados.

Una de las principales aportaciones del RD es la definición de las condiciones de aplicación de estas técnicas con el fin de que las exposiciones radiológicas tengan un beneficio neto respecto al riesgo asumido y que se mantengan las dosis individuales tan bajas como sea razonablemente posible. Además, regula aspectos novedosos como la protección de la infancia, la mujer durante el embarazo y la lactancia, las personas cuidadoras, los voluntarios que participan en programas de investigación, las exposiciones accidentales y los procedimientos que impliquen altas dosis para el paciente.

Asimismo reconoce el derecho de los pacientes a ser informados sobre los riesgos y beneficios de las pruebas y de las dosis a las que se exponen, información que debe ser proporcionada por el prescriptor y el profesional sanitario responsable de la exposición. Dicha información debe estar recogida en el informe dosimétrico, que formará parte de la historia clínica.

Formación y responsabilidades

El citado RD contempla la formación de los profesionales en Protección Radiológica tanto en los planes de estudios de Pregrado como en los programas de Oncología Radioterápica, Radiodiagnóstico, Medicina Nuclear y otras especialidades, e incluye la de los técnicos superiores habilitados como operadores y la formación continuada.

Asimismo, el texto actualiza y delimita las responsabilidades de los profesionales que intervienen en los diferentes procedimientos radiológicos y unidades asistenciales, definiendo y sistematizado las funciones del prescriptor, el profesional sanitario habilitado y el operador, con especial referencia al especialista en Radiofísica Hospitalaria.

Otro de los aspectos esenciales que se recogen en la norma son los requisitos técnicos para los equipos médicos-radiológicos, que deben tener capacidad de informar sobre la cantidad de radiación producida y los parámetros necesarios para evaluar la dosis administrada al paciente. La norma establece que los equipos instalados antes del 6 de febrero de 2018 estarán exentos de dichos requisitos.

Subvenciones con cargo al 0,7% del IRPF

Por otro lado, el Consejo de Ministros ha dado luz verde a la distribución de 214,5 millones de euros correspondientes al tramo autonómico de las subvenciones sociales con cargo al 0,7% del IRPF. De esta forma, el Gobierno ratifica el acuerdo al que llegaron el pasado 10 de octubre las comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social en el seno del Consejo Territorial de Servicios Sociales y Dependencia.

Estos fondos se reparten entre las CCAA, Ceuta y Melilla, para que, a su vez, lo destinen a financiar programas de interés social dentro de sus competencias. Son subvenciones finalistas dirigidas a la atención de la pobreza y la exclusión social.

El reparto se realiza en función de la población, superficie, la tasa AROPE (indicador europeo que mide los índices de pobreza), la dispersión, la insularidad y la población dependiente.