Esto ha ocasionado un gran perjuicio a más de 20.000 personas que tenían todas sus expectativas laborales en estas oposiciones.
En la actual situación de desempleo que padece nuestro país, muchas personas recurren a las oposiciones como única posibilidad de conseguir un puesto de trabajo estable, sobre todo viendo lo desalentador que es acceder y sobrevivir en el sector privado.
Invierten los pocos ahorros que tienen en viajes y hoteles. Pagan tasas para tener derecho a examen, en algunos casos exageradas, y muchas de ellas han renunciado a sustituciones para prepararse mejor la oposición. Saben que, aunque aprueben, pueden quedarse fuera, al no tener suficientes puntos para acceder a una plaza, pues el sistema beneficia a los interinos por su experiencia laboral. Aunque esto puede constituir un factor desmotivador, también saben que sin oposición no tienen posibilidades de hacer sustituciones, y si no trabajan, no cogen experiencia. Complicada situación.
Pero también es duro para todos los interinos y sustitutos, que llevan tiempo trabajando en precarias condiciones, preparar las oposiciones año tras año, con los inconvenientes de tener que adaptarse a los constantes vaivenes y cambios legislativos en materia sanitaria provocados por los diferentes gobiernos y cambios de Consejerías. Ilusiones, esperanzas, nervios, repasos de última hora y muchas horas de estudio y esfuerzo para jugárselo en unas pruebas donde saben que una oposición no depende solo de su talento o inteligencia, sino de otros factores, como el incremento de opositores o la suerte.
Pero ahora, desgraciadamente, también tenemos que añadir la incompetencia de la Administración autonómica y la falta de coordinación con el Gobierno central, que ha provocado este esperpéntico espectáculo, al que ya nos tienen acostumbrados, pues desde que se transfirieron las competencias en materia sanitaria a la Comunidad son varios los procesos judiciales que hemos padecido con las oposiciones que convoca la Junta.
Si el propio consejero de Sanidad ha admitido que la orden dictada en abril por su Consejería no respetó el plazo de tres años que marca la ley, es el momento de depurar responsabilidades y reparar el daño moral y económico que han ocasionado decisiones tan irresponsables. Ya llueve sobre mojado con la incompetencia, en diferentes asuntos, de los responsables de esta Consejería.
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