Para los ciudadanos de esta Comunidad, el segundo tema de interés y preocupación es la Sanidad, después del trabajo, asunto que más preocupa según el último barómetro de 2017; por lo tanto, no se puede decir que exista desafección por la Sanidad en Castilla y León.
Pregunta la encuesta de satisfacción: “¿Está Ud. satisfecho/a o insatisfecho/a con el modo en que el sistema sanitario público funciona en España?”. En esta Comunidad se valora con un 7,07 el Sistema Nacional de Salud, no específicamente el de nuestra región, pero se puede extrapolar a Castilla y León, sobre todo por la valoración que la ciudadanía hace de sus profesionales (7,73); no existen preguntas sobre la valoración de la gestión de la Sanidad, pero los ciudadanos muestran su disconformidad con las citas de Atención Primaria (el 87,1% de las citas se dan entre uno y tres días después, nunca en el día de la solicitud) y para especialistas (sólo al 20,2 %de los ciudadanos se cita antes de un mes).
Tampoco se puede sacar pecho de la lista de espera, con 26.000 personas en la misma, vulnerando la Carta Europea de los Derechos de los Pacientes, donde el séptimo punto afirma que todo individuo “tiene derecho a recibir el tratamiento necesario en un periodo de tiempo predeterminado y rápido”, teniendo Castilla y León una media de 80 días, según el último Sistema de Información Sobre Listas de Espera en el Sistema Nacional de Salud (junio 2017). En el país de los ciegos no se puede estar orgulloso de ser el tuerto, y menos con la salud de las personas, sin tener en cuenta que Salamanca sobrepasa ampliamente esa media, hasta llegar a los 112 días.
Los contratos precarios de profesionales están acreditados, según datos publicados en los medios. El 73% de los contratos en Atención Primaria durante el primer trimestre son de uno y dos días.
Los procesos de curación de patologías cada vez son menos invasivos y necesitan menor hospitalización, siendo la ocupación de camas cada vez menor, pero no debemos olvidar que Salamanca tiene una de las peores medias de cama/habitante (323 habitantes/cama), frente a las 258 personas por cama en Castilla y León, con unas listas de espera de las más grandes del país, por lo que es ilógica, en este momento, la disminución de camas; más bien al contrario, habría que aumentar el rendimiento de quirófanos y emplear las camas para eliminar la lista de espera quirúrgica.
Es verdad que Castilla y León tiene una de las menores derivaciones de procesos a la Sanidad privada, pero ni siquiera esos millones de euros (más de 2 millones de euros en 2017 y 700.000 en lo que va de 2018, sólo en Salamanca) deberían salir de las arcas públicas a la privada, sino invertirlos en nuestros hospitales, aumentando plantillas y optimizando rendimientos de los quirófanos.
La línea fría es una opción para las cocinas, pero su coste es mucho mayor –5,3 millones de euros– que el de una cocina tradicional –1,8 millones de euros– y cumpliendo la normativa con igualdad de seguridad alimentaria. Seguramente que la calidad y presentación sean mejores en la cocina tradicional, y se mantienen los puestos de trabajo.
Es verdad que un hospital no es especialista en todos los servicios extrasanitarios, como lavandería, limpieza, archivos, etc., pero los puede prestar igualmente como cualquier otra empresa, resultando más baratos y realizando un control sobre el servicio directamente; es lamentable cómo llega la ropa rota, sucia y sin planchar, mientras la concesionaria permanece impune.
Cada cual que vea las cifras como quiera; la realidad del que sufre, por desgracia, una enfermedad, es el calvario de listas de espera para consultas, pruebas diagnósticas e intervenciones quirúrgicas. Ojalá dejemos de hablar algún día de esto.
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