El Día Internacional de la Mujer, celebrado cada 8 de marzo, sigue siendo un faro de lucha por los derechos femeninos en un mundo donde las desigualdades persisten pese a los avances históricos.
En 2026, el 8M ha cobrado una relevancia renovada, con manifestaciones masivas en España y Latinoamérica que han unido demandas por la igualdad, paz global y rechazo al fascismo, en un contexto de tensiones geopolíticas y retrocesos en algunos países.
Las calles de ciudades como Madrid o Barcelona se han llenado con cientos de miles de personas exigiendo «igualdad real y paz contra el fascismo». Las manifestaciones han destacado no solo la brecha salarial y la precariedad laboral, sino también la defensa de derechos amenazados en regiones como Estados Unidos y partes de Europa del Este, donde leyes restrictivas han resurgido.
Los derechos de las mujeres varían drásticamente por país, revelando vulnerabilidades estructurales. En Afganistán, bajo el régimen talibán, las niñas están excluidas de la educación secundaria, y las mujeres, de la mayoría de los empleos públicos desde 2021, un retroceso que afecta a millones y ha sido denunciado por la ONU.
Una pandemia silenciada
En contraste, países como Suecia o Islandia lideran en paridad de género, pero incluso allí persisten brechas en salarios y representación en tecnología. En América Latina, Brasil y Colombia enfrentan altos índices de feminicidios, más de 4.000 al año en la región, agravados por conflictos armados y narcotráfico que desplazan a mujeres indígenas y rurales.
La violencia contra las mujeres es una pandemia silenciada que trasciende fronteras. La OMS estima que 840 millones de mujeres, una de cada tres adultas, han experimentado violencia física o sexual por parte de parejas o no parejas en su vida, cifra que se mantiene estable desde hace décadas pese a campañas globales.
Lograr igualdad exige políticas transformadoras, no paliativas. Modelos exitosos como el islandés incluyen las licencias parentales compartidas que han igualado la participación de padres en cuidados y reducido así la brecha salarial al 4%.
El 8M no es una celebración, sino un catalizador para políticas vinculantes. Con datos irrefutables de violencia y exclusión, urge una acción colectiva.
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