La comparecencia del consejero de Sanidad de Castilla y León de Castilla y León, Antonio María Sáez Aguado, no por esperada ha sido menos decepcionante, por cuanto no aporta ningún dato que haga suponer que en esta próxima legislatura la Sanidad como tal, los pacientes o los profesionales van a ver ninguna mejora.
Su primer párrafo ofreciendo diálogo es una entelequia si tenemos en cuenta que el diálogo que ha protagonizado en estos últimos cuatro años ha sido inexistente y que su política ha sido un homenaje al oscurantismo y a las políticas de hechos consumados, pese a que hace cuatro años hizo esta misma oferta.
Comienza anunciando cambios en la estructura que no son sino cambios cosméticos en su conjunto. Por ejemplo, cambiar el nombre de Recursos Humanos a Profesionales para reconocer a éstos su papel no deja de ser algo que no pasará del papel en que se escribe el discurso del consejero. Y los nuevos responsables no tienen otro objetivo que implantar el capricho personal del consejero, que sus predecesores, con buen criterio, impidieron.
El compromiso con la Sanidad pública, universal y gratuita, modelo de éxito vigente en nuestro país hasta el comienzo de la legislatura del Partido Popular, es, asimismo, un engaño hecho por quien se precia de haber conseguido un acuerdo con colegios, sociedades científicas y sindicatos profesionales que posteriormente no pierden ocasión de abjurar de su firma por cuanto el consejero ha aprovechado la misma para justificar las modificaciones y recortes producidos, en nombre de ese compromiso por la Sanidad pública” y de “la sostenibilidad, eficacia y eficiencia del Sistema”.
La Sanidad pública ha visto seriamente deteriorada su calidad debido a los recortes materiales, económicos y humanos, concretados en amortizaciones de plazas, incrementos de copagos y nuevos copagos, cuando no exclusiones de la financiación pública de medicamentos, ortesis, prótesis, desplazamientos… Y es cierto que los ciudadanos siguen valorando la Sanidad pública que tienen, pero porque son conscientes del esfuerzo que los profesionales están llevando a cabo para paliar de alguna manera las actuaciones de los responsables de la Comunidad.
Anuncia la presentación del IV Plan de Salud de Castilla y León, que ya formaba parte del programa de su legislatura anterior y, por tanto, es un incumplimiento del mismo, para pasar posteriormente a una programación de salud pública basada en proyectos que también se anunciaron en 2011 y que, por lo tanto, también forman parte de los incumplimientos de la VIII legislatura. Cierto es que incluye en esta ocasión una novedad, como es la vacuna de la varicela, decisión más política que científica, y sorprende, por consiguiente, que no haya hecho referencia al tratamiento de los enfermos de hepatitis C, abandonados a su suerte hasta que la proximidad electoral los ha puesto en primera línea, y que en este programa de Gobierno deberían figurar por motivos más científicos que políticos.
El nuevo papel de los profesionales es una nueva deformación del lenguaje para referirse a su proyecto particular, que son las unidades de gestión clínica (UGC), las que supusieron el cese del anterior gerente regional de Salud por su falta de implicación y el nombramiento del nuevo, que permitió el funcionamiento de la ilegal Unidad de Salud Mental de Zamora y que, por lo tanto, tiene visado de calidad para cumplir con los deseos del consejero en esta materia. No dice la verdad, por supuesto, cuando habla de mayor autonomía de cada profesional a la hora de organizar su propio trabajo. Primero, porque no será así, y segundo, porque si con un funcionamiento vertical y centrado en normas que, según su criterio, no hace eficiente el sistema, él reconoce que cada uno trabaja según su superior criterio, nada indica que aplicando esa autonomía de gestión ya consagrada el resultado vaya a ser mejor.
Al mismo tiempo, los términos en los que se refiere a este asunto son una falta de respeto a los profesionales, por cuanto les está acusando de falta de compromiso con los pacientes y con la organización, algo desmentido por los propios pacientes con esa valoración que dan a la Sanidad pública cada año, y por esos mismos resultados que con tanto énfasis exhibe cada vez que se le pone un micrófono delante, sea para la prensa o para sus intervenciones parlamentarias.
Falta a la verdad cuando sugiere que esas ratios de médicos y enfermeras en Atención Primaria significan una mayor y mejor cobertura, porque vuelve a ocultar que si existe ese mayor número de médicos y enfermeras es porque la población de Castilla y León es una población más envejecida y dispersa que la de otras comunidades. Y su respuesta ha sido recortar recursos que le permiten seguir blandiendo la bandera de las ratios, pese a la disminución de calidad asistencial a los usuarios y al sobreesfuerzo de los profesionales para que esa disminución sea lo menos perceptible posible.
Promete la mejora de las condiciones laborales de los profesionales, pero la condiciona a las normativas estatales, lo que es lo mismo que no decir nada. Y nada dice de aquellas mejoras que son competencia única de su Consejería y no necesitan de normas estatales. Pero, como siempre, le resulta muy cómodo echar la culpa a Madrid y a Rodríguez Zapatero. A quien sea, menos reconocer sus incumplimientos. Y es fácil esa mejora, porque se basa en devolver lo que se ha hurtado a los profesionales de Sacyl, en dinero y en días de permiso, y empezar por devolver la jornada y evitar que gran parte de los profesionales de Sacyl, que no son 37.000, sino unos cuanto miles menos, tengan que realizar 16 días de trabajo más que sus compañeros por un mero capricho suyo, que ha hecho bandera del maltrato a sus trabajadores.
Y en cuanto al reconocimiento y las expectativas de desarrollo profesional, lo tiene todavía más fácil, porque se trata únicamente de retomar las convocatorias de Carrera Profesional, cuyas condiciones para conseguir alcanzar cada grado son suficientemente estrictas como para garantizar la competencia y calidad de quienes las superan y, por lo tanto, también la competencia y calidad del servicio de salud en el que cumplen su desempeño de manera estable. Pretende ahora nuevos acuerdos con sociedades científicas y colegios profesionales para modificar la Carrera Profesional, tal vez ignorando que los duros requisitos actuales son fruto precisamente de esas sociedades científicas y colegios profesionales.
Sin embargo, este consejero pretende que el reconocimiento, las expectativas de desarrollo y la incentivación recaigan sólo en quienes se adhieran a sus caprichosas unidades de gestión clínica, sobre las que tanto empeño injustificado hace sospechar que se traten de su puerta giratoria, preparando su salida privatizada, pero pagada con dinero público.
No parece muy lógico destinar fondos para incentivar a quienes se integren en estas unidades cuando todavía no se ha devuelto a todos los profesionales lo que se les quitó, y cuando se siguen adeudando más de 10 millones de euros a quienes realizan atención continuada. Eso sí sería demostrar respeto y reconocimiento a unos profesionales que viven ahogados por los recortes de sus condiciones laborales y económicas.
Vuelve el consejero a faltar a la verdad cuando presume de sacar más de 1.000 plazas a oposición en este año, sin concretar que muchas de ellas vienen pendientes de convocatorias anteriores, y vuelve a disfrazar la realidad cuando pretende hacer creer que las más de 5.000 plazas en concurso son plazas nuevas, y no plazas ya ocupadas por profesionales fijos. Y hablando de concursos, anuncia que se restringirá el concurso abierto y permanente a algunas categorías, sin especificar cuáles, cuando el concurso abierto y permanente era, en origen, para todas las categorías.
Su programa de reconocimiento de los mejores residentes ya ha sido denunciado por CCOO en varias ocasiones, ya que supone contrataciones no sujetas a más criterio que el capricho de quien las realiza, sin ningún tipo de control, fuera de plantilla, evidentemente, y sin funciones asistenciales, lo que no supone ningún beneficio, ni para esos trabajadores ni para la asistencia a los usuarios. Su pretensión de incrementar este tipo de contrataciones es una muestra más de desprecio hacia las normas que deben regir las actuaciones de un cargo político con una responsabilidad como la suya.
Promover la mayor profesionalización de los directivos sanitarios tampoco parece la solución más acertada para mejorar ni la gestión ni la implicación de los profesionales. De todos es sabido que los médicos gestores mantienen actitudes adversas a la gestión, y tal vez lo que se necesite sea que los gestores se acerquen a conocer cuál es la realidad asistencial, de manera que profesionalizar la gestión sin conocer la realidad asistencial sólo servirá para crear peor ambiente laboral, al verse obligados los profesionales asistenciales a cumplir con algo que en la mayoría de los casos sólo va a tener resultados de empresa, pero no sanitarios ni en salud.
A repetición e incumplimiento suena volver a presentar, como hace cuatro años, planes de progresiva continuidad asistencial entre niveles, plan de mejora de la Atención Primaria, con mayor capacidad resolutiva, dotación de ecógrafos, atención a crónicos, a dependientes, historia clínica compartida, integración de gerencias, compra centralizada, unidades de convalecencia sociosanitaria (otro copago)… Sí suena a novedad la referencia a la cartera de servicios del Centro de Hemoterapia y Hemodonación, que esperamos que signifique que finalmente, y como ha pedido tantas veces CCOO, este centro sea integrado en la Gerencia Regional de Salud. Esta integración, de una vez por todas, compensaría mínimamente la lamentable actuación de la Gerencia Regional de Salud al no haberlo hecho antes, impidiendo la estatutarización de su plantilla y su acceso a la Carrera Profesional.
También suena a repetitivo y a incumplimiento hablar de infraestructuras y referirse a las obras de los hospitales de Salamanca, Valladolid, Soria, Palencia y Aranda de Duero, o las obras en centros de salud, o la cooperación con los ayuntamientos, la mejora de la dotación y las medidas de sostenibilidad y eficiencia energética.
Lo mismo que hablar de innovación para referirse, como hace cuatro años, a sistemas de información sanitaria, receta electrónica, historia clínica electrónica o lo que llama anillo radiológico. No hay duda de que sería algo importante cuando, en estos momentos, desde la Atención Primaria no se tiene acceso a prácticamente ninguna prueba hecha en el hospital y, por supuesto, tampoco a la historia del paciente en el hospital, principalmente porque los especialistas siguen utilizando la historia en papel y no una historia electrónica, y ello pese a que hace cuatro años anunció que era la legislatura en la que desaparecería el papel en beneficio del archivo informático.
Innovación no es un programa informático de control de la jornada que no es capaz de distinguir entre ausencias por vacaciones y permisos y ausencias sin motivos, de manera que finalmente los profesionales acaben debiendo horas que hay que terminar reclamando y justificando a mano. No es innovación la cantidad de programas informáticos que son incompatibles entre sí y que generan más inconvenientes que ventajas, aunque es cierto que permiten interpretaciones perjudiciales siempre para los trabajadores.
Finalmente, tampoco sirve de mucho disfrazar los nombres de las cosas, y pasar de llamar listas de espera a llamar demora no hará que las listas de espera disminuyan. Anunciar un Plan de Reducción de Demoras significa que no se va a intentar acabar con las listas de espera, sino que se va a hacer un programa para gestionarlas de otra manera, sin que sepamos si finalmente se incluirán las listas B u otro tipo de disfraz de las verdaderas cifras.
En conclusión, una comparecencia que parece un copia y pega de la presentación de su programa de Gobierno anterior, que no aporta ningún indicio de mejora para los profesionales de Sacyl, ni para los usuarios en general, y en la que, pese a su inicial oferta de diálogo, finaliza con la crítica a quienes no comparten su posición, a quienes parece minusvalorar porque, en vez de tener responsabilidades de Gobierno, las tienen para controlar los excesos de quien gobierna a sus anchas. Una comparecencia en que se ofrece diálogo, pero éste se limita a pedir sumisión, sin acuerdos que excedan sus intenciones originales.
Acusar de inmovilismo a los demás, no siendo capaz de superar sus propios caprichos en nombre de la verdadera mejora, no parece la mejor carta de presentación para poder liderar una mejora. Tal vez este consejero, que ha incumplido prácticamente todo su programa de la legislatura anterior, más que pasión por la Sanidad lo que tenga sea pasión por sus propios intereses.
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