El consejero de Sanidad de Castilla y León, Antonio María Sáez Aguado, ha opinado esta tarde sobre la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que ha desestimado el recurso presentado por la Junta de Castilla y León para tratar de frenar la aplicación del llamado copago hospitalario. Según ha declarado el máximo responsable sanitario de la Comunidad ante los medios de comunicación, el Gobierno autonómico se plantea la posiblidad de formular un recurso de casación tras la decisión judicial, para lo que sus servicios jurídicos estudiarán en profundidad el auto, aunque ha recordado que un nuevo procedimiento en este sentido no paralizaría el copago hasta su resolución.
Mientras tanto, Sáez Aguado ha insistido en la posición defendida desde el Gobierno regional, que considera que el establecimiento de un copago para los medicamentos de dispensación hospitalaria que necesitan los enfermos crónicos no aportaría “prácticamente nada” a la sostenibilidad del sistema sanitario, al tiempo que perjudicaría a los afectados, personas que padecen enfermedades graves y precisan de tratamientos prolongados. “A pesar de que no hemos podido paralizar la resolución por la vía judicial, seguimos considerando que no es adecuada, por el tipo de pacientes a los que afecta, para los que no debe ser una medida disuasoria, ya que, al tratarse de enfermos graves, deben seguir sus tratamientos. También porque, en términos de contribución a la sostenibilidad del sistema, no aportaría prácticamente nada y generaría ahorros muy limitados”, ha destacado.
En este sentido, ha apuntado incluso que el coste de implantar este tipo de copago farmacéutico podría ser más elevado que las aportaciones que realizarían los enfermos, fijadas en el 10% del precio de venta al público de cada envase, con un importe máximo de 4,20 euros. “En algunas estimaciones, los ahorros serían incluso inferiores al coste de gestionar esos copagos”, ha subrayado el consejero, quien ha puesto de manifiesto su confianza en que la decisión del TSJM no tenga “consecuencias”, teniendo en cuenta que la resolución que quería paralizar y anular la Junta de Castilla y León con su recurso no ha sido desarrollada en ninguna comunidad, a pesar de que está en vigor desde septiembre del pasado año.
“No se ha aplicado en ninguna de las comunidades autónomas, no ha tenido efectos, y yo lo que espero es que no los tenga en el futuro y que no se aplique en el conjunto del Sistema Nacional de Salud”, ha afirmado Saéz Aguado, para quien “lo más lógico que debe ocurrir es que se mantenga esta situación, con independencia del recurso judicial”.
Procedimientos de compensación
No obstante, por si las condiciones cambiaran y fuera necesario poner en marcha el copago hospitalario, el consejero de Sanidad ha reiterado el compromiso de la Junta de habilitar alguna fórmula para que la medida “no tenga impacto sobre los pacientes crónicos con enfermedades graves”. Para ello, la Administración sanitaria de Castilla y León ya ha estudiado “algunos procedimientos” que, según Sáez Aguado, irían dirigidos a “devolver” a los afectados sus aportaciones o a que éstas “no tengan que producirse”.
El responsable sanitario ha recordado que su departamento asumió “los cambios introducidos en el copago farmacéutico a través de receta considerando que era un esfuerzo que se reclamaba a los ciudadanos, que tenía algún sentido al plantearlo en términos progresivos, en función de la renta, y sobre todo superando una definición que venía de la época franquista y que dividía a la población en activos y pensionistas, con independencia de su renta”.
Esto ha supuesto, ha dicho, “que en Castilla y León 40.000 ciudadanos que antes tenían que aportar el 40% del coste de sus medicamentos hoy no lo hagan: parados sin subsidio, pensiones no contributivas y algunos otros grupos, algo que ha sido positivo”. Al mismo tiempo, ha añadido, “se ha pedido un esfuerzo limitado a los pensionistas, y todo ello ha contribuido a reducir el gasto en medicamentos, una partida muy elevada si la comparamos con la de otros países similares”.
En el caso del copago hospitalario, sin embargo, “no se produce ninguna de esas circunstancias, y por eso no le encontramos sentido y confiamos en que no se aplique”, ha reiterado el consejero, que ha recordado que en la región residen unos 8.200 pacientes crónicos bajo tratamiento de dispensación hospitalaria y que, por tanto, tendrían que asumir este tipo de copago, que supondría un montante de unos 200.000 euros, cantidad similar a la que supondría a la Administración castellana y leonesa implantar el sistema necesario para su gestión.
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