Ante la llegada en las últimas semanas de un elevado número de niños, niñas y adolescentes sin referente familiar a la Ciudad Autónoma de Ceuta, desde la Asociación Española de Pediatría (AEP) y la Sociedad Española de Pediatría Social (SEPS) expresamos nuestra preocupación por la situación de especial vulnerabilidad en la que se encuentran estos menores. Consideramos necesario recordar que su protección debe constituir una prioridad absoluta en cualquier actuación pública.
En este contexto, creemos imprescindible que todas las actuaciones se rijan por el principio del interés superior del menor, reconocido por la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas y por la legislación española, garantizando en todo momento la protección de su salud, su bienestar y su desarrollo.
La evidencia científica demuestra que experiencias como el desplazamiento forzoso, la separación familiar, la incertidumbre o la exposición a situaciones traumáticas pueden tener consecuencias duraderas sobre la salud física, la salud mental y el desarrollo de niños y adolescentes. Por ello, la respuesta institucional no debe limitarse a atender las necesidades más inmediatas, sino que debe asegurar entornos seguros, estables y protectores que favorezcan su recuperación y desarrollo integral.
La pediatría entiende la salud infantil desde una perspectiva integral, en la que el bienestar físico, emocional y social forman parte inseparable del derecho de todos los niños a crecer en entornos protectores y libres de violencia, abandono o desamparo.
La infancia en situación de movilidad, un colectivo especialmente vulnerable
Los niños, niñas y adolescentes que llegan solos a nuestro país son, ante todo, menores de edad con los mismos derechos que cualquier otro niño. Su condición administrativa o migratoria no puede condicionar el acceso a la protección, la atención sanitaria, la educación o el acompañamiento que necesitan. La infancia no puede convertirse, en ninguna circunstancia, en un daño colateral ni quedar subordinada a intereses ajenos a su protección.
Por todo ello, desde la Asociación Española de Pediatría y la Sociedad Española de Pediatría Social consideramos prioritario:
- Garantizar una acogida inmediata, digna y adaptada a las necesidades de la infancia, de modo que ningún niño, niña o adolescente permanezca sin un alojamiento seguro, alimentación adecuada, condiciones higiénicas apropiadas o atención especializada.
- Realizar una evaluación individualizada de cada menor, respetando escrupulosamente las garantías legales en materia de protección, determinación de la edad y acceso al procedimiento de asilo cuando corresponda.
- Asegurar una atención sanitaria integral, que incluya tanto la atención a la salud física como el acceso a recursos de salud mental. Muchos de estos menores han vivido experiencias potencialmente traumáticas antes, durante o después del proceso migratorio y requieren una valoración específica y un acompañamiento continuado.
- Reforzar la coordinación y la corresponsabilidad entre todas las administraciones públicas, favoreciendo una respuesta solidaria que permita distribuir adecuadamente los recursos de acogida y garantizar una atención de calidad a todos los menores, con independencia del territorio en el que se encuentren.
La forma en que una sociedad protege a los niños y adolescentes más vulnerables constituye uno de los mejores indicadores de su compromiso con los derechos humanos, la equidad y la salud pública. Invertir en su protección, en su bienestar y en su desarrollo no solo responde a una obligación legal y ética, sino que representa una inversión en el futuro de toda la sociedad.
Ante la situación que atraviesa Ceuta, hacemos un llamamiento a todas las administraciones competentes para que actúen con la máxima diligencia, coordinación y responsabilidad, situando siempre en el centro el interés superior del menor y garantizando respuestas basadas en la protección de la infancia. Proteger a los niños, niñas y adolescentes sin referente familiar no es una opción política; es un deber legal, ético y humano.
Ambas entidades consideramos igualmente inaceptable que los niños, niñas y adolescentes puedan verse instrumentalizados o utilizados como elemento de presión o de negociación en cualquier circunstancia. El interés superior del menor y la protección de sus derechos deben prevalecer siempre sobre cualquier otra consideración.
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