Comunicado de SECPAL sobre la necesidad de una ley estatal de cuidados paliativos

En primer lugar, creemos conveniente señalar que es erróneo e inadecuado plantear una ley de cuidados paliativos como contraposición a la ley de eutanasia, argumentando la necesidad de una norma estatal para evitar “que la opción de morirse» sea “la única”. Desde SECPAL hemos insistido en múltiples ocasiones en que no es apropiado situar la atención paliativa y la eutanasia en el mismo plano conceptual ni presentarlas como un dilema en el que ambas opciones son comparables, contrarias o excluyentes entre sí.

Si bien siempre hemos defendido que lo adecuado y oportuno habría sido garantizar previamente el acceso universal a los cuidados paliativos para dar respuesta a las necesidades de la inmensa mayoría de la población, plantearlos como alternativa opuesta a la eutanasia genera confusión y puede aumentar la desprotección de los pacientes y sus familias.

Dicho esto, reiteramos que no existirá nunca el libre derecho a decidir ni se dignificará el proceso de morir mientras las personas que sufren al final de su vida no tengan garantizado un acompañamiento integral y de calidad que alivie su dolor físico, emocional, social y espiritual, siendo los cuidados paliativos un derecho reconocido, pero no una realidad para todos los ciudadanos que los necesitan en nuestro país.

Desarrollo de los cuidados paliativos

Por ello, como sociedad científica, entre nuestros objetivos principales destaca el de lograr un adecuado desarrollo de los cuidados paliativos en España, su completo engarce en el sistema sanitario y la homogeneización de la prestación de servicios entre las diferentes comunidades autónomas.

Sin embargo, la situación real en nuestro país dista mucho de ser ideal. A menudo la atención paliativa llega tarde (cuando llega), su integración en el sistema sanitario no es completa y existe una gran heterogeneidad entre CCAA, incluso a veces dentro de un mismo territorio.

En los últimos años, el desarrollo de los cuidados paliativos en España ha sido lento, incompleto y ha generado numerosas desigualdades entre los ciudadanos. Existen comunidades autónomas con mejores recursos y otras con carencias muy significativas, lo que se traduce en inequidades, especialmente acusadas en algunos casos, en el acceso a esta prestación esencial para garantizar una atención adecuada ante la enfermedad avanzada y los procesos de final de vida.

En una sociedad como la actual, donde la inmensa mayoría de la población morirá como consecuencia de enfermedades progresivas e incurables, es necesario y urgente apostar por un desarrollo adecuado de los cuidados paliativos, y creemos que una ley estatal podría ser útil para homogeneizar su implantación.

No existe una ley nacional

Aunque en redes sociales se está difundiendo erróneamente la existencia de dicha norma, actualmente no existe una ley nacional de cuidados paliativos en España. En estos momentos, 11 comunidades autónomas disponen de legislación específica sobre la materia: Andalucía (2010), Aragón (2011), Navarra (2011), Canarias (2015), Baleares (2015), Galicia (2015), País Vasco (2016), Comunidad de Madrid (2017), Asturias (2018), Comunidad Valenciana (2018) y La Rioja (2025). Además, contamos con una Estrategia Nacional de Cuidados Paliativos cuya aplicación no ha sido suficiente para evitar que las desigualdades y diferencias en el acceso a esta prestación persistan.

La realidad es clara a este respecto: miles de personas en España no tienen acceso a una atención paliativa adecuada y a tiempo. Como venimos advirtiendo reiteradamente, las diferentes normativas y los planes actualmente vigentes no garantizan en la práctica los cuidados paliativos integrales a todos los pacientes con enfermedad avanzada, independientemente de su patología.

Los datos así lo evidencian: menos de la mitad de las personas que necesitan cuidados paliativos específicos los reciben. La dotación de recursos es insuficiente en la mayoría de los casos y claramente inaceptable en muchos otros, y esta prestación ni siquiera se contempla en muchas enfermedades incurables y progresivas.

En este escenario, la promulgación de una ley nacional de cuidados paliativos ha sido una reivindicación histórica de SECPAL para regular y garantizar un derecho que no tiene nada que ver con ideologías ni colores políticos, una demanda que nuestra sociedad científica ha hecho llegar a todos los partidos, sin que se haya materializado una respuesta efectiva hasta el momento.

Derecho universal

Pese a todo, estamos convencidos de que todas las fuerzas políticas entienden y comparten que los cuidados paliativos constituyen un derecho universal que debe ser garantizado a toda la ciudadanía, con independencia de su lugar de residencia, situación socioeconómica o condición clínica. Aunque puedan existir diferencias entre ellas respecto a las fórmulas para desarrollarlos, existe una base común sobre la que construir acuerdos.

En este sentido, consideramos que resulta fundamental avanzar hacia un consenso amplio que trascienda las posiciones partidistas y permita establecer unos mínimos compartidos que aseguren la equidad en el acceso, la calidad de la atención y la dignidad de las personas que afrontan enfermedades avanzadas o el final de su vida.

Tal y como recogemos en nuestro Decálogo para el desarrollo de los cuidados paliativos en España, consideramos que una norma estatal podría ser conveniente y oportuna, no solo para reconocer derechos, sino para garantizar su cumplimiento efectivo y armonizar las diferencias existentes entre comunidades autónomas, poniendo fin a las actuales desigualdades territoriales. Dicha ley debe estar convenientemente dotada y contemplar la prestación de cuidados paliativos en todos los niveles asistenciales, desde la Atención Primaria —garantizando que los profesionales dispongan de una adecuada formación y del tiempo necesario para dar respuesta a las necesidades paliativas— hasta los equipos especializados de cuidados paliativos para situaciones que, por su complejidad, requieren intervenciones específicas.

Morir con dignidad

Desde SECPAL insistimos en que no es posible hablar de una atención digna al final de la vida mientras no se garantice que todas las personas puedan decidir dónde, cómo y junto a quién desean vivir el proceso de morir, y no únicamente el día el que quieren hacerlo. Porque el derecho a morir con dignidad requiere un abordaje integral que atienda en esta etapa todas las dimensiones de la persona: física, psicológica, espiritual y social. Solo así podrá alcanzarse un verdadero «buen morir». En consecuencia, aseguraruna muerte digna pasa indiscutiblemente por garantizar el acceso universal a cuidados paliativos.